José Luis Merino, excomandante guerrillero conocido en la insurgencia con el sobrenombre de “Ramiro”, y que por más de 40 años ha sido uno de los principales dirigentes del FMLN, tanto en su fase de guerrilla como en la vida política, ha sido designado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como una persona que “deliberadamente se han involucrado en acciones que socavan Procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de las investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras”.
El documento, revelado este jueves por el Departamento de Estado, lleva por nombre: “Ley de asignaciones de programas, 2021”, pero es conocido “Lista Engel”, en honor al congresista federal del Partido Demócrata, Eliott Engel, quien propuso una ley para castigar a los políticos señalados de actos de corrupción en los tres países antes mencionados.
La lista desclasificada identifica en su apartado a José Luis Merino de esta forma: “ex Viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, incurrió en corrupción significativa durante su mandato a través de sobornos. También participó en un plan de blanqueo de capitales”.
El prontuario de señalamientos contra Merino
José Luis Merino ha aparecido como señalado por actos de corrupción en los últimos años, por parte de autoridades de los Estados Unidos. Entre otras cosas, se le cuestiona el desvío de $400 millones de dinero de Alba Petróleos hacia cuentas offshore en Panamá, junto con su hermano, Ismael Merino Cabrera.
Alba Petróleos de El Salvador era un consorcio financiado con fondos estatales venezolanos. Y su principal albacea en El Salvador era José Luis Merino. Actualmente, Alba Petróleos está siendo investigada por indicios de haber lavado, entre los años 2010 y 2017, más de $438 millones.
El 31 de mayo de 2019, la Fiscalía General allanó las oficinas de Alba Petróleos y 26 empresas relacionadas a presunto lavado de dinero. La FGR también allanó la oficina de José Luis Merino.
En esa ocasión, un grupo de fiscales y policías llegó a la oficina central de Alba Petróleos, ubicada en el bulevar Orden de Malta de Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Ese mismo año había trascendido que el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con los Departamentos de Defensa y Justicia, habían añadido a José Luis Merino en otra lista de antiguos o actuales funcionarios del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras), que están vinculados con actos de corrupción.
La información fue dada a conocer por el Departamento de Estado a través de documentos desclasificados.
En el informe compartido por el Departamento, se señaló a Merino como beneficiario de Alba Petróleos, compañía cuyas acciones pertenecen en un 60% a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que fue sancionada por Estados Unidos en 2019.
En octubre de 2016, la prestigiosa publicación Foreing Policy lanzó un artículo denominado “Para lograr la paz verdadera en Colombia, vayan tras el dinero de las FARC”, en el que se calificó a Merino como “el hombre de las FARC en El Salvador”, además de ser un prestanombres que encubría dinero para la exguerrilla colombiana en diversas cuentas.
El 19 de junio de 2017, un grupo congresistas federales estadounidense escribió al entonces secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, a quien le solicitaron una investigación contra las “actividades bancarias de Merino”, que apuntan hacia asociaciones de larga data con organizaciones transnacionales que son objeto de investigaciones penales estadounidenses por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales.
La carta dice, además, que Merino “adquirió cientos de millones de dólares en riquezas inexplicables mientras ayudaba a las guerrillas de las FARC con elementos corruptos del gobierno venezolano y otros grupos delictivos a mover los fondos a un puerto seguro”.
Diversas personalidades y entidades en Estados Unidos han denunciado los nexos de Merino con el crimen organizado internacional. A finales de junio de 2020, la entonces presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, dijo que es urgente que José Luis Merino sea nombrado capo del narcotráfico.
En agosto de 2018, congresistas estadounidenses pidieron al entonces presidente Donald Trump, sancionar a José Luis Merino con la Ley Magnitsky por su presunta vinculación con corrupción y crimen organizado.
Incluso, los congresistas le enviaron a Trump un documento en el que había una descripción sobre las actividades de José Luis Merino. El informe decía lo siguiente: “José Luis Merino es un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES S.A. de C.V, actualmente atrapada en una disputa multimillonaria”.