Se ha cumplido el segundo aniversario de gestión del actual gobierno o para muchos siete años de continuidad del FMLN en el Ejecutivo. Ciertamente evidenciando algunas particularidades; mientras el período de Mauricio Funes se caracterizó por la omnipresencia presidencial, Sánchez Cerén desplazó el individualismo por el colectivo y promulgó la posibilidad de hacer un gobierno dialogante e incluyente, bajo el enfoque de cuatro ejes primordiales: honradez, austeridad, eficiencia y transparencia, que incluso en algún momento de su mandato fue avalado por la oposición política y por los sectores más ortodoxos de la empresa privada.
Lamentablemente por los intereses mezquinos de carácter político y económico que siempre prevalecen, de este supuesto diálogo de búsqueda de entendimiento en temas fundamentales de país, el presidente cayó en la trampa y no solo subió al ring de la confrontación reiterativa con el entonces presidente de la ANEP, Jorge Daboub, dirigente gremial que en el marco de una agenda política partidaria ha mantenido un rol antagónico a los últimos tres gobiernos, sino también cometió el error político de contravenir públicamente algunas de las Sentencias y Resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal de actuación polémica, pero que goza de amplio respaldo de sectores no perteneciente exclusivamente a la izquierda ni derecha.
La crítica, la controversia y la confrontación cuando se da sobre la base de argumentos y diferencias legítimas e inobjetables, fortalecen la democracia, pero cuando se manifiesta por aspectos ideológicos o la descalificación per se, obstaculiza cualquier camino de entendimiento para lograr los consensos y acuerdos básicos que permita atender en serio los principales problemas del país, una situación que se ha vuelto una práctica habitual de nuestros políticos y dirigentes, y que debe ser rectificada como en esta ocasión lo ha conseguido el presidente de la República, cuando en un escenario de polarización logró consenso y respaldo para legitimar con los demás partidos políticos, las medidas y acciones en el tema de la seguridad, que en el contexto de la evaluación de los dos años de gestión, aparece en la opinión pública como uno de los principales aciertos del mandatario, mérito que involucra también al vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, de nula incidencia al inicio del gobierno, que en esta etapa ha tenido un rol acertado de apoyo y coordinación estratégica tanto en el área de seguridad como en temas de economía y diálogo político, relegando al titular de éste ramo y al señor Franzi Hato Hasbún, a quien se le ve frecuentemente en la Asamblea Legislativa, realizando tareas de lobby en favor de los intereses del partido en el gobierno.
En iguales términos hay una percepción favorable a la gestión del Ministerio de Obras Publicas, donde Gerson Martínez con una buena dosis de eficacia y transparencia, se le coloca como el funcionario mejor evaluado del gobierno, sin desmeritar la labor del encargado de la cartera de Turismo, el trabajo de la doctora Guiomar Pignato en la Secretaría de Inclusión Social y el aceptable desempeño de Ricardo Perdomo al frente de la Superintendencia del Sistema Financiero, que contrasta evidentemente con los malos resultados en otras áreas de la administración pública, que inicia desde las inocentes declaraciones del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, en relación al gobierno interino del Brasil, la difusa intencionalidad del GOES en el proyecto de reforma de las pensiones, el inadecuado manejo de la crisis del agua, el pobre desempeño de los ministerios de Medio Ambiente, Trabajo, Relaciones Exteriores y Economía, la anarquía en el sistema de Salud, y el rezago en el campo de la generación eléctrica, que afortunadamente por la caída de los precios del petróleo, su costo se ha visto disminuido en un porcentaje importante.
No obstante debe preocupar que luego de la acertada decisión del presidente Salvador Sánchez Cerén de solucionar el conflicto CEL-ENEL, que permitió recuperar las acciones de la estatal LaGeo, en propiedad de la italiana Enel Green Power, al año y medio de haber resuelto dicho litigio, no se vislumbra un plan integral ni estratégico que consolide a la geotermia como una apuesta real y sostenible, que contrarreste los impactos negativos de la dependencia energética internacional, muy por el contrario, lo que se hace con otras fuentes convencionales no solo resulta ser marginal, sino también privilegia los mismos vicios, errores y falencias, de la manera tradicional de como se han conducido en el pasado estas importantes instituciones del sector antes referido.