La Asamblea Legislativa aprobó el martes la prórroga número 37 de un régimen de excepción, implementado desde hace tres años para combatir a las pandillas en vista de que aún existen estructuras delincuenciales.
El decreto −mediante el cual seguirán suspendidas algunas garantías constitucionales por un período de al menos 30 días más−fue aprobado con los votos de 57 diputados de 60 en la Asamblea Legislativa, a solicitud del presidente Nayib Bukele a través del Consejo de Ministros.
Según el decreto leído por la diputada Elisa Rosales, del oficialista partido Nuevas Ideas, la medida «permitirá profundizar el trabajo de inteligencia de las autoridades para localizar a sujetos, miembros de estructuras criminales, que se encuentran en otros países, como en Estados Unidos, y que puedan ser deportados».
La prolongación se justifica en que «hay evidencia de participación de los miembros de pandillas en la realización de hechos vinculados al narcomenudeo, ingresando droga al país vía terrestre, utilizando transporte pesado y otras modalidades. También se ha comprobado la presencia de sujetos vinculados a estas estructuras en las zonas urbanas para lograr cercanía con las comunidades y dificultar su identificación».
«Todo lo anterior es parte de la actividad ilícita que confirma la necesidad de continuar con acciones contundentes dirigidas a combatir a estas agrupaciones, a fin de evitar su reorganización, proteger los derechos de la población, así como erradicar de forma definitiva este flagelo», añade.
Este régimen, que ha dejado la captura de más de 85,500 supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de su implementación en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.
La medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022.
La implementación de esta medida también se da en el contexto de la expulsión de más de 200 migrantes desde Estados Unidos a El Salvador para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad símbolo de la guerra contras las maras.
El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.