La Asamblea Legislativa aprobó este viernes, con 78 votos a favor, el desafuero del diputado Alberto Romero, del partido ARENA, para que enfrente un proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Después que le quitaran el fuero constitucional, la Policía lo detuvo en las oficinas de la Asamblea por orden la Fiscalía General de la República para ser trasladado a bartolinas.
El Fiscal General Rodolfo Delgado solicitó el 23 de agosto pasado a la Asamblea Legislativa que retirara la inmunidad constitucional al diputado Alberto Romero.
Posteriormente, ese mismo día la Policía Nacional Civil detuvo a Romero por el delito de resistencia agresiva. La PNC sostiene que el legislador insultó a unos agentes policiales. Aparentemente el diputado arenero intentaba huir.
El Fiscal Genero recordó que Romero fue condenado recientemente en un proceso civil a reintegrar 445,766 dólares al Estado porque no pudo justificar el origen de ese dinero. El Ministerio Público amplió las investigaciones y determinó que el monto sin justificar asciende a más de 1.16 millones de dólares.
Desde el 23 de agosto, después de ser llevado a la Asamblea Legislativa por la Policía, el legislador se encontraba retenido en las instalaciones de la fracción de ARENA, donde este viernes, la Policía lo capturó por orden la Fiscalía.
La Fiscalía ha documentado que empleados de Romero depositaban mensualmente una cantidad de dinero a cuentas bancarias de la esposa del diputado arenero.
Demanda por acoso sexual
En el año 2018, cuando fungía como jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, enfrentó una demanda por acoso sexual por parte de una antigua empleada de su staff que ha pedido permanecer en el anonimato por protección.
La ofendida presentó la denuncia por medio de su representante legal, Johanna Evangelina Martínez, el pasado 6 de febrero a la Fiscalía General de la República.
Según la denuncia, en un principio existió una relación de trabajo cordial entre Romero y su empleada, pero el legislador pasó paulatinamente a emitir comentarios hacia su cuerpo, hasta el punto de realizar actos constitutivos de acoso sexual en el lugar de trabajo.
Por dicha razón la ex empleada de Romero decidió denunciarlo y solicitar por medio de su abogada una serie de medidas contempladas en el Régimen de Protección para Víctimas y Testigos, a fin que su identidad no fuera divulgada.
El caso no prosperó.