Hace más de dos mil años, Isócrates sentenció: “No es el dinero ni el cargo lo que nos diferencia de los bárbaros, sino la educación y la cultura”. De acuerdo con los griegos, eran precisamente la educación y la cultura los asideros más importantes del ideal civilizatorio de su cultura, pues son los procesos que en mayor medida humanizan y preparan para el ejercicio del gobierno y la administración del Estado.
Desde que surgieron las sociedades políticas complejas, se ha dado una permanente discusión sobre la relevancia del liderazgo del gobernante y acerca de las fuentes de su legitimidad. Max Weber comprendió la relevancia de este tema y por ello dedicó una parte de su obra al análisis de los tipos de liderazgo.
Es cierto que el acceso y la permanencia en el poder dependen de la capacidad de liderazgo de quien gobierna; pero, por otro lado, la capacidad de gobierno se mide también por resultados y, cuando éstos son negativos para la sociedad, los liderazgos pierden fuerza y legitimidad.
En esa lógica, es válido sostener que es muy difícil llegar y hacer buen gobierno, sin liderazgo social, pero lo es todavía más si no existen las capacidades de gobierno para atender y solucionar de la mejor manera las demandas y las necesidades básicas de la sociedad.
Dicho de manera simple: el liderazgo social no alcanza para construir un buen gobierno y, a la inversa, un buen gobierno no puede construirse sin liderazgo social auténtico. Por ello, candidatos con aceptación popular sobresaliente pueden llegar a desvanecer las legítimas aspiraciones de una sociedad que les da su confianza para mejorar su condición de vida y, al revés, candidatos que pueden ser medianamente aceptables para el ciudadano, pueden resultar extraordinarios gobernantes que suplen sus carencias carismáticas con la eficacia.
Si en una democracia estable, la aprobación de la población hacia sus gobernantes y su desempeño en el poder depende de los buenos resultados gubernamentales; en una democracia aún frágil que se consolida día a día, como la nuestra, muchos salvadoreños optarían por un régimen autoritario a cambio de mayor bienestar; en donde la violencia y la inseguridad han llevado al país a un baño de sangre con el consecuente rechazo y agravio social; y en donde la pobreza asuela a la mitad de la población, el liderazgo y los resultados positivos de gobierno no sólo son indispensables, sino urgentes.
El Salvador necesita de hombres y mujeres que tengan siempre como principio rechazar la idea de la violencia como partera de la historia; la concepción de que la ley es un obstáculo que debemos brincar para lograr nuestros objetivos; rechazar toda visión de estatismo absolutista, de poder concentrado, de presidencialismo omnipotente; funcionarios que trabajen incansablemente, pero que como humanos pueden, como se dice popularmente, “meter las patas” pero jamás las manos.
Reconstruir el escenario social y la credibilidad en nuestro país, requiere mucho más que innovaciones sociales. Para lograrlo se necesita la capacidad y creatividad con el fin de generar una amplia convocatoria de todos los sectores que cohesione la nación, lo que exige de una profunda educación y cultura entendidas como ideal de diálogo y participación democrática.
Al final de cuentas, lo político no puede estar referido exclusivamente a los órganos de gobierno y la administración del Estado, sino a los valores y principios que pueden darnos identidad y sentido compartido de un proyecto nacional que coadyuve a construir un país más libre, más justo.
Por ello es importante llamar, ya no sólo a la generosidad, sino a la responsabilidad generacional, de aprovechar el momento político electoral como una oportunidad para repensar, reconstruir y redirigir los pactos que nos cohesionen como nación, así como propiciar nuevos arreglos institucionales que impidan que la pobreza, la falta de educación, la marginación y el desprecio a las instituciones democráticas, se perpetúen como destino inevitable para nuestra sociedad.