Hay 52,000 niños refugiados en centros de detención en la frontera sureña de Estados Unidos. Diariamente llegan buscando refugio, reunificación familiar, escapando reclutamiento pandilleril, pobreza, entre otras razones. Cada joven tiene sus razones por emigrar al norte. Es verdad que pandillas y las drogas afectan a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. También es verdad que estos niños viven bajo extrema pobreza. Ambas condiciones no son nuevas en la región. Los tres países comparten una historia similar de ser gobernados por líderes corruptos, interesados y que también complacen y satisfacen la clase pudiente.
Líderes de los países afectados tuvieron reuniones privadas con el presidente Barack Obama abogando por una reforma migratoria para que compatriotas residiendo en ese país tengan la oportunidad de quedarse a trabajar legalmente. Son doce millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Si en dado caso a los niños les otorgan una medida de refugio, habrá una mayor cantidad de migrantes que procesar. Les cuesta cientos de millones de dólares a contribuyentes proveerles albergue, atención médica y psicológica a estos niños migrantes.
Organizaciones sin fines de lucro y cívicas, así como miembros de la comunidad latina en Estados Unidos, están presionando al gobierno para que otorgue a migrantes indocumentados una oportunidad de quedarse en esa nación. Esta situación amerita la pregunta: ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos debe hacer el trabajo de sus homólogos en Centro América? En otras palabras, ¿por qué debe Estados Unidos permitir que los niños migrantes se queden a vivir en el país y educarlos, costándole millones de millones a los contribuyentes educando niños extranjeros? La unión Americana tendría que invertir millones de dólares para la educación de estos niños que hayan ingresado indocumentados. Los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños debían de exigir a sus gobiernos lo que quieren que el gobierno Estado Unidos haga por sus hijos.
Los presidentes saben muy bien que la educación y seguridad nacional son asuntos de urgencia ciudadana. Jóvenes repetidamente confiesan que migran hacia el norte por la inseguridad que viven diariamente en sus vecindades y colegios. Algunos reclaman nunca haber estudiado. Las soluciones son simples. Invertir en la educación y seguridad nacional. Reclutamiento de pandillas criminales y la inseguridad vivida en centros escolares no garantiza un ambiente seguro de aprendizaje. Es justo cuestionar por qué Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y Belice no padecen de estas diásporas.
Belice, Nicaragua, Costa Rica, y Panamá no tienen estos problemas porque invierten en programas sociales y educativos. Además, no negocian a cambio de reducir índices de homicidios. Nicaragua, capaz de contener actividad pandilleril dentro de sus fronteras, no deja de ser el Estado más seguro en todo Centro América. ¿No es irónico como el segundo país “más pobre del Hemisferio Occidental” es el más seguro y progresivo del istmo? La verdad es que líderes nicaragüenses cumplen sus promesas, no son corruptos ni incompetentes.
Costa Rica y Panamá tienen índices de alfabetización más altos que Guatemala, Honduras y El salvador. Nicaragua avanza al invertir en programas educativos. Nicaragua es país anfitrión de una universidad estadounidense con la que trabaja mano a mano. La Universidad Keiser en Nicaragua negocia oportunidades académicas para estudiantes nacionales. ¿Por qué no vemos miles y miles de niños abandonando los países de Nicaragua, Belice, Costa Rica, y Panamá? La respuesta es muy simple. El liderazgo en estos países escucha a sus gentes y necesidades y cumple con sus promesas. Invertir en futuras generaciones es la más valiosa e inteligente estrategia política que los líderes del triángulo norte deberían de considerar.