A dos años de trabajo del Presidente Salvador Sánchez Cerén y aunque se pretenda mostrar un panorama gris de parte de los detractores del gobierno, son evidentes los avances que se han tenido de cara a la meta de convertir a El Salvador en un país prospero, educado y seguro; donde todos y todas ejerzamos de manera plena nuestros derechos.
Es indudable que para transitar hacia un desarrollo sostenible, la educación es determinante; la apuesta de la gestión del FMLN, ha sido precisamente sentar las bases para que en El Salvador, el analfabetismo sea cosa del pasado.
El Presidente Sánchez Cerén, desde su función como Ministro de Educación, dio inicio a un nuevo enfoque de la educación; reivindicó el derecho fundamental contenido en nuestra Constitución que establece que la educación es gratuita; de tal manera que nuestros niños y niñas cualquiera que sea su estatus social, obtenga una buena educación; la gratuidad del bachillerato; los paquetes escolares, los alimentos en los centros educativos, la entrega de computadoras y la mejora y ampliación de la infraestructura escolar son elementos esenciales para contribuir a erradicar la exclusión a la que históricamente han sido sometidos los hijos e hijas de las familias con más escasos recursos económicos.
Muchos de los compromisos que el Presidente asumió en su programa de gobierno ya fueron cumplidos, tales como la creación de la Universidad Virtual, el programa de “un niño, una niña, una computadora”; la ampliación del programa del vaso de leche, -que en su mayoría se le compra a los productores locales- el mejoramiento de la infraestructura escolar, que se verá incrementada, a partir de que los más de dos mil centros escolares que están construidos en propiedad privada, motivo por el cual nunca el Estado invirtió en ellos, pasen a favor de éste; dicho proceso está en curso con la aplicación del decreto legislativo que la Asamblea Legislativa aprobó para tal efecto, por iniciativa del Ministro de Educación. Se ha alcanzado mucho, pero es necesario seguir avanzando; sin embargo, ese avance, no será posible sin la concurrencia de todos y todas; el padre y/o la madre a garantizar que sus hijos e hijas asistan a la escuela; a colaborar con los maestros y maestras para contribuir a una educación integral; y el maestro y maestra, a cambiar de mentalidad, pasar de una enseñanza de leer y escribir, sumar y restar, a una modalidad que permita graduar a jóvenes íntegros, tanto en conocimiento como en valores y principios, como lo es la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, sobre la cual existe aun resistencia a implantarse, todo ello pasa por un cambio de actitud de todos y todas.
Un pueblo saludable, es un pueblo que avanza; la implementación de una reforma integral de salud y su profundización en estos dos años, ha contribuido a que segmentos poblacionales que nunca habían tenido acceso a la salud, ahora se vean beneficiados; la territorialización de la salud a través de la creación de los equipos comunitarios, tiene como propósito no solo acercar la atención a los ciudadanos, sino pasar de un sistema de salud curativa a un sistema de salud preventiva; pero ello, al igual que en la educación, pasa por la concientización de cada persona para contribuir a esa meta. De ahí que el cambio de actitud de los servidores de la salud, es determinante para ese salto.
Nunca en la historia de nuestro país, se ha apostado tanto a mejorar la infraestructura como la atención en el sistema de salud pública; quizá, porque siempre existió la intención de los gobiernos del pasado de privatizarla; y es que no es suficiente tener buenos hospitales bien equipados, más unidades de salud, más profesionales de la salud; si no damos el salto a poner en práctica la empatía a la hora de atender a los derechohabientes; es inaceptable que el profesional de salud en su clínica privada atienda amablemente al paciente y en el hospital público, el mismo médico, atienda hasta con desprecio al usuario. Hemos aprobado ya en la Asamblea Legislativa la Ley de derechos y deberes de los pacientes; pero ese instrumento jurídico no tendrá efecto; si y solo si, los obligados a cumplir la ley cambiamos de actitud; de ahí, que para que la atención de la salud en lo público sea más eficiente, es necesario hacer cada quien lo que le toca; ya hemos ganado mucho y es que el gobierno esta priorizando en transformar el sistema de salud de nuestro país; contribuyamos pues todos y todas a hacerla realidad.
Con una población mayoritariamente joven, es indudable que el motor principal de la fuerza laboral recae en dicho segmento poblacional; la apuesta del Presidente Sánchez Cerén a este segmento poblacional ha tenido un énfasis fundamental; pero ello requiere de la cooperación de la gran empresa privada; la plena vigencia de la Ley de mi Primer Empleo que tiene como propósito dar oportunidad laboral a los jóvenes que nunca han ostentado un trabajo formal a cambio de incentivos fiscales, depende esencialmente de un compromiso decidido de la empresa privada a cumplirla; no obstante, que dicha ley no se esta haciendo efectiva, las acciones de este gobierno en apoyo a la juventud, no se detienen, y producto de la inversión mayoritariamente pública; y con la cooperación de la micro y pequeña empresa, se han creado más de 35,000 nuevos empleos, especialmente para jóvenes y mujeres.
El tema de la prevención y represión de la violencia que ha sido asumido por el Presidente Sánchez Cerén como un eje transversal en la política pública; los ejes esenciales de su implementación están contenidos en el Plan El Salvador Seguro, que no solo diagnostica las causas que generan la delincuencia, – que dicho sea de paso, nunca se había realizado un diagnostico real- si no que también recoge las múltiples ideas y propuestas de los más diversos sectores de nuestro país encaminadas a ejecutar acciones de corto, mediano y largo plazo para resolver dicho problema tan complejo; sin duda, con este plan estamos en presencia de la primera política de Estado respecto al tema de seguridad; cuya implementación no se limita a un periodo presidencial.
Desde luego, el éxito de las primeras acciones que se han implementado de conformidad al Plan El Salvador Seguro, liderado por el Presidente Sánchez Cerén, junto al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia; es evidente, el pueblo lo expresa; pero hay que darle sostenibilidad en el tiempo y para ello, es indispensable el financiamiento, para que estas acciones vayan complementadas con acciones de prevención, de tal forma, que el territorio que se vaya recuperando, debe de tenerse la capacidad para instalar la inversión necesaria para que la población asuma su sostenibilidad; esto lo sabe Arena; por ello es injustificable su negativa de no aprobar más fondos para la seguridad.
Y es que este Gobierno esta decidido a erradicar las causas que producen desigualdad y exclusión, a través de políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo.
La represión frontal del crimen; la prevención; la reinserción penitenciaria; el fortalecimiento interinstitucional de todos los actores que intervienen en el combate de la delincuencia; y desde luego la atención a las víctimas de la violencia; constituyen los ejes centrales del Plan El Salvador Seguro; de ahí que teniendo la determinación el Presidente de que El Salvador merece ser feliz y vivir en paz, la implementación de este plan no se detiene, aunque tengamos que seguir enfrentando la resistencia de los que no quieren que El Salvador progrese.
De tal forma que, en el tema de seguridad, el gobierno central esta haciendo lo que le toca, desarrollando programas de prevención –programa de empleo joven, líneas de crédito para mujeres y pequeños emprendedores, ciudad mujer, etc.-; depuración policial y penitenciaria; tecnificación policial; descongestionamiento de las cárceles; despliegue de fuerzas especiales con capacidad de reacción a escala nacional para perseguir y capturar a los criminales; recuperación de territorios; desarticulación de clicas, etc.; pero todo ese esfuerzo no es suficiente, sino hacemos cada quien lo que nos toca, la empresa privada, generar empleos con salarios dignos; el Órgano judicial, depurar a los jueces corrompidos por los delincuentes y combatir con ello la impunidad; la Fiscalía General de la República, hacer verdaderos procesos de depuración fiscal y capacitar a los fiscales para que los casos sean bien fundamentados; la Asamblea Legislativa estamos legislando para incrementar penas, crear nuevos delitos, mejorar los procedimientos de investigación; y desde luego debemos estar prestos a autorizar los recursos que sean necesarios para que las políticas tanto de represión como de prevención sean eficaces y sostenibles; las madres y/o los padres a educar bien a sus hijos; y desde luego la sociedad entera a unirnos a favor del bien para derrotar el mal.
El Salvador avanza hacia la construcción de una sociedad inclusiva con justicia social, sin corrupción e impunidad.