La progresiva degradación hídrico-ambiental en El Salvador y las deficiencias que padece la gestión del recurso hídrico, imponen al Estado la obligación de brindar oportunas y eficaces respuestas, entre estas la creación de un marco regulatorio integral que armonice con la consideración del acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil y otros sectores del país han venido por años luchando y requiriendo a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley que regule el recurso hídrico de manera integral; sin embargo, hasta esta fecha no se ha logrado un consenso entre las fracciones legislativas que posibilite brindar una respuesta a esa demandas. Situación lamentable que ha perdurado por más de una década.
El 8 de febrero de 2006 organizaciones impulsoras de una campaña denominada “El agua es nuestra” presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para la regulación del agua con fines de consumo humano, particularmente la regulación del agua potable y el saneamiento, la cual recibió la moción de algunos parlamentarios.
Posteriormente, el 31 de marzo de 2011 ingresó otro proyecto impulsado por el Foro Nacional del Derecho y Sustentabilidad del Agua. Un año después el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales (MARN) presentó un anteproyecto de Ley General de Aguas, respecto del cual, sus promotores afirmaron haber sido construido atendiendo los aportes de diversos sectores de la sociedad. En el año 2013 fueron presentadas dos propuestas más, una trabajada por una Asociación de Regantes denominada proyecto de Ley sobre Gestión Integral de Los recursos Hídricos y una nueva propuesta del “Foro del Agua” –espacio que aglutina a diferentes organizaciones sociales vinculadas al tema hídrico- denominado Proyecto General de Aguas.
Uno de los aspectos que han estancado el avance de la aprobación en sede legislativa ha sido lo referente a la definición del marco institucional, y más concretamente, la discusión sobre quienes deben integrar el ente rector del recurso hídrico, el cual estaría dotado de amplias competencias en la materia.
El 14 de junio del presente año un grupo de parlamentarios presentó el anteproyecto de Ley Integral de Aguas, el cual generó mucha preocupación en esta Institución, y que debido a la alta cuota de participación que en el mismo se establecía en favor de un sector de la empresa privada, en menoscabo de otros sectores, fue rechazado por organizaciones sociales.
Como Procuradora me he pronunciado enérgicamente a favor de un ente rector público en sintonía con la lógica de su carácter de derecho humano, la importancia de su priorización y la urgencia del marco legal.
En ese sentido, acompañé una propuesta de articulado que se refiere al ente que debe constituirse autoridad de la gestión del recurso hídrico, diseñada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que establece de manera clara el carácter público de dicho organismo y una amplia participación de diversos sectores. Esta propuesta suma al debate, y que como todas, debe ser sometida a discusión seria, receptora de aportes de los diferentes sectores, de forma tal que propicie un esquema organizativo, que por una parte sea efectivo en la gestión, pero además que no implique en modo alguno la renuncia del Estado como responsable de la garantía del agua como derecho humano, y que posibilite una real contraloría por parte de los diferentes sectores de la sociedad.