Cuando hablamos de medio ambiente casi siempre pensamos en actividades económicas que implican la degradación ambiental. Actividades que desde luego son realizadas por los seres humanos por diversos intereses.
Sin duda algunas grandes industrias y/o empresas son causante de la contaminación atmosférica y del agua ya que generan una gran cantidad de residuos y sustancias tóxicas que consumen gran parte de los recursos naturales.
Durante años esta misma práctica ha sido realizada por diferentes personas que lo han llamado de diversas maneras, y la más reciente es “desarrollo”.
Entendamos por desarrollo como sinónimo de evolución y se refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, individuo u objeto determinado.
El ser humano ha generado que la sociedad se desarrolle en cuanto a infraestructuras y tecnologías, sin importar muchas veces como esta evolución perjudica ambientalmente.
Caso específico son las construcciones y desarrollo de complejos habitacionales que no cumplen con los permisos y términos ambientales; términos que las empresas constructoras conocen desde hace muchos años atrás.
En el año 2006, por ejemplo, Inversiones e Inmobiliarias Fénix S.A de C.V. obtuvo un permiso de construcción para el desarrollo de un complejo habitacional en el departamento de Sonsonate conocido como “Residencial Acrópolis”.
Pero fue hasta el año 2017 que la empresa Fénix comenzó la construcción, acción que ha desencadenado un descontento por parte de las comunidades, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y hasta del ahora Ministerio de Cultura.
Los propietarios de la empresa están enfrentados. Y la situación ha llegado cobrar interés nacional, por lo que la Asamblea Legislativa creó una comisión especial para investigar este caso.
La comunidad afirma que la construcción de esta residencial afecta y contamina el río Las Cenizas que beneficia a los habitantes de la zona, a lo cual la empresa Fénix responde que el río ya está contaminado y no existe ningún problema.
Para el MARN, el permiso ya está vencido y la empresa ha cambiado los planos, además los permiso fueron otorgados para una urbanización y no para una residencial; no obstante, Inmobiliaria Fénix afirma que ese solo es un juego de palabras y que no se ha modificado nada en los planes y que lo que sucedió es que la empresa cambió de propietarios.
El Ministerio de Cultura, por su parte, dice que el terreno cuenta con vestigios arqueológicos; por lo tanto, no se puede construir. Pero la empresa argumenta que realizó 120 pozos de sondeo y no encontraron hallazgos arqueológicos.
Con todo este escenario, la Asamblea legislativa creó una comisión especial y sale “al rescate” de la situación y realiza visitas y entrevistas in situ para tener una mejor visión del problema. Además, citó a representantes de las partes involucradas.
Tantas vueltas, tantos mitos, tantas supuestas verdades. Pero al final lo que las comunidades pueden hacer por la vía legal es muy poco. Tampoco el MARN puede hacer mucho porque al parecer no se puede impedir de manera abrupta el proyecto habitacional. Puede multar, justificar su postura y dar aviso a la Fiscalía; mientras que Cultura no puede hacer mucho pues depende de otras instituciones del Estado.
El Salvador tiene un serio problema con el accionar de las instituciones gubernamentales porque es poco lo que pueden realizar ante situaciones como la planteada.
Realmente los seres humanos, las instituciones del Estado, nuestros diputados, padres y madres de familia, nosotros ¿que defendemos? ¿Defendemos el medio ambiente?
No defendemos el medio ambiente, no defendemos nuestros recursos naturales, pero sí defendemos el interés económico propio, ese “color verde» ese que tanto gusta impreso.
El desarrollo urbanístico de la residencial acrópolis Sonsonate está detenido actualmente pero tiene más de 50% de la obra ya construida y está en manos del Estado decidir lo correcto.