La Fiscalía General de la República de El Salvador reafirmó este jueves la acusación penal contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) por la supuesta malversación de más de 187 millones de dólares de fondos estatales con la presentación del dictamen de la etapa de la investigación judicial.
El ente de investigación acusó penalmente en agosto de 2022 al expresidente, que enfrenta un proceso por los delitos de lavado de dinero en un caso conocido como «Gastos Reservados 2014-2019» y que incluye a 18 personas más, según la fuente.
«Según las investigaciones, los exfuncionarios y empleados de Casa Presidencial desviaron fondos de la partida de gastos (reservados) y donativos, provenientes de China-Taiwán, a cuentas bancarias particulares», agregó la fuente.
Indicó que la Fiscalía solicitó en su escrito «que se admitan 900 elementos de prueba documental, 200 testigos y tres pericias financieras contables».
El traslado de recursos de la partida de gastos reservados a cuentas particulares, de acuerdo con el Ministerio Público, es el mismo método que utilizaron los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014) para desviar recursos en sus Administraciones.
Funes, asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016 y que recibió la nacionalidad de ese país en 2019, es procesado junto a más de 30 personas, incluidos algunos familiares, por el supuesto desvío y lavado de más de 351 millones de dólares.
Saca, el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por corrupción, purga una pena de 10 años de prisión que recibió en septiembre de 2018 por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal durante su gestión.
Sánchez Cerén, que también se encuentra en Nicaragua, ya era procesado por supuestamente recibir 530,000 dólares en sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente (2009-2014) y el país era gobernado por Funes.
El exmandatario es el cuarto presidente de la etapa democrática salvadoreña en tener una orden de captura en su contra por supuesta corrupción.
Además, ha enfrentado investigaciones por la desaparición del embajador de Sudáfrica en 1979 a manos del grupo guerrillero que el exmandatario dirigió durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).