La conformación de la Asamblea Legislativa para el período 2021-2024 en El Salvador supone una reducción de más del 11 % de la elección de mujeres como diputadas en el país centroamericano y son 27,38 % del total de diputaciones, a pesar de que representan más del 50 % de la población.
Los salvadoreños únicamente eligieron a 23 mujeres para el Congreso el pasado 28 de febrero, tres menos que las 26 de la legislatura anterior.
Con estos datos, la Asamblea Legislativa es el órgano de Estado con la menor representación de mujeres en sus altos cargos.
De acuerdo con un análisis de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), la cifra más alta de diputadas en la Asamblea Legislativa en las últimas cinco elecciones fue de 27.
En la legislatura 2009-2012 se registraron 16 diputadas, en el período 2012-2015 alcanzó las 27, cifra que bajó a 26 para el lapso de 2015-2018 y se mantuvo en 2018-2021.
Para Ormusa, «la representación de las mujeres como funcionarias o en puesto de toma de decisión es vital para la igualdad de género, además de ser un derecho es de suma importancia para impulsar políticas públicas, leyes o cambios que impacten de manera positiva la sociedad».
No obstante, señala que «la participación de las mujeres electas en instancias del Estado como la Asamblea Legislativa» o en puestos de importancia en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) «continúa siendo minoritaria».
De los 15 magistrados que forman el pleno de la CSJ únicamente cinco son mujeres, lo que representa el 33 %, y ninguna de las cuatro salas que forman dicho órgano es presidida por una mujer.
El órgano Ejecutivo es el que más mujeres tiene en puestos de decisión.
De acuerdo con el portal de transparencia del Gobierno, hasta octubre de 2020 aproximadamente el 44 % de los 16 ministerios estaban en manos de mujeres con 7 ministras.
Este dato cayó al 37 % con la salida de la ministra de Cultura, Suecy Callejas, quien dejó el puesto para participar en las elecciones legislativas y ganar una diputación por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).
Violencia machista
Celia Medrano, candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo a Efe que en la campaña electoral para los comicios de febrero pasado utilizó la agresión contra mujeres como una estrategia.
«Hemos atestiguado una campaña política no solo permisiva a la violencia contra mujeres candidatas para cargos públicos o que ejercen sus derechos políticos, sino que también avala el uso de agresión contra las mujeres como instrumento proselitista que logra aceptación en sociedades conservadoras y machistas», indicó.
Añadió que «los partidos políticos reproducen aún estos aspectos» y la participación que permiten a las mujeres en sus estructuras «en la mayoría de casos no es a niveles de dirección».
«La participación política de las mujeres disminuye en términos generales puesto que motivar a mujeres a incursionar en política y asumir responsabilidades públicas es un esfuerzo que requiere constancia y medidas que incentiven a participar», acotó.
Advirtió que el hecho que haya mujeres diputadas «no significa automáticamente que ello favorece a los derechos de las mujeres, puesto que algunas han obtenido la diputación sobre la base de jurar lealtad a una figura autoritaria y patriarcal y sin oponerse a violencia ejercida desde actores vinculados con su partido político o partidos aliados».
El Salvador es considerado por Amnistía Internacional (AI) como uno de los países más peligrosos para las mujeres por los niveles de feminicidios y de violencia machista que sufren.
De acuerdo con la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, del Ministerio de Economía, en El Salvador viven 3.549.068 mujeres y son aproximadamente el 53 % de la población.