Casi toda mi vida he estado vinculado al ejercicio público. Hace un par de años dejé el cargo de gerente general de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia y pensé: Ya es suficiente, me retiro. Sin embargo, dos asociaciones de abogados me buscaron y me hicieron una serie de planteamientos de interés nacional para que asumiera nuevos retos de país.
Luego de tomar una decisión de llevar una vida menos ajetreada, verdaderamente fue un desafío para mí aceptar continuar, de manera humilde pero profesional, sirviendo al país desde una trinchera que es una de mis pasiones.
Es así como el Círculo de Abogados Salvadoreños y el Centro de Estudios Jurídicos me hablaron para que les acompañara como candidato. En principio ellos hablaban de la Corte Suprema de justicia, pero después de un análisis exhaustivo creí que era mejor participar desde el Consejo Nacional de la Judicatura.
Nadie puede cuestionar que la función jurisdiccional que realiza la Corte tiene una enorme relevancia porque ahí se resuelven los conflictos de intereses de particulares y del Estado con particulares, es decir, ejerce un poder más significativo.
Pero para que ese Órgano funcione se necesita que tenga ciertas herramientas. Y en ese sentido, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) cobra una importancia mayor. Es un organismo que por ley es el colaborador para la ejecución de la carrera judicial y puede ejecutar funciones, que no sean de carácter jurisdiccional, que le delegue Corte.
No obstante, no es un secreto el hecho que la Corte no tiene en cuenta en esas delegaciones al CNJ y, por el contrario, algunas funciones específicas que se le habían dado originalmente a ese Consejo se las quitó la Corte a través de una sentencia de inconstitucionalidad. Esa función básica que tenía era la de investigación denuncias de ciudadanos en contra de algunos jueces.
Antes de esa resolución, el CNJ tramitaba y realizaba el proceso de investigación, o de instrucción del procedimiento.
Es por ello que en varias ocasiones he afirmado que una de las cuestiones que amerita estudiar −conjuntamente con la sociedad civil, la comunidad jurídica y la población en general− es que algunas funciones que este momento la Corte Suprema de Justicia realiza de manera ineficaz se trasladen al CNJ.
Este es, a mi juicio, uno de los esfuerzos que se deben llevar a cabo y personalmente es uno de mis propósitos.
En mi discurso he estado hablando de la necesidad de avivar el Consejo Nacional de la Judicatura, al cual aspiro ser miembro con el apoyo de todos los abogados que consideren válidos mis planteamientos, porque a mi entender ese organismo está estacando, haciendo rutinariamente más de lo mismo y en muchas ocasiones sin ninguna eficacia para los efectos de mejorar la administración de justicia.
Todas las funciones sustantivas que el Consejo realiza están relacionadas con la selección de candidatos para la judicatura y la magistratura a la CSJ. El Consejo tiene la obligación de proponer un candidato cada vez que se eligen cinco de ellos. Pero hasta ahí, nada más.
Creo firmemente que el CNJ puede hacer mucho para que el país avance a mejores estadios de vida. Y en ese sentido, una de mis propuestas es que ese organismo sirva de mediador para que el sector justicia –CNJ, Procuraduría General, Fiscalía General, ministerio de Justicia y UTE− trabaje de forma coordinada.
Sin importar por cuál candidato voten, invito al gremio de abogados para que participe en la elección de los miembros del CNJ y así todos contribuyamos activamente a ir construyendo un mejor sistema judicial que, sin duda alguna, será un pilar fundamental de una democracia sólida que nos dará un estadio de vida más evolucionado.