Trato de entender a Efrén Lemus y a Óscar Martínez, dos buenos periodistas de El Faro. Los periodistas somos fatuos. Nos cuesta muchísimo reconocer nuestros errores. Admitir que nos equivocamos en un trabajo periodístico es como tragar hiedra amarga. A veces somos desvergonzadamente tozudos.
Es probable que el principal problema de ambos periodistas es creer que tienen en sus manos una buena historia periodística y, de pronto, alguien les dice y les prueba que la verdad era otra y que no la quisieron entender o documentar, a pesar de que se les advirtió.
La gran falla en todo este tema es simple de explicar: cometieron errores metodológicos. Al caer en esos yerros quebrantaron la ética de la profesión, aunque a algunos no les gusta que se mencione esas dos palabras. Las omisiones fueron tales que las reflejo en un ejemplo. Ellos dicen que el payaso «Tontín» fue vejado por alguien que lo puso a firmar una página (no fui yo, ni siquiera lo conocía cuando ocurrieron los hechos), y se les olvidó –y están tercos en aceptarlo– que a ese payaso ningún fiscal debió interrogarlo, amedrentarlo ni llevarlo a la Fiscalía General de la República, ni mucho menos amenazarlo con enviarlo a prisión. A los periodistas se les secó la memoria, olvidaron todo lo que rodea la libertad de expresión. Por eso es necesario responderles lo siguiente:
1. Lemus y Martínez dicen que mi columna es falaz. Es decir, que escribo mentiras. Pero en la respuesta de ambos no encuentro una sola justificación jurídica o de hechos que me expliquen, con argumentación válida y buen juicio crítico, por qué los fiscales debían intervenir en el caso de un campo pagado. Es una pena que no me digan por qué se publica un campo pagado y fiscales élite corren detrás de un payaso cometiendo toda clase de abusos de poder y actos arbitrarios penados por ley.
Quisiera leer al menos una línea de ambos periodistas donde expliquen qué facultaba a esos fiscales a amedrentar al payaso el mismo día en que se publica un campo pagado en el que se pide mayor eficiencia contra el Cártel de Texis. Y discúlpenme, pero no me vengan con el cuentito de que los fiscales querían investigar qué sabía el pobre payaso del narcotráfico internacional.
Mi tesis jurídica es la misma: en el caso de ese campo pagado los fiscales no podían intervenir sin cometer ilegalidades. Si el ex Fiscal General Romeo Barahona estimó que se le reclamaba mayor eficiencia, y eso lo enojó, pues fue él quien cometió los actos arbitrarios ilegales al mandar a sus subordinados a perseguir al payaso. Repito: un campo pagado como ese lo único que podía provocar (y no lo hizo), fue algún delito contra el honor. Y estos son delitos de acción privada. No intervienen los fiscales. Lo hacen en delitos de acción pública como los asesinatos, estafas, extorsiones, etc.
Lástima que Lemus y Martínez no me digan qué facultaba a esos fiscales a intervenir. Se les olvidaron las clases en las que se explica la relación entre los delitos contra el honor y el ejercicio de la libertad de expresión. Amigos, no profundicen la confusión entre la gente. Le están metiendo un cuchillo a la libertad de expresión. Un campo pagado es una manifestación de esa libertad.
2. Lemus y Martínez dicen que no leí bien su texto. Recuerdan que el delito que investigaron los fiscales es el de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y no un delito contra el honor. Nuevamente se meten al charco que no manejan ni quieren estudiar. Son tercos. Miro en su texto que consultaron a algún abogado. Mi consejo es que inmediatamente lo cambien. De derecho penal posiblemente sabe lo que el Papa Francisco sabrá de veterinaria. Entiéndanlo de una vez por todas: la falsedad ideológica solo la puede cometer un empleado público o un notario en documentos oficiales, o un privado que certifique hechos relevantes. Ni el payaso “Tontín”, ni el personero de El Mundo ni yo somos empleados públicos. Tampoco el campo pagado era una certificación privada con relevancia jurídica. Muchos menos éramos certificadores de nada.
Díganle al abogado que los aconseja que lea doctrina penal, que profundice la jurisprudencia para que no los meta en trampas de las que no puedan salir. Los dos periodistas intentan justificar la participación de los fiscales recordando el artículo 284 del Código Penal. Efectivamente puede haber falsedad ideológica en documentos privados.
Pero, hay algo que no le explicaron: debe tratarse de una certificación. Esa es la palabra clave que todo abogado o fiscal debe saber interpretar. Les menciono tres ejemplos: la contabilidad de una empresa, una constancia médica de salud y, en algunos casos, una certificación contable de una planilla.
Ante todos esos abultados argumentos, me costaría pensar que Lemus y Martínez creen, al lado de unos fiscales torcedores de la verdad jurídica, que un campo pagado de un periódico es una certificación privada. ¿O estamos tan mal de la cabeza que nos dispondríamos a convencer a cualquiera que un campo pagado en un periódico es una certificación privada?
Perdónenme colegas, pero si quieren hacerme creer eso algo está mal en esta tierra de todos. Y les adelanto una sentencia para que comprendan por dónde va la cosa. Hay importantes tribunales internacionales que ahora sentencian que hay falsedad ideológica en un documento privado, “solo sobre aquello que el documento prueba con efectos jurídicamente propios de un documento público puede considerarse la falsedad ideológica punible”.
Profundicen amigos, acérquense a abogados estudiosos. No solo escriban que en el caso de documento público o privado las cosas se asimilan en el Código Penal de El Salvador.
Recuerden que cualquier interpretación que hagan se vuelca sobre nuestra profesión. Repercute en la libertad de expresión. Impacta nuestro oficio. No sean tan ligeros. No se puede ser ocioso en esto que hacemos.
3. Lemus y Martínez dicen que no terminan de entender por qué les reclamo que no contaron el final jurídico. Mi exigencia es sencilla. Vuelvo a escuchar la grabación de la charla que sostuvimos y solo les dije que deberían escribir el estado de la situación jurídica para que no dañaran el honor de las personas. Me respondieron que sí lo harían. El problema es que releo y releo la historia que publicaron y no dijeron, por ningún lado, que formalmente no hay ningún proceso penal en mi contra.
Formalmente no estoy acusado de nada. Nunca he sido indagado. Jamás me llamaron a la Fiscalía General de la República. Para colmo de males (y eso lo supe con la publicación de El Faro, lo que significó una clara violación a las reglas claras del periodismo), ahora resulta que en algún momento fui denunciado (no acusado ni procesado judicialmente, por si necesitan que les expliquen las diferencias) en algún juzgado.
Vuelvo a repetir: si ambos periodistas me hubiesen dicho que me denunciaron de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública (como ustedes lo escriben), les habría dicho que debían consultar a los mejores abogados porque yo no soy ni empleado público, ni ejerzo la notaría pública, ni certifico documentos privados ni los campos pagados son certificaciones de nada. Y si como los periodistas de El Faro dicen que el proceso judicial sigue abierto (sin que se me impute nada, hecho que mezquinamente no quisieron escribir), los incito a que me digan cuál será cualquier resultado futuro de cualquier acción de los fiscales que cometieron esos actos arbitrarios y cuyos nombres no quieren publicar (tampoco explican por qué).
4. Lemus y Martínez dicen que los reportajes, en periodismo, no son fábulas con desenlace. ¡Caray, los dos periodistas innovaron toda la teoría del reportaje!. Resulta que si escribo un reportaje periodístico sobre un asesino en serie, no debo escribir si está en prisión, si está libre, o fue condenado. ¡Válgame Dios en este tema!. Prefiero no profundizar en él porque podría ofender a alguien por la mala fe que muestran.
Pero sí debo tratar de, al menos, insinuarles a los colegas que si los fiscales torcieron una figura penal (falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública), es porque tenían que justificar su intervención en supuestos delitos de acción privada. Ellos no podían meterse donde ninguna ley les permitía. Entiéndanlo: desde el momento en que se publica el campo pagado, ellos no podían buscar al payaso ni a nadie involucrado con el mismo, a menos, por ejemplo, que se tratase de una noticia criminis (que se denunciara un delito). Y esto último no era para el caso. Son ustedes, señores de El Faro, quienes fijan en su reportaje, la línea de inicio de las arbitrariedades y los abusos de poder, aunque digan que no quieren debatir sobre ese tema. Estoy seguro que si los dos periodistas salen corriendo de este debate, es que saben que tienen la batalla perdida. Así de sencillo. Y no pongan como pobrecito al payaso que antes de la publicación no conocí.
Preocúpense por advertir (como no lo hicieron, sin que yo entienda por qué), por el payaso que fue objeto de toda clase de abusos, ilegalidades y actos arbitrarios. ¿No creen que esos hechos son una buena pista para saber quién protegía a quién en la Fiscalía de la República? Pero, por lo que leo, a ustedes no les importa un comino esos hechos. Y, quizá, ojalá me equivoque, ahora los empresarios del Cártel de Texis que ustedes mencionaron son angelitos.
5. Finalmente, Lemus y Martínez me critican porque dicen que fui relacionista público de algunos empresarios que querían enfrentar a los miembros del Cártel de Texis. Debo recordarles que no fui relacionista público de ellos. Yo asumo causas y peleo por ellas hasta donde pueda. Esa es una enorme diferencia. No asumo otros compromisos. Yo no recibo ninguna subvención internacional para hacer periodismo. Tampoco paso el sombrero en convenciones internacionales de periodistas para que me financien proyectos.
Cuando se produjo esa publicación, no tomaba ninguna decisión en ningún medio. Simplemente hacía comentarios en el programa de Nacho Castillo, precisamente desde la misma tribuna donde los apoyé incondicionalmente en el tema del Cártel de Texis. Y no digo esto para quedar bien con nadie. Lo digo porque para hablar del Cártel de Texis solamente he usado el programa de Nacho Castillo para defenderlos a ustedes. Creo, no lo recuerdo bien, que no escribía en La Prensa Gráfica. No influía contenidos periodísticos, no estaba a cargo de ningún periodista. No manejaba ningún proyecto periodístico. Y repito, no pedía dinero para subvencionarme en ninguna institución internacional. Eso hace una gran diferencia en el ejercicio de la profesión.
Conclusiones
1. Los periodistas de El Faro deben saber que la única manera de combatir los campos pagados es mediante la convocatoria de un delito contra el honor. Para que eso ocurra, no participa la Fiscalía General de la República. No debe, no puede. Hacen una defensa oficiosa de los fiscales que participaron en esto y dicen que ellos lo que investigaron fue una falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública. La salida que le dan al debate jurídico es peor de lo que pensaba. Por mala fe, o por ignorancia, no analizan las características penales de ese delito.
Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta que, para cometer la falsedad ideológica en un documento privado o público, yo tendría que ser: 1) empleado público, 2) notario público o un representante privado que certifica un hecho; 3) peor aún, los campos pagados de los periódicos pasarían a ser certificaciones privadas como una contabilidad, para poner un ejemplo.
2. Los periodistas de El Faro no quieren entender que, cuanto más defienden la posición de los fiscales, más se encharcan. No hay manera de abrazar, como lo hacen, la participación de esos fiscales en el caso. Y, como eso no se puede justificar nada (ni la configuración del delito, ni su tipicidad, ni nada) la única conclusión es que existe es una patraña que los periodistas de El Faro no quieren reconocer. Se les olvidó que esa patraña es parte de la verdad que debieron denunciar.
Pero solo contaron una parte de los hechos. Lo más grave, los abusos de poder, los actos arbitrarios, los callaron. Me reclaman que yo calle los nombres de los empresarios que pedían más efectividad en la lucha contra el Cártel de Texis en un campo pagado.
Yo les reclamo que se olvidaron que este país ya soportó muchos tiranos y déspotas como para callar ilegalidades que se cometen usándose una parte del Estado como es la Fiscalía General de la República. Como sabían que no podían justificar la participación de los fiscales en esa patraña, un par de funcionarios torcieron la naturaleza jurídica de un delito.
Todo lo que artificialmente construyeron esos fiscales no se puede dejar pasar. Si se legitima y reconoce esa barbaridad, los vidrios rotos los terminará pagándo la libertad de expresión muy pronto. Eso se los aseguro. No olviden nunca que la barbarie de la acción es precedida por la del espíritu.
3. Lo más lamentable de todo es que para esos dos periodistas lo más importante es el pleito entre empresarios alejados del Cártel de Texis y los que están en esa organización denunciada por El Faro. Me cuesta creer que cercados por argumentos jurídicos que quieren rehuir no estimen como parte de la verdad que un grupo de fiscales usaron un pretil del Estado, como aprendices de déspotas, para atribuir un delito que convierte a varias personas en empleados públicos sin serlo o en certificadores privados sin tener una gota de eso.
Y, como si eso fuese poco, de ahora en adelante los campos pagados con certificaciones privadas. ¡Qué pena por ustedes muchachos! Por esto último debió empezar todo.