Que un Fiscal General viaje, al menos 66 veces, en el avión privado de un empresario contra quien se presentó, formalmente, una acusación penal es una vergüenza nacional, un desparpajo, una auténtica perversión y la mejor muestra de que a algunos funcionarios hay que inyectarle dosis masivas de ética. Algo, o mucho, está podrido aquí. Algo está en articulo mortis.
No conozco a Luis Martínez. Sólo en una ocasión hablé con él. No tengo una sola razón para atacarlo más que con el torrente de la razón y con la ayuda de una valiente historia periodística de Héctor Silva publicada, hace pocos días, en la revista Factum, la nueva hija de ese estupendo periodista.
No creo que el Fiscal General sea el profeta de la inmoralidad. Pero lo que hizo es muy grave. Me huele a carnicería moral. Me cuesta creer que un funcionario de ese nivel no mida las consecuencias éticas, y hasta estéticas, por el uso de ese avión. Tampoco podría pensar que Luis Martínez crea que está por encima de la ley o sobre el orden moral. Si así fuera, sólo sería un oportunista cínico.
Volar 66 veces en un lujoso avión privado propiedad de un acusado (no técnicamente porque Martínez no lo quiere así, pero sí formalmente) no es un accidente de la historia. Más bien miro esa conducta como una aberración ética espantosa.
Sobre todo si tomamos en cuenta que es el Fiscal General quien tiene frenada ( con buenas o malas razones jurídicas), la acusación de unos canadienses contra el empresario Enrique Rais, propietario del avión con el que Martínez se da gustazos en el aire.
La acusación fue presentada por los fundadores de MIDES y del relleno sanitario de Nejapa. Los cargos de esos canadienses los diseñaron honorables abogados que, según me dicen, salieron huyendo del caso por miedo a que les sucediera algo.
No soy ángel defensor de los canadienses que presentaron la demanda. Por el contrario, fui yo quien denunció a esos extranjeros cuando hicieron sus primeras inversiones en El Salvador. Les acusé públicamente de cometer, como grupo organizado, repetidos desvaríos morales. Cientos de páginas de periódicos son la mejor muestra de esa lucha personal.
Confieso que los ataqué duro, durísimo. Por esas cosas de la vida, fue Héctor Silva, el padre de Héctor el periodista, quien los trajo al país cuando era alcalde de San Salvador.
Desde otro diario me peleé, hace muchos años, con Héctor Silva padre por traer a esos canadienses al país. Pero, fue una pelea decente. Respeté siempre al exalcalde y él me respetó a mí. Fue un gran pleito público en medio de una enorme dosis de tolerancia, aunque algunos no entendieron, o no quisieron entender, mis batallas.
En ese tiempo, los empresarios canadienses me acusaron penalmente en los tribunales de El Salvador. Perdieron la batalla y retiraron los cargos, poco antes de que Enrique Rais apareciera, ante los ojos de todos, como el nuevo propietario, o copropietario, del relleno sanitario de Nejapa y de MIDES.
Eso prueba que no tengo ninguna razón para defender a los canadienses en este asunto del avión y atacar al Fiscal General por la desnutrida actuación para atender los reclamos. Si no estoy equivocado, los canadienses dicen que Rais no les pagó por el uso de la propiedad de MIDES.
No hay ninguna razón para que el Fiscal General no deje pasar, ante un estrado judicial, esa causa. Lo mejor es que sean los jueces quienes decidan sí Rais pagó o no pagó. Eso es lo justo. No debe decidir un Fiscal General en ese tema. Mucho menos si usa el avioncito del implicado. Aquí no se vale aquello que quien controla los informes, controla el debate. Hay algo más grave en esto: ¿por qué, a sabiendas de que la acusación de los canadienses se mantenía en su despacho, el fiscal Martínez continuó viajando en el avión de Raís?
Si no hay respuestas honestas en ese asunto, la conducta del Fiscal General es escalofriante. Y no veo ninguna, absolutamente ninguna razón, para que un Fiscal General no viaje en aviones comerciales. Decir lo contrario me huele a bancarrota moral. A gazapo de un litigante que apenas empieza su oficio.
Espero que por escribir esto, Martínez no actué como su predecesor quien se inventó, con la ayuda de algunos achichintles, un “tamal” en mi contra. Trató de insinuar que por la falta de una firma idónea en un campo pagado de un periódico, se puede crear un delito penal de falsedad ideológica.
El exfiscal fundó una nueva escuela penal: la de los malintencionados y los turbios que son capaces de torcer hasta la página de un periódico y asimilarla a la certificación formal de un contador público o un médico.
Y todo eso lo hizo el predecesor de Martínez a pesar de que ninguna ley exige que los campos pagados se firmen. Lo peor de todo es que algunos analfabetos jurídicos le siguieron el juego al verdadero patrón que fraguó esa tiniebla penal: el crimen organizado que se metió a la casa, y las oficinas de muchos sin tener media cuarta de vara racional para defender esa locura.
Dichosamente, algunos de quienes fueron usados por el exfiscal para construir esa farsa penal por publicar un campo pagado en el que se decía que cumpliera su oficio, acabaron reconociendo la verdad de mis razones jurídicas.
Otros pidieron perdón por prestarse a ese cortocircuito tiránico del exfiscal general que fue resoplado por algunos periodistas con tan mala fe que todavía me pregunto qué mala pasión los hipnotizó. Sé que al menos a uno lo movió el dinero. Pero a otros no sé que los empujó a jugar a un Walt Disney que corta las historietas en los lomos que les convenía.
Toda esa trama también mostró que hay quienes no saben ni defender los principios de su propio oficio, pues con posturas lastimeras aceptaron que un campo pagado de un diario podía transformarse en un delito que no fuera de la naturaleza de los únicos que podían nacer: los del honor. ¡Qué fácil es jugar de imbécil!
Pero, en todo caso, lo que espero es que por escribir que el Fiscal General enturbió sus actuaciones al volar en el avión privado de un acusado, no acabe en medio de otro tamal armado a la medida de cualquier inescrupuloso, como ya me sucedió.
Si el Fiscal General es decente debe explicarle al país por qué voló tantas veces en el avión privado de un acusado, decir si tiene parientes comunes con él, reconocer que tiene en su despacho ( no sé si engavetada) una acusación contra el empresario y explicar las razones sobre el porqué no ha pasado los cargos contra su benefactor.
También es importante que el Fiscal General le explique al país por qué pidió orden de captura contra los acusadores de Rais. En fin, no le queda más que transparentar sus actos, jugar limpio y explicar sus conductas.
En todo esto, hay mucho que contar. Incluso, hasta el gremio periodístico tiene su propia participación en los hechos que nos narró Héctor Silva.
Tal vez así podríamos saber el porqué un periódico importante silenció la publicación de los 66 vuelos del Fiscal General cuando la tinta y el papel ya se recalentaba en los talleres.