La Asamblea Legislativa aprobó la noche del miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción por 30 días, suspensión de garantías constitucionales que el gobierno utiliza para la guerra contra las pandillas.
El decreto, que contiene la vigésimo primera ampliación aprobada por 65 votos de los 84 diputados, señala que la suspensión de estas garantías sigue siendo necesaria «para llevar a cabo las acciones operativas idóneas y continuar dando seguridad frente a la amenaza de las organizaciones criminales y sus integrantes».
Agrega que «es ineludible reiterar que las estrategias de seguridad pública dirigidas la Presidencia de la República, y ejecutadas por el Gabinete de Seguridad, han generado una efectiva garantía del derecho a la vida de los salvadoreños, a partir de la reducción de los índices de homicidios en el país».
Según datos oficiales, en el contexto de la suspensión de garantías constitucionales suman más de 74,000 las detenciones, de las que más de 7,000 personas habrían salido en libertad condicional.
Para el gobierno salvadoreño, todos los detenidos son pandilleros o colaboradores.
El régimen fue aprobado a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios de las pandillas que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.