Paolo Lüers –un guerrillero internacionalista que combatió en la guerra en El Salvador como parte de una de las organizaciones que conformaban el FMLN− podría perder la ciudadanía salvadoreña, de llegar a aprobarse una ley contra aquellos que después de lograr la naturalización como salvadoreños hayan mostrado conductas afines y asociaciones con grupos terroristas.
Walter Araujo, excandidato a diputado por Nuevas Ideas, dijo en su cuenta de Twitter que ya estaría listo el anteproyecto de ley, el cual sería presentado en la próxima legislatura, que tomará posesión el próximo 1 de mayo.
De 84 escaños en la Asamblea Legislativa, la legislatura entrante tendrá 61 diputados provenientes de los partidos Nuevas Ideas (NI) y Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aliados al presidente Nayib Bukele.
Nacido en Alemania, en la década de los años ochenta, Paolo Luers vino al país y se incorporó a la guerrilla en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Con fusil en mano combatió en las montañas del país. Cuando finalizó la guerra se quedó en El Salvador. Durante varios años administró un bar. Ahora es columnista en un periódico.
Uno de los episodios que más se le cuestionan a Lüers, fue cuando intentó callar a un reportero de televisión, que a través de una hilera de tweets daba cuenta de los detalles comprendidos en el expediente del caso denominado “Operación Cuscatlán”, en el cual se ventilaron los beneficios que recibieron las pandillas en los gobiernos del FMLN.
“Lo cuentas como si hubieras estado ahí. Pero todo es testimonio de criteriados. Cuidadito”, fue la advertencia que usó Lüers hacia el reportero, en febrero del año pasado.
Ese mismo mes, fue requerido por el juzgado Segundo de Paz de San Salvador para ser notificado de los delitos por los que se le acusa en el caso de negociación con pandillas.
La Fiscalía General acusó al excantinero y a otras siete personas por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas. Los fiscales que presentaron el requerimiento pidieron medidas sustitutivas a la detención a cambio de una fianza de $100 mil.
Según el requerimiento que la Fiscalía presentó a la Asamblea, después de la derrota en la primera vuelta de las presidenciales de 2014, el candidato de ARENA, Norman Quijano, llamó a Paolo Lüers para pedirle que se acercara a las pandillas para negociar favores políticos a cambio de dinero.
Lüers le habría tomado la palabra y buscó a Raúl Mijango que a su vez llamó a los cabecillas más importantes. Fue él, el mediador, el que en nombre de ARENA pagó 100 mil dólares a la MS y a las dos facciones del Barrio 18.
En 2012, Lüers se convirtió en uno de los defensores de la tregua entre pandillas. Fue uno de los rostros visibles de esa política de Estado cuestionada por haber fortalecido a las pandillas.
Desde entonces, Paolo Lüers comenzó a defender pandilleros. Por eso ha sido criticado ampliamente.
Lüers ha salido salpicado en varias declaraciones judiciales. Cuando fue declarada en firme la sentencia contra los implicados en el caso “Operación Cuscatlán”, en el documento se lee que según la prueba que desfiló en el juicio: “deberán individualizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los ciudadanos Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén en su calidad de Presidentes de la República, Arístides Valencia, David Victoriano Munguía Payés y Benito Lara, como Ministros e integrantes del Gabinete de Seguridad; la persona de nombre Wilson quien fungía como miembro de una ONG vinculada al partido FMLN y el señor Paolo Lüers”.
Durante los alegatos de ese juicio, un testigo dijo que Lüers trató de asesorar la instalación de una segunda tregua entre pandillas, con la ayuda de fundaciones y organismos nacionales y extranjeros.
Un testigo dio cuenta en 2019 de varias reuniones en las que se hablaban sobre ataques que había efectuado la Policía Nacional Civil (PNC) y plantear una nueva tregua, para lo cual se reunirían con Paolo Lüers, una representante de la Embajada de Alemania, miembros del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) y un movimiento del partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y representantes de la pandilla contraria.
De igual forma, durante un proceso judicial contra el mediador de dicha tregua, Raúl Mijango, a quien se acusó de extorsionar a una empresa y provocarle pérdidas por $355 mil, un testigo relató que se reunieron en varias ocasiones para la planificación de dichas extorsiones en un negocio propiedad de Paolo Lüers, quien según el testigo, “les debía favores porque no pagaba extorsión y por eso se los prestaba”.