El exempresario de la basura, Enrique Rais, ha sido designado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como una persona que “deliberadamente se han involucrado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de las investigaciones sobre dicha corrupción».
El listado del gobierno norteamericano se denomina de forma oficial: “Ley de asignaciones de programas 2021”, pero es conocido “Lista Engel”, en honor al congresista federal del Partido Demócrata, Eliott Engel, quien antes de retirarse de una carrera de 32 años en el Congreso, propuso una ley para castigar a los políticos señalados de actos de corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.
La lista desclasificada, producto de la Ley aprobada en diciembre pasado en el Congreso, menciona de Enrique Rais lo siguiente: “participó de corrupción significativa y socavamiento de procesos o instituciones democráticas al sobornar a funcionarios públicos”.
Este representa un duro golpe a la credibilidad de Enrique Rais, que ha contratados un ejército de abogados y comunicadores, para lavar su imagen salpicada por actos de crimen organizado y corrupción, que lo han hecho huir del país desde enero de 2017.
El 22 de agosto de 2016, Rais y su equipo legal fueron citados a las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República para cumplir con una diligencia relacionada con su litigio por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) y salieron bajo una fuerte custodia judicial para enfrentar para enfrentar cargos como cohecho propio (dar sobornos), fraude procesal y falsedad documental.
A casi cinco años de su arresto y su breve encarcelamiento, el prófugo se ha dedicado a usar sus abogados y a portales digitales de noticias para desvirtuar cualquier acusación en su contra y dilatar los procesos judiciales que enfrenta.
En febrero de 2018, Interpol confirmó la entrada en vigencia de una difusión roja en contra del exempresario de la basura, que autoriza su localización y captura en todos los países en los que la entidad tiene jurisdicción.
FOTO: D1/ARCHIVO
Casos del prófugo Enrique Rais
La Fiscalía ordenó la captura de Rais por encabezar una red de corrupción judicial, en la que jueces, fiscales y abogados, estaban a su servicio para garantizarle impunidad y perseguir a sus enemigos empresariales.
Por este caso recibió medidas sustitutivas al arresto en agosto de 2016, pero cinco meses más tarde, una Cámara anuló la decisión judicial de dejar libre a Rais y ordenó su regreso a prisión, lo que propició su huída.
Se presume que desde enero de 2017, cuando desacató dicha orden de regresar a la cárcel, Rais se oculta en Suiza, país del que es ciudadano y que no tiene un tratado de extradición con El Salvador.
En febrero de 2019, Interpol publicó la segunda orden de captura contra Rais por su participación en el denominado “Caso Corruptela”, el cual según la Fiscalía, implicó una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez, quién además era el principal beneficiario de dichos sobornos.
A la luz de las investigaciones, Rais figura dentro de una serie de personajes que habrían sobornado al exfiscal Luis Martínez para que no fuera investigado por varios casos en los que estaba implicados, como el de la referida red de corrupción judicial que fabricaba pruebas para incriminar a sus enemigos empresariales.
Esto, pese a que el Centro de Escuchas de la Fiscalía interceptó una serie de llamadas telefónicas en las que Rais coordinaba con uno de sus abogados el armado de peritajes psicológicos y otra serie de pruebas. Las investigaciones en contra del exempresario fueron detenidas por orden del entonces fiscal Luis Martínez.
Martínez además procuró que se persiguiera legalmente a enemigos de Rais como Mario Calderón, Claudia Herrera y los empresarios canadienses Franco Pacetti y Matteo Pasquale, con quienes mantiene un litigio por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).
Foto D1. Archivo.
En el caso “Corruptela”, Rais está señalado por el delito de cohecho activo en perjuicio de la administración pública. La Fiscalía sostiene que Martínez y su séquito de colaboradores contratados en a través de consultorías fantasmas, percibieron más de $1.5 millones en sobornos.
Por su parte el exfiscal Luis Martínez, quien guarda prisión en el penal de Mariona desde 2017, acumula en este proceso 10 delitos, entre ellos lavado de dinero. El Ministerio Público sostiene que con los sobornos de Rais y Funes, se pagaron remodelaciones de la vivienda del entonces funcionario en Nuevo Cuscatlán, blindaje de una camioneta de lujo, pago de recibos de telefonía y unos viáticos irregulares con los que el exfiscal y su séquito compraban artículos lujosos.
Hugo Blanco Rais, sobrino y parte del equipo legal de Enrique Rais, encara en este caso el delito de cohecho activo; en tanto que Aldo Parducci es acusado de cohecho activo y falsedad ideológica. En cuanto a Francisco Paredes, la Fiscalía lo acusa por omisión de investigación, falsedad documental agravada y privación de libertad por funcionario o empleado público.
En enero de 2019, la Fiscalía interpuso una demanda contra Rais por haber manipulado pruebas en contra de los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, a quienes acusó de haberlo extorsionado con las acciones de la empresa (MIDES), encargada de procesar la basura de varios municipios del país.
De acuerdo con la acusación, Enrique Rais se alió con el entonces fiscal general, Luis Martínez, para armar un proceso penal en contra de los empresarios canadienses. Para ello fabricaron pruebas falsas. Los otros cómplices fueron sus abogados Wilfredo Gutiérrez y Héctor Grimaldi. También su sobrino Hugo Blanco Rais.
El exempresario de la basura habría comprado a un funcionario de Medicina Legal para que elaborara peritajes psicológicos en los que se estableciera que Enrique Rais y Hugo Blanco Rais presentaban traumas y afectaciones psicológicas a raíz de que estaban sufriendo el delito de extorsión por parte de los canadienses.
Pero todo eso fue falso. El objetivo de Rais era neutralizar a los canadienses para no cancelar una deuda millonaria. Por tal caso, no se ha decretado orden de captura.