Mediante la aprobación de dictámenes favorables que no correspondía con lo discutido en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, durante los debates para aprobar presupuestos generales de la nación en años anteriores, se destinaba dinero a oenegés, sin que la población pendiente de las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa se dieran cuenta.
A esta conclusión llegó este viernes la Comisión Especial para investigar el destino final de los fondos que la Asamblea Legislativa ha aprobado para Organizaciones, Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, luego de recabar documentos y otra información, en dos semanas de labor.
«Luego de hacer un análisis de la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda y también por la Unidad de Seguimiento al Presupuesto de la Asamblea, hemos podido encontrar una serie de indicios de corrupción tal cual nosotros lo habíamos denunciado», sostuvo la presidenta de la Comisión, Alexia Rivas.
Rivas se refirió a que las discusiones emanadas de la comisión legislativa permanente encargada de la aprobación del presupuesto general de la nación, no coincidieron en varios casos con el dictamen que subía al pleno. Esto se comprobó, de acuerdo con la diputada, a través de la revisión de las grabaciones magnetofónicas de las comisiones.
Para esto, las legislaturas pasadas se apoyaron, agregó la diputada, en una reforma realizada en 2007 al artículo 70 inciso dos del Reglamento Interior de la Asamblea,que permitía la omisión de la lectura completa en el pleno de los presupuestos generales de la nación.
«Es decir, esa era la forma en la cual ocultaban cuáles iban a ser esas modificaciones que se iban a dar a las colas presupuestarias. Esto viola también el principio de máxima publicidad y discusión que se debe dar en el seno de la Asamblea Legislativa», aseguró la diputada.
Rivas también indicó que, dependiendo los hallazgos, se juramentará a abogados penalistas para establecer acusaciones formales. La presidenta de la comisión dijo contar con suficientes pruebas para robustecer el proceso y destacó el rol que la Fiscalía General de la República jugará en llevar a quienes puedan resultar señalados por arbitrariedades ante la justicia.
Por otra parte, la diputada recalca que la comisión no cuenta con evidencia relacionada al uso que las oenegés le daban al dinero que obtenían del gasto público para todo un ejercicio fiscal: “Hay oenegés que han recibido $10 millones, otras $7 millones, otras $5 mil, pero no se sabe para qué han utilizado ese dinero. Sabemos que sí están vinculadas directamente a exdiputados que fueron los que aprobaron fondos para sus propias fundaciones», estableció.
El pasado miércoles, el Ministerio de Hacienda entregó un informe que consigna que, En un lapso de 11 años comprendido entre 2010 a 2021, legislaturas pasadas entregaron $273 millones a oenegés, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, a través de partidas asignadas en la discusión de los presupuestos generales de la nación.
El lunes de esta misma semana, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, recalcó que una de las razones por las que se creó una comisión especial para investigar la asignación de fondos públicos a las oenegés, mencionó Callejas, es que algunas de estas han sido creadas por diputados a lo largo de los años.
Uno de los casos más emblemáticos que salió a la luz sobre la entrega irregular de dinero a oenegés fue el caso de Guillermo Gallegos, quien mientras presidió la Asamblea Legislativa, concedió durante dos años $550 mil del presupuesto general de la nación a una asociación fundada por su esposa.
Según una investigación del periódico digital El Faro, dicha organización se benefició de un mecanismo discrecional de asignación de recursos en el que él mismo participó con su voto, y del que no estaría del todo claro su uso.