Los empresarios del transporte público cuentan con un plazo de 18 meses para reemplazar las unidades que sobrepasen los 20 años de antigüedad, así como otras disposiciones, según el decreto 774 aprobado el pasado martes por los diputados de la Asamblea Legislativa.
La pieza, aprobada con 56 votos a favor, abarca disposiciones transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de permisos, cambio de concesionario y permisionarios, así como la ampliación del plazo de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales.
En primera instancia, el decreto fue aprobado en junio del 2023 y su plazo finalizaría el próximo 18 de enero. Sin embargo, se resolvió la extensión de la fecha acordada.
Ante ello, los propietarios de las unidades de transporte público deberán renovar los contratos de concesión y refrendas de tarjetas de circulación vencidas, o que caducaron entre 2019 y 2023, ante la Dirección General de Transporte Terrestre.
Los parlamentarios citaron como base de la normativa el artículo 110 de la Constitución de la República, en el cual se establece que el Estado debe “regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas”.