A mis detractores les tengo una mala noticia: ninguna ley salvadoreña obliga a estampar una firma responsable a los campos pagados que se publican en los periódicos.
Esa realidad jurídica- confirmada con los abogados de los principales periódicos del país- lo que hace es probar que, desde la Fiscalía General de la República, en tiempos de Romeo Barahona, se construyó una patraña, un montaje ilegal y toda clase de maniobras antijurídicas y arbitrarias y abusos de poder para intentar perseguir a este periodista.
Incluso, con una maniobra claramente ilegal y violatoria de derechos humanos, se quiso construir, sobre una base falsa, y la invención de un delito, como lo explicaré aquí, un camino que llegó al colmo de pedirle mi detención a un juez que, por supuesto, no la concedió. Lo supe hace pocos días.
Las denuncias que aquí se harán prueban también que una historia que publicó el periódico digital El Faro sólo cuenta una pequeña parte de la verdad y esquivó hechos relevantes como las arbitrarias actuaciones de funcionarios que usaron, ilegalmente, el aparato coercitivo del Estado para dañarme.
La historia periodística que reseñó ese periódico es apenas una pequeña parte de lo que realmente sucedió. La publicación violó el buen método, calló una buena parte de la realidad y es muestra de una mala práctica periodística.
Toda las arbitrariedades juntas cometidas por fiscales de la República, y que no fueron investigadas por los periodistas a pesar de que se les solicitó reiteradamente, llevó a detener ilegalmente a un personero del periódico El Mundo, a un payaso que firmó un campo pagado y a amedrentar y violentar psicológicamente a personas en las principales oficinas de la Fiscalía General de la República, entre abril y mayo de 2012.
Graves actuaciones
Las actuaciones de los fiscales fueron tan graves que estos alegaron ante un juez, antes de cometer todas las arbitrariedades y fechorías, que la firma responsable en un campo pagado de un periódico representa al autor del texto y es exigencia de ley.
Todo eso fue un invento argumental y jurídico para interrogar, detener y, literalmente, quebrarle la voluntad a ciudadanos y, de esa forma, construir cargos penales amañados que no les dieron resultado a esos fiscales.
Sobre la base de nada, fiscales de la República construyeron y argumentaron, a su antojo y capricho, hasta una nueva teoría jurídica sobre los autores de campos pagados y artículos periodísticos, ocultando, incluso, que tampoco existe una ley que exija a los periodistas firmar una obra suya.
Los fiscales torcieron todo. Las falsedades argumentales violentaron hasta disposiciones especiales que protegen la Libertad de Expresión y el ejercicio del periodismo en El Salvador.
La torcedura de argumentos jurídicos llevó a esos fiscales a construir delitos inexistentes, a exigir conductas de jueces que jamás debieron pedirse, y a crear una cadena de ilegalidades y abusos de poder ocultando que ninguna ley exige una firma responsable en los campos pagados que se publican en los periódicos.
Para empezar a entender las arbitrariedades de esos fiscales, se debe hacer un ejercicio básico: Si la ley no exige que en un campo pagado se estampe la firma de un responsable −de la controversia que nació sobre si un payaso firmó una página de un periódico leyendo su contenido, o no− no puede, no debió, surgir ningún delito como lo intentaron hacer creer los fiscales.
Más arbitrario aún es el hecho de que fiscales exigieran, al responsable de firmar un campo pagado publicado en un periódico, que fuera a declarar a su sede para hacer derivar, de todo eso, una supuesta cadena de personajes que fueron perseguidos con delitos inexistentes o construidos artificialmente.
Los fiscales no podían interrogar, convocar, amedrentar, amenazar a personas privadas, como lo hicieron desde el mismo día que se publica un primer campo pagado, en el que se pedía más eficiencia al Fiscal General de ese entonces, Romeo Barahona, contra el cártel de Texis.
Para que se entienda la base legal que delata las arbitrariedades de los fiscales que actuaron en este caso, hay que advertir −ahora con muchas más razones jurídicas− que de un campo pagado publicado en un periódico sólo pueden nacer delitos contra el honor de las personas ( injurias, calumnias, difamación).
Esos delitos son de acción privada (no pueden intervenir fiscales de la República). El que se considere ofendido en su honor con lo que se escribe en un campo pagado, debe buscar a un abogado privado (jamás fiscales de la República) y presentar en un tribunal una querella.
Elías Antonio Saca estimó que Hugo Barrera ofendió su honor, buscó un abogado privado y lo acusó. Jamás puso un pie en la Fiscalía General: ningún fiscal podía intervenir en su caso.
Lo mismo ocurre con un campo pagado de periódicos: incluye manifestaciones protegidas por la Libertad de Expresión. Si hay abusos en su texto, ni siquiera el Fiscal General puede intervenir si se cita su nombre. Hasta él debe buscar un abogado privado.
Pero, a fiscales salvadoreños no sólo les bastó con violar esa división por la naturaleza jurídica del campo pagado, sino que interrogaron, amenazaron y le violaron derechos a un payaso que firmó un campo pagado sin que ninguna ley autorizara a esos funcionarios a hacer eso.
Cadena de responsabilidades
Los fiscales intentaron construir una cadena de responsabilidades. En el caso del payaso, para citar un ejemplo, apenas se publicó el campo pagado lo llamaron a declarar en la Fiscalía General.
Ahí lo amedrentaron, lo violentaron e hicieron que lanzara cargos de una conducta que no existió contra el personero de un diario local, supuestamente para que dijera que este periodista contrató campos pagados, hecho que nunca he negado.
Los abusos de los fiscales fueron tales que al payaso lo lanzaron a declarar contra el personero de diario El Mundo para que, éste, a su vez, se convirtiera en testigo criteriado contra Lafitte Fernández. Y todo eso tras alegar, con el uso de una vileza, y mil mentiras, que la firma responsable en un campo pagado es el autor de su contenido, lo que es absolutamente falso. La ley ni siquiera obliga a colocar una firma responsable en un campo pagado.
La vileza fue tal que engañaron a un juez para que le diera la condición de testigo criteriado al personero del diario El Mundo y usarlo en mi contra.
Intentaron, incluso, acusarme de cometer una “falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública” sin que existiera un mínimo de argumento para que eso sucediera. Repito: la ley no exige firmas responsables en los campos pagados. Desde ahí nace la brutal arbitrariedad en todo este caso. Hay que recordarlo: de un campo pagado, en un periódico, sólo puede nacer un delito contra el honor de una persona. ( Ya les diré, paso a paso, por qué jamás podía existir la falsedad ideológica)
Con todo eso, los fiscales violaron el principio de legalidad criminal (ningún funcionario puede arrogarse facultades que no le concede la ley) . No hay delito sin ley previa, escrita y estricta. No hay pena sin ley.
También violaron, entre otras cosas, el principio de tipicidad penal al tratar de hacer nacer, de un campo pagado publicado en periódicos, un delito inexistente.
Los fiscales que actuaron en ese caso no sólo no podían involucrarse en asuntos de un campo pagado protegido por la legislación de prensa sino que, incluso, hicieron detenciones e interrogatorios ilegales para cumplir con sus afanes persecutorios. Así de claro y directo puedo escribirlo. Eso hay que repetirlo porque pareciera que, a algunos, les importa un bledo.
El inicio de todo
Todo esto empezó cuando en abril del 2012 se publicaron dos campos pagados en los que se pedía mayor eficiencia al ex fiscal general, Romeo Barahona, contra los miembros del cártel de Téxis.
Para que se publicaran esos dos campos pagados se le cancelaron $300 a un personero de diario El Mundo con el propósito de que, como lo pidió, se consignaran firmas responsables en esas publicaciones, a pesar de que la ley no exige esa condición. Cuando los periódicos piden eso, es a solicitud de ellos. No de alguna ley.
En ese caso, yo no contraté al payaso que firmó el campo pagado con quien los fiscales iniciaron sus acciones ilegales y arbitrarias. Tampoco a quien firmó un segundo campo pagado.
Además, ahora es más evidente la arbitrariedad de esos fiscales, cuando los abogados de la mayoría de los principales periódicos del país confirman que ninguna ley exige que un campo pagado lleve una firma responsable. Tampoco existe una ley que exija a los periodistas firmar sus artículos periodísticos.
Muy poco después de publicarse el campo pagado en el que se consignó la firma del payaso ( que no fue contratado por mí ni lo conocía cuando firmó esa página de periódico), agentes fiscales lo buscaron, citaron, amedrentaron y lo violentaron sicológicamente. El gran pecado es que en el campo pagado se citaba y pedía eficiencia al ex fiscal general Romeo Barahona .
Lo paradójico es que desde la Fiscalía General se enviaron, en ese entonces, fiscales antinarcóticos (los mismos que debían estar persiguiendo a los miembros del cártel de Téxis) a perseguir al payaso bajo la más descarada de las arbitrariedades. Le aplicaron a él, y luego a un personero del periódico El Mundo, todo el peso del aparato coercitivo del Estado. Ese aparato lo hicieron caer sobre la voluntad de payaso. ¡Ilegalidad completa y siniestra, sobre todo ahora que se sabe que ninguna ley exige una firma responsable en los campos pagados de los periódicos, como trataron de hacer creer los fiscales usando, descaradamente, mentiras y argumentos falaces, nacidos de su imaginación.
Cinismo periodístico
A pesar de todo esto que menciono, hace pocos días escuchaba un programa de radio en la KL donde se hablaba del “caso de Lafitte Fernández y el payaso Tontín”. En él participaron los periodistas de El Faro Efrén Lemus y Oscar Martínez.
La respuesta que dio Martínez a una pregunta de otro periodista es de antología. Debe incluirse en un manual ético y metodológico sobre lo que no debe hacer el periodista. Con su respuesta mostró toda su mejor cara humana para tratar de justificar que no cumplieran una petición que se les hizo para consultar abogados que les dieran luz en este caso.
Como mi alegato ante El Faro es que sus dos periodistas debieron acercarse a abogados penalistas, Martínez argumentó en la KL: “Lafitte sigue creyendo que lo fuimos a consultar como asesor jurídico y no como fuente implicada en un caso”.
La afirmación fue cínica. Fatua. Antiética. Contra el buen método periodístico. El significado de lo dijo Martínez se entiende si se explica así: supongamos que soy un condenado al patíbulo y voy camino a la horca. Los periodistas de El Faro se me acercan, preguntan por mi conducta. Yo les respondo: “el delito por el que voy a morir es inexistente. Es hijo de actos arbitrarios, es un abuso del poder de fiscales que se creen nuevos césares.”
Interpretada la afirmación de Martínez significaría que él me habría respondido: “yo vine aquí a narrar, exclusivamente, cómo lo aniquilan, o como la matan en la horca. Yo no vine a hablar con usted si el delito que le aplicaron, es inexistente o ilegal”.
Por eso escribo que lo que dijo Martínez es de antología. Yo narro la matanza: no quiénes la hicieron, o cómo la hicieron o si es legal o no. Eso no me importa.
Lo jurídico no importaba. Tampoco los actos arbitrarios de fiscales. Ni la legalidad de los hechos, ni nada más. Ni siquiera si la ley exige firmas en campos pagados en los periódicos. Lo que valía era el ajusticiamiento. No si existían razones legales para estar parado frente al patíbulo. En el fondo, lo que interesaba era contar cómo me linchaban. ¡Linda dimensión del nuevo periodismo!
Cada vez me convenzo más que no hay nada peor para el periodismo que el analfabetismo jurídico. Sobre todo cuando ese analfabetismo es deliberado y, muchas veces, hasta de mala fe.
Ahora que sabemos que la exigencia de una firma responsable en los campos pagados en los periódicos no está exigida por ninguna ley, las cosas empeoran para los fiscales y para quienes intentaron legitimar sus actuaciones.
Y entonces, ¿de dónde nace el supuesto delito que se me quiso atribuir?
Los errores y las omisiones legales de la historia periodística de El Faro son monumentales. Veámoslas:
1. El faro no quiso publicar los nombres de los fiscales que hicieron las cosas. Lo que denuncio no es un juego de niños: son actos arbitrarios, abusos de poder, cometidos desde la Fiscalía General de la República. ¿Es ético ocultar eso después de lo que sabemos ahora?
2. Publicaron que existía vivo un proceso legal. Los términos los aplican inadecuadamente. Lo cierto y lo preciso es que el caso está abandonado hace casi dos años. Los periodistas de El Faro no fueron capaces de informar que los fiscales dejaron el caso botado, abandonado. Actuaron como delincuentes que dejan botado parte del botín y salen huyendo para que nadie los pille. ¿No era justo y ético escribir eso?
3. Muchos menos se informó que jamás fui indagado, jamás fui intimado, jamás fui acusado de nada y muchos menos procesado, penalmente. Tal vez era demasiado duro para ellos escribir eso. ¿No era justo y ético escribir eso? ¿No era justo, ético y razonable escribir que el caso fue abandonado desde hace casi dos años?
4. Los periodistas tampoco hicieron un intento básico de establecer si las firmas en los campos pagados eran exigidos por alguna ley. Esa era la base de toda esta controversia. No sé que podrán decir ahora. Es importante que todos sepamos que fue un decreto militar el que exigió, en los años ochenta, cuando se gobernaba de facto, no una, sino cinco firmas responsables de personas físicas en los campos pagados. Todo eso fue derogado por la Asamblea Constituyente que decretó y promulgó la actual Constitución de la República.
5. Tampoco se preguntaron los periodistas de El Faro si de un campo pagado podía nacer un delito de falsedad ideológica. Toda la doctrina jurídica establece, en forma unánime, que no puede suceder eso (abajo explicaré por qué). De un campo pagado sólo pueden nacer delitos contra el honor porque son actos de ejercicio de la Libertad de Expresión. Eso es menos posible ahora que se sabe que la firma responsable en un campo pagado de periódicos no es exigido por ninguna ley. Ni siquiera se luchó por normas que amparan el periodismo y la libertad de expresión.
¿Por qué no?
A los fiscales antinarcóticos que involucraron en este caso no les bastó inventar hechos, inventar situaciones jurídicas como que la firma en un campo pagado demuestra la autoría, o como falsear la verdad y hacer creer que la firma en un campo pagado es exigencia de ley, sino que trataron de hacer creer que todo lo que pasó con el payaso, o con el personero de diario El Mundo, era suficiente para acusarme de cometer el delito de falsedad ideológica.
La lógica que aplicaron es bastarda: como el payaso firmó el campo pagado y él realmente no era el autor, entonces ahí arranca la cadena del delito ( ¡señores, ninguna ley obliga a firmar los campos pagados). Y de ahí al personero de El Mundo y luego a Lafitte Fernández.
Pero, un campo pagado en un periódico no puede ser base jamás del delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública (este lo comete, según el Código Penal, el que “con motivo del otorgamiento o formulación de documento público o auténtico, insertare o hiciere insertar declaración falsa concerniente a un hecho que el documento debiere probar).
La sinverguenzada de los fiscales fue tal que se olvidaron que de un campo pagado no puede nacer ese tipo de delito porque:
1. El documento debe probar algo (la misma definición del delito lo dice).
2. Si el documento debe probar, debe asimilarse o convertirse en una certificación (por ejemplo una certificación de contador privado de unos estados financieros).
3. El documento, base legal de ese tipo de falsedad, debe entrar al tráfico jurídico (debe tener valor jurídico)
4. Lo más importante es que el deber de veracidad debe provenir, originarse, en una ley (ya dijimos que ninguna ley exige la firma responsable en un campo pagado).
5. Esa ley debe exigirle a los documentos particulares certificar hechos con fines probatorios
6. El documento debe ser utilizado con fines jurídicos
Los únicos documentos privados que pueden ser objeto del delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública son los que cumplan esos requisitos (que tengan valor probatorio, que representa una certificación, que su veracidad lo exija una ley, etc, etc). No otros. Mucho menos una página de un periódico.
El atrevimiento y las arbitrariedades de los fiscales fueron tales que no hay que calentarse la cabeza para comprender que un campo pagado en un periódico no cumple ninguno de esos requisitos. Ninguno, ninguno.
Entonces, ¿cómo pudieron atreverse esos fiscales a hacer creer a un juez que un campo pagado era la base de una falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública?.
Hay que repetirlo: como los fiscales no podían intervenir en el caso de los campos pagados en periódico ( por ser materia privada y de Libertad de Expresión), entonces torcieron todo, se inventaron un delito, y actuaron como césares modernos sin ton ni son. Usaron las facultades que les da la ley para delinquir ellos. ¡Cómo se pudo ser tan ciego como para no ver eso?
Conclusión:
1. Me reservo el derecho de acusar a cualquiera de quienes intentaron ayudar a torcer lo que sucedió, a atribuirme conductas antijurídicas, incluidos fiscales y periodistas.
2. Le solicito, respetuosamente, al Fiscal General, Luis Martínez, que me entregue los documentos fiscales oficiales sobre este caso y que revele el nombre de los funcionarios que actuaron en estos hechos, estén, o no estén, laborando en la institución que dirige.
3. Comunicaré todos estos hechos a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
4. Comunicaré actuaciones, hechos y valoraciones jurídicas ante la Procuraduría General de Derechos Humanos.
5. Comunicaré actuaciones y hechos a la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad para que transmita a los principales periódicos del país la forma cómo agentes fiscales intentaron transformar campos pagados en sedes de delitos inexistentes pero, sobre todo, violentaron toda la teoría jurídica sobre Libertad de Expresión y legislación de prensa.
En este tema no hay nada más que decir: La arbitrariedad fue completa, cínica, irresponsable, delincuencial.