El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, responsabilizó este jueves a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa de cualquier desvío de dinero estatal al pago de supuestas plazas fantasmas en dicho Órgano de Estado y dijo esperar que los diputados que componen la Junta, respondan ante cualquier desfalco.
Lo anterior fue dicho en declaraciones a la prensa, a quienes dijo que anunciaría su decisión sobre el deposito de las planillas de los empleados legislativos correspondiente a este mes de mayo, que debía ser aplicado este jueves.
Zelaya dijo que los $3.3 millones que cada mes su cartera deposita al legislativo en concepto de salarios, serán transferidos sin demora, luego que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, confirmara mediante una carta que los 2,400 empleados legislativos, devengaron su salario, y que estas son prestaciones líquidas y exigibles.
También sostuvo que no quiere perjudicar a los empleados que desempeñan sus funciones de manera puntual y que cumplen con su horario, por eso la decisión de depositar los salarios.
El funcionario alegó que no quería incurrir en un posible peculado culposo, al pagar con dinero del Estado a personas que no han llegado a desempeñar sus labores, y que para comprobar esto, no tiene acceso a las planillas que maneja la Asamble Legislativa.
Agregó que desde el inicio de la legislatura 2018-2021, Hacienda ha transferido $150 millones para el pago de salarios de los empleados legislativos. Según denuncias trascendidas semanas atrás, la mitad de los 2,400 empleados con los que actualmente cuenta el Órgano, serían supuestas plazas fantasmas.
Por lo consiguiente, Zelaya señaló que $75 millones habrían sido usados para el pago de dichas plazas, por lo que anunció que notificará de la situación a la Fiscalía General de la República (FGR), a fin que deduzca responsabilidades y judicialice cualquier delito.
No es la primera vez que ha habido un desencuentro entre la Asamblea y el Gobierno por el tema de los salarios. El año pasado, Hacienda atribuyó el no pago de salarios del mes de septiembre, a la estrechez de recursos provocada por la pandemia de la Covid-19, al punto de condicionar estos depósitos, a la aprobación de préstamos para combatir el avance del virus.
La situación se da en el marco de las investigaciones desplegadas por la Fiscalía para investigar la existencia de presuntas plazas fantasmas en la Asamblea. El Ministerio Público intervino por varios días el edificio legislativo para incautar registros de marcas biométricas, nóminas de empleados y cualquier otro indicio que corrobore las denuncias, que han tenido eco en el gobierno.
“Nosotros nos tomamos muy en serio todo lo que afecta al Estado, y en el momento que hemos tenido conocimiento que, hay posibles irregularidades en el otorgamiento de plazas fantasmas en la Asamblea, hemos abierto el expediente correspondiente”, dijo el pasado martes German Arriaza, jefe de la Unidad Anticorrupción e Impunidad de la Fiscalía.
El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), denunció a principios de mes que muchos empleados legislativos buscaban afiliarse a dicha unión, para evitar posibles despidos a cargo de la próxima legislatura, de abrumadora mayoría oficialista.
De la misma forma reveló que algunas fracciones políticas buscaban trasladar a sus empleados a plazas institucionales, con ese mismo fin. Estas denuncias despertaron los señalamientos de supuestas plazas fantasmas.
Diputados de diversas bancadas, principalmente aquellos que no lograron su reelección en las pasadas elecciones del 28 de febrero, no se han mostrado sorprendidos por los reportes, y afirmaron que cada grupo partidario tiene personal que cobra salario sin llegar a trabajar y consideraron que la obligación legal de Hacienda es transferir los salarios de sus empleados.