El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su gobierno sufrió «ataques sistemáticos» de «algunos países» por las «decisiones tomadas» para combatir la violencia en el país centroamericano.
Bukele habló sobre los «cambios» realizados en el país, como la sustitución del fiscal general y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) – cuyos procesos fueron cuestionados -, y aseguró que «fue en ese momento cuando comenzaron las condenas internacionales, algunos países, medios de comunicación, algunos expertos iniciaron ataques sistemáticos contra cada una de las decisiones que tomábamos».
El mandatario señaló que «personas que nunca usaron su poder e influencia para exigir seguridad para nuestra gente asesinada, de pronto estaban en contra de nuestras decisiones para detener la masacre».
Indicó que «países que nunca condenaron el asesinato de 30, 40 y hasta 50 salvadoreños por día, de pronto nos exigían explicaciones de por qué cambiamos al fiscal, a los magistrados o los jueces»
«¿No les parece absurdo que nos cuestionarán por eso?», expresó.
Bukele, que en 2024 buscará la reelección, aseguró que «si los hubiéramos escuchado seguiríamos perdiendo miles de salvadoreños a manos de los terroristas. Gracias a Dios no les hicimos caso».
«Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos. Intelectuales, periodistas, políticos y organizaciones de todas partes se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo», apuntó y añadió: «hoy vengo a decirles, ese debate se acabó y que las decisiones que tomamos fueron acertadas».
Bukele enfatizó que el país «ya no es la capital mundial de la muerte», sino que «hoy somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda, ahí están los resultados, son irrefutables», acotó.
Aseguró que su Gobierno está «construyendo más y mejores relaciones con países aliados que quieren ayudarnos a construir nuestro país, a construir nuestros sueños».
Además, sostuvo que «ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponer sus formas de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países».
«En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarnos (…) no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino nuestro derecho a tener la razón», agregó.
Desde marzo de 2022, la Asamblea Legislativa decretó un régimen de excepción para combatir a las pandillas y que contempla la suspensión de varios derechos constitucionales, como el derecho a la defensa administrativa de las personas detenidas.
Esta medida, que se ha convertido en la principal acción del Gobierno contra las maras, ha dejado a más de 72,600 detenidos.