“Dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios” .
Evangelio según San Mateo, capítulo 22
El tema de la conducta del arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas −y de su séquito e influencias cercanas respecto de Tutela Legal−,levanta polvo porque toca fibras sensibles de la relación Estado-Iglesia y de lo que estas dos instituciones significan para el país.
Además, señala fielmente cierta hipocresía de la sociedad salvadoreña, que se rasga las vestiduras por archivos que, desde la conciencia de memoria histórica, le importaron muy poco hasta ahora que se ven en peligro.
Hoy, domingo, luego del reciente “allanamiento-cuete soplado” de la Fiscalía para salvaguardar los documentos, el arzobispo le pone otra fresa al pastel cuando dice que la Iglesia no va “a permitir a nadie sustraer”documentos de Tutela Legal, porque el archivo “es” de la Iglesia. Como entendiendo que la memoria colectiva, los testimonios de crímenes de lesa humanidad, de violaciones a los derechos humanos, de asesinatos masivos, de desapariciones, que se cometieron durante el conflicto, le pertenecen a la institución que él representa y lidera en el país.
Similar actitud tomó el prelado cuando en diciembre de 2011, de manera antojadiza, destruyó el mural del hoy Premio Nacional de Cultura, Fernando Llort, a pesar de que la obra se encontraba en una zona catalogada como patrimonio cultural de los salvadoreños, y sin importarle la opinión de una sociedad que entendía como identitaria la obra hoy muerta. No hubo disculpa válida y la impunidad continuó su cauce.
¿Qué le pasa entonces a monseñor y a la Iglesia en El Salvador? ¿A qué viene esta actitud del jerarca local de la Iglesia? ¿Cómo se atreve a, en pleno siglo XXI, acudir a argumentos medievales e ir en contra de las leyes de este país, que, supuestamente, se constituye como república, como Estado laico? ¿Quién debe actuar en su contra, tomando en cuenta que, tanto desde la Fiscalía General como desde la Secretaría de Cultura de la Presidencia, hay un interés (tardío, pero necesario) por resguardar los testimonios que le ponen nombre y apellido a los principales asesinos del conflicto armado, y que, aunque suene paradójico, son patrimonio histórico nacional? ¿Por qué cambia de actitud y de discurso respecto del cierre de Tutela Legal, aduciendo ahora irresponsabilidades administrativas de los exempleados, como si somos tan tontos para aceptar cambios de información constante según la tónica de lo que le dictan sus cercanos? ¿Quién le ha dicho que la voz de la gente y los expedientes no son de un interés tal que realmente le pertenecen a la nación y no a sus antojos y caprichos atolondrados?
Escobar Alas debe entender que él no representa a la misma Iglesia que vio nacer a Tutela Legal. Escobar Alas debe entender que las 50,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos que se cuentan en esa oficina hoy extinta por nombre no llegaron por su gestión o por la Iglesia que actualmente tiene volcada a la opinión pública en su contra por actitudes oscuras. Y digo “oscuras” porque cualquiera con tres dedos de frente y un poco de lógica mira con sospechas que este cierre ocurriera pocos días después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitiera una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. “¿A quién quiere proteger?” es la pregunta obligada. Y si no quiere proteger o encubrir a nadie, la pregunta es: ¿por qué toma decisiones tan tontas el tonsurado?
Aunque suene inocente, desearía que fueran decisiones desmañadas y no con intereses. Preferiría aceptación de tontería a posteriori que descubrimiento de vileza en la Iglesia.
No voy a entrar aquí en el debate del papel de la Iglesia respecto de su conservadurismo pro machismo. Y no lo haré porque esta institución religiosa que hoy tanta piedra recibe por sus conductas fue vital en la historia salvadoreña, y, a fuerza de sangre, acompañó a la transformación de la sociedad nacional. Su papel como actor de cambios, como transformador de conciencias, como entidad defensora de los más desprotegidos, como voz de los sin voz, se ve empañada con la mezquindad de las decisiones del presente. Un verdadero cristiano debería ser lo suficientemente crítico para cuestionar el papel político de su jerarca. Eso no lo hace ni menos hijo de Dios ni le fractura su fe.
Ni Escobar Alas ni la Iglesia en El Salvador pueden arrogarse potestad sobre los archivos de Tutela Legal porque su proceder no está en sintonía con la historia reciente; que no ocupe entonces argumentación de propiedad sobre estos documentos, pues no le compete. Además, la Iglesia, más allá de que los medios sigan haciendo notas de todo lo que sale de la boca del arzobispo los domingos, como si el Medioevo influyera en la conducta editorial, no es fundamento de democracia, sino solo una institución culturalmente influyente que sobrevive inherente a nuestra sociedad.
Todos tenemos derecho a tener una religión. Pero la religión no tiene derecho a obligarnos a nada. Ni siquiera a tener religión.
Si la Fiscalía acepta lo que exige Escobar Alas y se deja amedrentar, estaremos ante otro capítulo de laceraciones a la institucionalidad jurídica del país.
Ellos, los actuales jerarcas eclesiales, no son ni la Iglesia que impulsó a organizaciones sociales en los setenta, ni la sombra del concepto de Iglesia que pregonaba Monseñor Romero, ni mucho menos se asoman a otras vertientes cristianas intelectuales, como la del sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría.
Citando a este último, habría que recordarle al arzobispo que la esencia del reino de Dios es “dar testimonio de la verdad”. Y las actitudes de esta Iglesia nuestra, la salvadoreña para ser más específico, más parecen querer evitar ese testimonio.