El Salvador
jueves 14 de noviembre de 2024

Eugenio Chicas enfrenta audiencia por enriquecimiento ilícito

por Gabriela Cruz


Su esposa, hijo y exesposa forman parte de la acusación. Son señalados de sustraer más de $282 mil de las arcas del Estado.

El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, junto a su grupo familiar, enfrentó una audiencia probatoria en su contra tras ser acusado por el delito de enriquecimiento ilícito, presuntamente cometido cuando ejercía cargos públicos y que asciende los $282,494.21.

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que Chicas es demandado por 15 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales vinculadas a depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y adquisición de bienes, que alcanzan los $252,306.13.

En la acusación se suma su esposa Blanca Stefany Ayala Martínez por inconsistencias en su patrimonio, que ascienden los $11,282.00. También, el hijo del exfuncionario, Carlos Ernesto Chicas González, es señalado de no justificar $1,080.44.

Se incluye a la exesposa de Chicas, Ana Lucía Ramírez Ayala, quien presenta ocho inconsistencias en depósitos en efectivo, cheques y adquisición de vehículo por un monto de $17,825.64.

En total, el exmagistrado y su familia presentan irregularidades patrimoniales por un total de $282,494.21.

El que fuera funcionario de los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), habría sustraído este monto en el período en el que ejerció varios cargos públicos por casi una década, afirma la Fiscalía.

Chicas ejerció el cargo de magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, entre los años 2009 y el 2014. Posteriormente, director propietario de junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales, entre 2011 al 2014.

También desempeñó el cargo de secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República desde 2015 al 2018 y diputado propietario del Parlamento Centroamericano en distintos períodos entre 2018 y 2021.

 El ministerio público indicó a la prensa que cuenta con evidencia documental y financiera que demuestran que el exfuncionario y su familia cometieron el delito de enriquecimiento ilícito.