Se ha cumplido el primer año de gestión del segundo gobierno del FMLN, oportunidad valiosa para que con la información que se recibe de las distintas fuentes y del entorno de la realidad del rumbo del país, cada quien formule su propio juicio acerca de la actual gestión gubernamental, que lleve consigo la osadía de visualizar el destino de cuáles han sido los logros, ejes estratégicos, líneas de acción, promesas de campaña materializadas, y aquellos otros desaciertos que en toda gestión gubernamental ocurren.
Ciertamente cuando el actual mandatario tomó posesión hubo coincidencia en que los retos y desafíos a enfrentar del nuevo gobierno no solo serían muchos y nada fáciles de resolver, sino también demandarían una atención urgente, inteligente y eficaz, dado que de entrada tendría que enfrentar la crisis económica y heredar graves problemas en el orden social, ambiental y una situación fiscal complicada, en tiempos donde la deuda pública externa es creciente y el gasto social paradójicamente demanda más recursos.
En ese contexto, y al margen de los criterios de la subjetividad y el marketing político, entre los aspectos positivos insoslayables al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, está la disposición genuina que ha mostrado de trabajar de manera conjunta y articulada con todas las fuerzas vivas e intersectoriales del país, en una nueva fase de relaciones y entendimientos que permita atender tanto la situación de la armonía social, como el eterno problema del bajo crecimiento económico, en virtud de un modelo de gestión de la economía ya caduco y fracasado, basado en las inversiones golondrinas, las prebendas fiscales sectoriales y el consumo desmedido de productos chatarra, y no en uno que promueva el desarrollo sostenible de sectores productivos locales, con base en la innovación, la ciencia, la tecnología y la tecnificación del recurso humano.
Con ese modelo se posibilitaría la creación de más y mejores empleos, así como una nueva matriz de estructuras productivas polivalentes de alto valor agregado. Sin omitir que en ese intento, la Política Nacional de Emprendimiento para la micro y pequeña empresa impulsada por el gobierno, podría ser un instrumento dinamizador de la economía en estos sectores que tradicionalmente han estado excluidos.
En ese orden, en el análisis coyuntural político, la personalidad, el criterio y el pragmatismo del presidente le jugaron a su favor, no solo para bajar los niveles de confrontación estéril e inútil que mantuvo su antecesor con el sector privado, específicamente con ANEP y FUSADES, dentro del marco de una agenda política recíproca; sino también para resolver el conflicto CEL-ENEL, que le permite al Estado disponer de la administración total de los campos geotérmicos y de las ganancias derivadas de la explotación del recurso.
Y en este sentido, el mérito debe ser extensivo al presidente de la CEL, David López Villafuerte, no sólo por su buena diligencia mostrada en el arreglo comercial con Enel Green Power, que permitió recuperar las acciones de la generadora eléctrica LaGeo, empresa estatal que pudo haber pasado al sector privado al margen de la Constitución de la República, según la sentencia de la Sala de lo Constitucional en el tema de las concesiones del sector eléctrico; sino también por la unificación de una política que impulsa en CEL y las subsidiarias, orientadas a promover la eficiencia, la transparencia y el servicio social a las comunidades.
Sigue en el balance de lo más destacado, las medidas adoptadas por el MAG en el tema de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, el trabajo de Carlos Canjura, dirigiendo un ministerio con muchas dificultades presupuestarias y en medio de ciertos sectores a los que no les interesa que la educación prospere, las obras del MOP en el interior del país, el orden y la reingeniería institucional en CEPA y algunas acciones de parte de la Defensoría del Consumidor, presidida por Yanci Urbina, orientadas a frenar los abusos hacia los consumidores.
Sin duda para los intereses del gobierno, debe ser motivo de análisis exhaustivo, no sólo la frágil política comunicacional, que se manifiesta por la poca divulgación de resultados en áreas estratégicas y claves del país y que son sensibles para la población, la ausencia de información, o porque el mensaje que se emite no todo conecta con la población, sino también la impresión que se percibe de la falta de roles definidos en ciertos liderazgos del Ejecutivo, que aunque poseen muy buena retórica y exposición mediática, en la práctica se diluyen.