El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador instaló este miércoles la audiencia preliminar del proceso penal contra 11 personas implicadas en la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989, con la ausencia de varios imputados, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
Esta audiencia estaba programada para el 11 de noviembre, pero fue aplazada por la ausencia de imputados y fallas técnicas para conectar con uno de los procesados que se encuentra en España.
El juez del proceso -cuyo nombre se reserva por seguridad- señaló al comienzo de la audiencia que procedía a su apertura a raíz de que «no se violentan los derechos» de los procesados ausentes al tener representación de abogados.
La Fiscalía General ha señalado que cuenta «con abundantes evidencias para que los procesados sean enviados a la etapa de juicio» por los delitos de asesinato, actos de terrorismo, conspiración para actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.
Los imputados en este proceso son el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y el exdiputado y exasesor jurídico del Ministerio de Defensa Rodolfo Parker.
Además, los militares retirados Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Joaquín Arnoldo Cerna, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
A la audiencia de este miércoles no se presentaron Cristiani, Parker, Bustillo, Zepeda ni Cerna.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenará en 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA.
No obstante, diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación y en 2020 la Sala de lo Penal de Corte Suprema cerró el caso.
Fue en febrero de 2022 que la Fiscalía presentó un nuevo requerimiento penal contra los señalados.
Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública salvadoreño Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.
Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos, ambas salvadoreñas.