El Salvador
miércoles 11 de diciembre de 2024
Política

Mecafé y exfuncionarios de Mauricio Funes reciben condenas por lavado de dinero

por Gabriela Cruz


José Miguel Antonio Menéndez recibió 14 años de prisión, mientras que otros cuatro exfuncionarios se les impuso penas entre los 8 y 13 años de cárcel.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la imposición de condenas por parte del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador contra varios exfuncionarios de la gestión presidencial de Mauricio Funes, por el desfalco de $351 millones de las arcas del Estado entre los años 2009 y 2014.

Entre las cinco personas condenadas se halla José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, quien recibió 14 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y activos y defraudación al fisco. Las investigaciones indican que Menéndez Avelar se benefició con más de $3,000.000.00 del Estado y defraudó a Hacienda con más de $183.000.00.

Se suma Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, condenado a 13 años de prisión, los cuales 8 años corresponden al delito peculado y 5 años por lavado de dinero y activos. Se suma Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro de Mauricio Funes, condenado a 8 años de prisión por lavado de dinero y activos.

Se incluye David Marciano Rivas, exsecretario de comunicaciones de Casa Presidencial, condenado a 8 años por lavado de dinero y activos. Según las pruebas presentadas por Fiscalía, recibió más de $1,738,465.57.

La exprimera dama de la República, Vanda Pignato, recibió tres años de cárcel por simulación del delito, que serán reemplazados por horas de trabajo de utilidad pública. En tanto, fue absuelta del cargo de lavado de dinero.

Los jueces han tenido por acreditado que se utilizó el sistema financiero y a diferentes testaferros o prestanombres para la adquisición de bienes y servicios, incluyendo inmuebles, vehículos, productos financieros, viajes, etcétera, para el beneficio personal de los mismos funcionarios y de allegados a ellos”, dijo la representante fiscal del caso.

Las evidencias presentadas por el ministerio público demostraron que los exfuncionarios conformaron una red donde planificaban el desvío de dinero público para beneficio personal y de particulares.

Para este fin, habrían utilizado prestanombres, simularon documentos y usaron el sistema financiero para lograr beneficios de forma ilegal. Este dinero del Estado fue ocupado para compras personales, remodelación de propiedades, compra de vehículos, viajes y sobornos, indicó la Fiscalía.

Las partes litigantes esperaron un año para conocer el fallo tras el juicio realizado en 2023.