Recientemente he visto una férrea oposición al incremento de la tarifa de energía eléctrica por parte de algunos representantes de la extrema derecha. El “centavo” por el futuro energético de El Salvador ha abierto paso a una serie de discursos sobre injusticia. Estas personas han manifestado grave preocupación por la carga tributaria que es cada vez mayor para los ciudadanos.
Yo me opongo al incremento a la tarifa de energía eléctrica. No porque crea que no es necesaria la renovación de nuestras fuentes de energía. No estoy de acuerdo con este aumento porque afectará el bolsillo de todos y porque solo viene a sumarse a las incongruencias e injusticias de nuestra economía y sistema financiero que tienen oprimidos a los salvadoreños. Es una gota más en este vaso que ya hace tiempo rebalsó.
Además, estoy convencido de que no es posible resolver todos los problemas del país a base de impuestos. Esto frena nuestra economía, reduce nuestra competitividad y resulta especialmente contradictorio en una situación como la nuestra donde la población está asfixiada con un salario mínimo insuficiente, una rentabilidad de pensiones deplorable e intereses exorbitantes.
Pero lo que llama particularmente mi atención es la indignación que ha desatado el nuevo impuesto a la electricidad en estas personas que, al mismo tiempo, se muestran indiferentes, e incluso se oponen, a legislar contra la usura legalizada que existe en nuestro país, el aumento al salario mínimo y otros temas de gran importancia para la población.
Justamente en la pasada sesión plenaria, el mismo grupo que se quejó por la injusticia que representaba el aumento a la energía eléctrica se negó a dar sus votos para la aprobación de la reforma a la Ley de Historial Crediticio que garantiza que la información de las personas no sea utilizada por los burós de crédito sin que éstos sean multados, arriesgando con ello que estas instituciones quedaran en impunidad por seis meses más e incumpliendo una sentencia de la Sala de lo Constitucional que vence en los primeros días de agosto.
A estas personas les pregunto: ¿Por qué no les indigna que los salvadoreños ganen un salario mínimo de 251 dólares—que todos sabemos que no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica—? ¿Por qué no les indigna que, mientras la rentabilidad de las pensiones es del 2%, los intereses que les cobran a las personas sean hasta del 152% en el sector formal —sin hablar del sector informal, donde cobran intereses hasta del 1,000%—?
La situación general en nuestro país es cada vez más insostenible. La delincuencia afecta a gran parte de la población, muchos de nuestros compatriotas se ven obligados a irse porque tener una vida digna parece ser cada vez más inalcanzable. Esto se debe, en gran medida, a que muchas de las decisiones se han tomado pensando en los intereses de los grupos partidarios y no en los de las mayorías.
Me preocupa grandemente ver cómo las dos extremas de nuestro país—el poder económico tradicional y el naciente, compuesto por la otra extrema— sí son capaces de sentarse en una mesa y llegar a acuerdos cuando se trata de sus negocios, pero son incapaces de hacerlo cuando es para el bienestar de El Salvador.
Unos luchan a capa y espada por defender los intereses del sistema financiero y de algunas empresas, mientras otros toman decisiones sin pensar en las consecuencias para el bolsillo de los ciudadanos. Ejemplo de ello es que hasta nuestra banca estatal favorece intereses que no son los de la población. En lugar de que exista una sana competencia del sistema financiero, como la hay en otros países, aquí la competencia es inexistente, por lo que las personas se ven obligadas a aceptar las condiciones que el sistema impone.
La polarización política que existe en nuestro país es nuestro mayor obstáculo como nación. Estar divididos no solo ha convertido a El Salvador en un lugar inviable para vivir, sino que también nos ha alejado de ser uno de los países más competitivos de nuestra región. Para lo único que ha servido ha sido para sembrar odio en el corazón de los salvadoreños.
Ya es momento de que dejemos de unificar izquierdas y derechas y comencemos a trabajar por unificar a nuestro país. Tomemos los buenos ejemplos de otros países e imitémoslos. Tomemos decisiones pensando en el beneficio de la población y no de la imagen política. Dejemos tanto tecnicismo y tanta burocracia a un lado y ocupemos el sentido común. Recordemos a quiénes representamos en la Asamblea Legislativa y actuemos en consecuencia.
Le pido a Dios que algún día El Salvador pueda ser guiado por gobernantes que tengan la voluntad de trabajar con visión de nación y que podamos ver un país más justo y unificado. Mientras tanto, continuaré haciendo mi parte a fin de lograrlo.