La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema le dio la razón este lunes a la Asamblea Legislativa, sobre el gobierno de Nayib Bukele, en una controversia generada a partir del veto presidencial a las reformas de la Ley de Bienestar Magisterial, que permite a los maestros pensionados recibir atención médica en esa entidad y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La reforma, aprobada en octubre pasado en el Legislativo, comprende cinco artículos y contempla, entre otras cosas, darle la opción a docentes en la etapa de retiro, a seguir sus cotizaciones en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM).
Esto, debido a que el gremio magisterial, una vez pasa a jubilarse, deja de percibir beneficios del ISBM y pasa a recibir atención médica del ISSS.
El decreto legislativo fue vetado por Bukele, quien alegó inconstitucionalidad del Artículo 226 de la Constitución, es decir, el que establece el principio de balance presupuestario. El jefe de estado también alegó que no hubo por parte de la Asamblea Legislativa, un estudio del impacto de dicha medida, acordada en el contexto de la actual pandemia.
El veto fue superado por mayoría calificada de diputados el 12 de noviembre pasado, y por ende, enviado a la Sala de lo Constitucional, que ordenó al presidente Bukele la sanción del decreto y publicación en el Diario Oficial.
Respecto a la constitucionalidad del decreto, la Sala estableció en su sentencia: “La razón es que el contenido del referido decreto mencionado no distorsiona la planificación del Órgano Ejecutivo ni representa alteración alguna al equilibrio presupuestario, pues, al ser disposiciones con un contenido material de carácter prestacional, el presupuesto general del Estado no ha sido reformado ni establece asignaciones, cantidades, partidas o cifras concretas que deban reformarse y reorientarse para dar cumplimiento al decreto en cuestión”.
Como en ocasiones anteriores, si el presidente se rehusa a sancionar y publicar el decreto, será el titular de la Asamblea Legislativa, el que está facultado por la Sala de lo Constitucional, para hacerlo.
El fallo fue firmado por los magistrados Aldo Cáder Camilot, Carlos Sánchez Escobar, Carlos Avilés Velásquez y Marina Marenco de Torrento.
De acuerdo con el más reciente Informe de Coyuntura Legal de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Nayib Bukele ha vetado 45 decretos legislativos en poco más de año y medio de gobierno, con lo que se aproxima a la marca de 59 vetos, establecida por el fallecido Francisco Flores Pérez, entre 1999 y 2004.