Aprovecho las circunstancias que han rodeado el caso de la activista y defensora Wendy Morales, quien actualmente está siendo procesada por el delito de extorsión, ya que su anterior número de celular ha sido vinculado a este delito en un caso en la zona del oriente del país, y que hace unos días le fue otorgada la libertada bajo medidas sustitutivas, gracias a la tremenda presión y expresiones de solidaridad que cientos de personas que la conocen han hecho a nivel nacional e internacional.
No cabe duda que las muestras de solidaridad para con Wendy han sido muchas; personalmente desde mi cuenta en twitter, sin conocerla, he retuiteado cada tuit sobre ella y dado seguimiento a su audiencia.
Pero es importante reflexionar que el caso de Wendy no es una cosa excepcional. Es algo que sucede más seguido de lo que uno podría imaginarse, en este país donde los últimos censos establecen que hay alrededor de tres celulares por persona y donde a diario cientos de salvadoreños y salvadoreñas son asaltados en las calles de este país, en el transporte colectivo o en sus vehículos Miles son las historias de cuando fuiste asaltado en medio del “dulce” tráfico vehicular de este país o de la enorme impotencia que sentiste al ver un asalto frente a ti y no poder hacer absolutamente nada.
Muchos de esos robos de aparatos celulares no son reportados, no por desidia o descuido de las víctimas, como mucha gente irresponsable se ha atrevido a criticar a Wendy, la realidad es que muy a pesar que el nuevo director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto ,ciertamente ha dado nuevos brillos a la institución, todavía están muy marcadas, acentuadas y arraigadas las prácticas de mal servicio, irrespeto y falta de empatía con las víctimas.
De hecho, con las reciente políticas de planes de seguridad muy al estilo “manodurismo” del pasado se han elevado las denuncias por abusos tanto de la PNC como de la Fuerza Armada contra la población, siendo mayoritariamente hombres jóvenes quienes son violentados en sus derechos humanos en la mayoría de casos por residir en ciertas zonas consideradas de alto riesgo. La criminalización de la pobreza y la juventud es un grave problema al que debe dársele seguimiento, no se puede avalar todo acto generado por cuerpos uniformados y menos aplaudir los grupos de exterminio que operan dentro de estas instituciones: Recordemos que el Estado no puede volverse criminal, no podemos volver a los verdaderos criminales víctimas del Estado.
Wendy simplemente decidió, en su momento, ahorrarse la enorme pérdida de tiempo que significa para una persona común y corriente al ir a una delegación de la PNC, ya sea porque no tenía tiempo, consideró poco relevante ir a reportar un chip o quizá decidió no ir para no recibir esa mirada poco amigable, acompañada de la cara de “otra dunda que le roban el celular” y el consabido trato de “espérese, ya la voy atender, que no ve estoy ocupado”. Y la ocupación es la lectura de algún periódico; claro esto no sucede en todas las delegaciones, pero se da en más de las que uno quisiera, siendo la excepción a la regla cuando a uno lo tratan bien.
La decisión que tomó la activista, le ha pasado la factura, pero no porque ella actuó mal, nuestro sistema está acostumbrándonos a que aquí se vea normal que arresten 100 jóvenes de una comunidad, colonia, cantón o barrio, todos en una redada por la muerte de un agente de la PNC –que es lamentable desde todo punto de vista-, se arresta por arrestar, no hay verdaderas investigaciones de las personas –cuando son pobres- e inmediatamente son tratadas como presuntos culpables brindando el peor de los tratos.
Wendy recibió ese trato, nadie la investigó, era joven, residiendo en una zona populosa y mujer con potencial perfil de la compañera de vida de algún pandillero.
Sin duda no es fácil ser joven en este país y menos cuando resides en zonas consideradas de alto riesgo, todo eso opera en tu contra aún y cuando seas una profesional y estés dedicando tu trabajo en beneficio de las clases más desprotegidas, como el caso de Wendy.
Tania es otra gran amiga, con quien estuve platicando hace unas semanas que nos pudimos reunir. Mi amiga se dedica con vocación a su trabajo, casi no tiene tiempo para reunirse con sus amistades y el poco tiempo libre que dispone lo pasa muy sabiamente con su familia. Por ello hasta entonces me pude enterar que estaba formando parte de las estadísticas de este país, pues la habían asaltado junto a su familia a punta de pistola sobre una de las calles de mayor circulación de la capital en una hora pico.
Eso no es algo que sorprenda en este país; lo que me causó tremenda indignación es que luego de ser despojados de sus celulares, los delincuentes le exigieron su cartera, obviamente en ella iban sus documentos personales, −quien le negaría su cartera a un delincuente con pistola en mano−. A una media cuadra de donde sucedió el asalto se encontró una patrulla de la PNC y denunció lo que le acababa de suceder; la patrulla se regresó pero no encontró a nadie, así que la escoltó a la delegación más cercana para que pudiera interponer su denuncia. Pero aquí viene lo bonito. Al llegar a la delegación, los agentes se rehusaron a tomarle la denuncia porque no portaba su DUI, sí cabal ese que iba en la cartera que el ladrón se llevó; esto fue un viernes, le pidieron regresara después de reponer sus documentos de identidad y entonces con gusto le tomarían la denuncia, es decir, hasta la siguiente semana.
Mi amiga tuvo que ir a sacar nuevamente sus documentos, realizar las colas respectivas y hacer los pagos de reposiciones; documento en mano fue a denunciar, aunque dice que relató todo como le sucedió, lo cierto es que a medida que los días avanzan luego de un hecho traumático como un asalto a mano armada, la mente empieza a borrar ciertos datos, quizás que considere innecesarios pero que en una investigación pueden ser determinantes, cosa que no habría pasado de haber sido tomada la denuncia en el momento que sucedieron los hechos.
Ella fue y puso su denuncia más que por ansias de justicia, porque se le agotaron la primera vez que fue, lo hizo para poder activar el seguro de la compañía que le provee el servicio de telefonía celular, quienes exigen se presente el acta de denuncia para dar trámite a la reposición del aparato y el chip. Dice haber hecho la denuncia por esa razón, de no ser necesario, quizá no la habría presentad. Y luego reflexiona: “en mi vida me han robado muchos celulares y documentos personales, unos los he reportado, otros no… el caso de Wendy me preocupa, quien sabe si de repente salga una metida en un caso que le dañe el prestigio reputacional siendo inocente”.
Los casos de Tania y Wendy no son muy diferentes, son parte del alfabeto de injusticia que nos toca arrastrar a diario en el país y que por más que las autoridades digan que están haciendo mucho, estos cambios no se sienten, ya que los asaltos siguen a la orden del día y tristemente hay delegaciones donde ciertos agentes de la PNC no están formados para atender al usuario como corresponde.
Esa política de choque a la delincuencia que se está implementando también afecta otros servicios y esto no debería ser así; los usuarios merecemos buen servicio, la sociedad y este país en su conjunto necesita que este cuerpo uniformado ponga al centro el respeto a los derechos humanos.