Nunca he sido amiga de los cuerpos uniformados; tengo un bloqueo personal muy fuerte, quizá desde la época en que catearon mi casa, aunque tan solo tenía 3 años, pero las imágenes fueron tan impresionantes que se han quedado en mi mente por años: botas, uniformes, gritos, órdenes, llantos y gente en el piso –mis padres-. ¿Su pecado? Ninguno. La verdad es que se equivocaron de dirección.
Para nadie es desconocido que para ser militar al menos en las décadas de su dictadura, ser inteligente no era uno de las virtudes que se valorara para ingresar a ese cuerpo; bastaba con físico fuerte y total desconocimiento de los derechos humanos. Con esas cualidades, el equipo se equivocó de número de casa y lamentablemente mi padre estudiaba Derecho en la Universidad El Salvador, suficiente razón para asesinarlo sin más en medio de su casa y frente a su esposa embarazada y su hija.
Pero hubo un giro del destino y el jefe del equipo tomó la decisión de no cometer esa noche un crimen (otro día les contaré esto con detalle).
Aclarado ese punto, paso a lo siguiente: Soy muy sensible y me tomo muy a pecho las impertinentes apariciones del general Munguía Payes en actividades civiles, como fue el desafuero del ex embajador Benítez, así como esas horrorosas conferencias que ha dado junto a todo su Estado Mayor, trayendo a mi memoria y a la del colectivo esa conferencias de COPREFA, Comité de Prensa de la Fuerza Armada de El Salvador.
Parece que al señor Munguía se le olvida que presentarse en la Asamblea Legislativa mientras se lleva un trámite que debería ser considerado de rutina “desaforar un funcionario”, y que no debía pasar sin mayor traumatismo en una sociedad democrática, es visto como un intento de presión e interferencia de un cuerpo uniformado al que por los Acuerdos de Paz se le delimitó claramente sus funciones: cuidar la seguridad nacional o tratar de amedrentar a los civiles en ese poder del Estado, por querer defender a uno de los suyos.
No hay que ser un vidente ni un gran politólogo para tener claro que tras ese desafuero están los “gringos”. La embajada en El Salvador de ese país le retiró a su familia las visas y se escuchan cualquier cantidad de rumores desde la venta ilegal de armas, la explosión del polvorín como también los rumores de armas perdidas que fueron a parar a cárteles de la droga en México. Muchos rumores se han soltado; lo cierto es que es solo en los tribunales donde el ex embajador deberá mostrar sus pruebas y también Fiscalía.
¿Por qué se resiste tanto el general en permitir que funcionen las instituciones? Es algo que no voy a comprender, así como tampoco entiendo por qué seguimos manteniendo esa institución que drena nuestros recursos y que mantiene homenajes a los asesinos como es el caso de Domingo Monterrosa señalado como el que dirigió una de las peores masacres de Latinoamérica, “El Mozote”, donde se exterminaron bebés, niñas, niños, mujeres y adultos mayores con toda la crueldad del mundo y el cual se mantiene en total impunidad. Una institución que sigue sin decirnos dónde están las niñas y niños secuestrados durante operativos militares.
Nadie ha dicho que el ex embajador es culpable, al menos no en este país. Fiscalía solo manifiesta que tiene altas posibilidades de demostrar su participación en hechos que pueden ser constitutivos de delitos, pero eso habrá que verse porque los casos se ganan en los tribunales y no en los medios de comunicación.
Sí, tengo un enorme sesgo con los cuerpos uniformados, pero mayor es la ceguera de los que se han puesto a defender una institución que aparentemente estaba cumpliendo los Acuerdos de Paz aunque solo en el punto de la no participación política, porque el cambio de doctrina nunca se dio y la colaboración para esclarecer los crímenes cometidos contra los civiles es un punto que sigue en el limbo y no tienen ni una pizca de heroísmo -por mencionar un par de casos como la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en la UCA, así como la masacre de El Calabozo, El Sumpul y otro sin número de crímenes donde los muertos los pusimos la sociedad civil- y cuyos autores intelectuales y jefes materiales andan huyendo de la justicia o se pasean como analistas en programas de opinión a estas alturas de la vida negando estos casos a piedra y lodo, creyendo que al repetir esas mentiras y sus canas adornando sus cabezas nos harán dudar o dejar de luchar por justicia ¡Están tan equivocados!.
Desaforar un funcionario no debería ser un hecho que traumatice a nuestra sociedad, más bien debe ser un acto ordinario en el ejercicio de la institucionalidad y de las funciones que tiene Fiscalía.
Que un militar sea señalado no debería generar discursos desgarradores de defensa bobina y encarnizadas, más bien nos debería de alegrar que finalmente las cosas están cambiando y que ahora los intocables son tocables.