La Asamblea Legislativa aprobó ayer, miércoles 30 de marzo, un fuerte endurecimiento de penas contra los miembros de pandillas en respuesta a la ola de homicidios que el país vivió el fin de semana y que llevó a la declaración de un régimen de excepción.
Esta medida fue solicitada por el presidente Nayib Bukele en el marco del régimen de excepción decretado el domingo por una escalada de los asesinatos y forma parte de un paquete de 8 iniciativas.
Este incremento de penas busca, según el decreto aprobado con 76 votos de 84 diputados, «reprimir y disuadir» a los miembros de las pandillas a cometer los delitos con penas más duras.
La reforma al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años.
Los legisladores también establecieron penas de entre 40 y 45 años de cárcel para «los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas».
Hasta antes de esta reforma, los pandilleros enfrentaban por el cargo de agrupaciones ilícitas penas de entre 3 y 5 años de cárcel, mientras que para sus cabecillas eran de 6 a 9 años.
La Asamblea Legislativa también se dispone a aprobar reformas al Código Procesal Penal para proteger las identidades de jueces y otros funcionarios en procesos penales relacionados con pandillas, además de eliminar la libertad condicional para delitos como el homicidio.
El resto de reformas está relacionado con penas de prisión para menores de edad y la imposición de penas de entre 20 y 30 años de cárcel para los pandilleros relacionados con narcotráfico y extorsiones a ciudadanos y comerciantes.
El Gobierno también pidió 80 millones de dólares, de los que 20 serán para el Ejército y 60 para rearmar a las fuerzas de seguridad, además de una ley para entregar recompensas a quienes denuncien o entreguen a pandillero.
Las reformas entrarán en vigencia luego de su publicación en el Diario Oficial, que puede ser este jueves.
Las últimas cifras de homicidios en El Salvador indican una estabilización de la crisis que sufrió el país el pasado fin de semana, con más de 80 asesinatos.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el martes no se registraron homicidios, mientras en las últimas horas anunció la muerte de dos supuestos pandilleros a manos de agentes, quienes habrían sido atacados a tiros, según la versión oficial.
El país se encuentra bajo régimen de excepción desde el domingo, por lo que los ciudadanos tienen suspendidos los derechos de reunión, asociación, defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Esta medida extraordinaria se tomó después de que se perpetraron 62 homicidios el sábado 26 de marzo, que se convirtió en el día más mortífero en la historia reciente de El Salvador.
El Ejecutivo atribuye los homicidios a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS13), y ha incrementado los operativos militares y policiales en diferentes colonias populosas dominadas por las maras. Hasta la noche del martes, las autoridades reportaban más de 2,000 detenciones.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones y generado picos de violencia a través de los años.