La Fiscalía General de la República anunció este viernes que un Juzgado de Extinción de Dominio autorizó su solicitud de embargo contra el partido ARENA, por su responsabilidad en el desvío de $10 millones donados por el gobierno de Taiwán, para los afectados de los terremotos de 2001.
Según la entidad, con dichas acciones se pretende la recuperación del dinero que habría ido a parar a las arcas del partido a principios de siglo. De momento, no se ha especificado qué bienes pasarían a proceso de extinción de dominio.
El pasado 24 de junio, el fiscal general Rodolfo Delgado, anunció el inicio de un proceso civil contra el partido ARENA y contra los herederos del fallecido Mauricio Samayoa, antiguo dueño del banco que habría participado en el desvío de los fondos, canalizados durante el gobierno de Francisco Flores (1999-2004).
Como parte del embargo, realizado mediante un fuerte operativo policial, se inmovilizaron dos inmuebles y 17 vehículos, además de la deuda política relativa a las últimas elecciones, por un monto de $2.9 millones. El total de lo inmovilizado asciende a $3.9 millones, de acuerdo con la Fiscalía.
En 2014, la Fiscalía estableció que los millones donados por Taiwán pasaron por el Centro de Estudios Políticos Antonio Rodríguez Porth y luego fueron a parar a una cuenta del partido ARENA para ser utilizados en la campaña presidencial de Elías Antonio Saca, quien actualmente guarda prisión en el centro penal La Esperanza (Mariona).
El proceso para determinar la responsabilidad civil del partido ARENA en el desvío de los donativos de Taiwán, data desde 2019. El 5 de julio de ese año, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ordenó llamar a un representante legal del partido ARENA para que se estableciera una responsabilidad civil en el caso de Taiwán.
Ese mismo día, mediante un comunicado, la Cámara estableció que el partido se encuentra “directamente vinculado” en el caso Taiwán, pues se le relaciona como la “entidad beneficiaria” con los fondos distribuidos.
“Debido a dicha situación, se ha ordenado que en la audiencia especial de determinación de responsabilidad civil, a realizarse por el juzgado 2° de Instrucción de San Salvador, se debe citar al representante legal de dicho partido político, con el objeto que pueda ejercer su derecho de defensa”, señala el comunicado.
Todo comenzó el 1 de marzo de ese mismo año, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expresidente Elías Antonio Saca y otros exfuncionarios de ARENA de haber desviado dichos donativos. El caso llegó a los tribunales, pero los abogados defensores alegaron ante la Cámara que el caso había prescrito en 2014.
La Cámara les dio la razón; sin embargo, ordenó al Juzgado Segundo de Instrucción realizar una audiencia especial para determinar la responsabilidad civil de los sujetos o instituto político implicado.
En 2014, el expresidente Francisco Flores fue presentado ante los juzgados por el desvío de los donativos y fue acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, pero no por lavado de dinero. La causa llegó a juicio en 2015 y en 2016, días antes de iniciar el proceso de vista pública, pero Flores murió debido a un derrame cerebral.
En el caso presentado en marzo pasado, la Fiscalía mencionó en el expediente del caso a Francisco Flores y Mauricio Samayoa, expresidente del Banco Cuscatlán, pero solicitó sobreseimiento definitivo para ambos debido a que ya fallecieron.
El dinero canalizado en el gobierno de Flores nunca llegó a sus destinatarios, sino que fue depositado en distintas cuentas bancarias del extranjero. Finalmente el dinero llegó a una cuenta del partido ARENA y, según la investigación fiscal, sirvió para la campaña presidencial de Antonio Saca.