La Fiscalía General de la República acusó formalmente este domingo a 10 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) por presuntamente haber recibido sobresueldos durante el tiempo en que ejercieron sus respectivos cargos.
En el entramado, que la Fiscalía ha dado a llamar “Caso Desfalco”, el Ministerio Público acusa a los exmiembros del gabinete por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
Ante el Juzgado 2° de Paz de San Salvador fueron presentados en calidad de acusados: Violeta Menjivar, Carlos Cáceres, Hugo Flores, Erlinda Handal y Calixto Mejía. Durante el gobierno de Funes, cada uno ejerció respectivamente los cargos de viceministra de Salud, ministro de Hacienda, viceministro de Agricultura y Ganadería, viceministra de Ciencia y Tecnología y viceministro de Trabajo.
Además de su papel en el gobierno, la mayoría de los detenidos el pasado jueves y presentados este domingo ante la justicia, son importantes dirigentes del otrora partido oficial, FMLN. En el caso de Erlinda Handal, ella es además hija del emblemático líder efemelenista, el fallecido Schafik Handal.
Dentro de la acusación figura además el expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien durante el mandato de Funes fue vicepresidente y ministro de Educación ad-honorem. De acuerdo con reportes migratorios, el también excomandante guerrillero habría salido del país desde diciembre pasado y no habría regresado.
Otros imputados que no han sido capturados son el exministro de Agricultura y Ganadería, Guillermo López Suárez; el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, el exministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar y la entonces viceministra del Medio Ambiente, Lina Pohl Alfaro.
La fiscal del caso señaló que cada uno de los involucrados recibía su sobresueldo en el despacho del entonces Secretario Privado de la Presidencia, Francisco Cáceres. Todos los exfuncionarios debían acordar que el dinero no debía ser declarado al fisco ni introducido al sistema financiero.
«La FGR ha realizado la conclusión de una investigación en contra de varios exfuncionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes, todas estas personas contribuyeron al desfalco de $350 millones al Estado», dijo el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien también aseguró que la investigación inició en 2019 con el caso Saqueo Público.
Se estima que solo entre esta red de exfuncionarios acusados, se habrían movido más de $2.5 millones en concepto de sobresueldos.