El escrutinio final de las elecciones legislativas del domingo pasado en El Salvador superó este sábado el 64 % de las actas tras superar un atraso por discrepancias de los partidos con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El ente colegiado aseguró en sus redes sociales que las mesas de escrutinio procesaron al menos 5.449 actas de las 8.451 de todo el país, equivalente al 64,48 %.
Añadió que «las mesas que ya terminaron de procesar las actas de diputaciones a la Asamblea Legislativa comenzaron desde ayer a verificar los resultados del Parlacen (Parlamento Centroamericano)» con un avance del 3 %.
El TSE modificó el instructivo que rige el escrutinio para que todos los partidos tengan representación en las mesas en las que se realiza el recuento de votos a raíz de los señalamientos de falta de transparencia, principalmente del oficialista Nuevas Ideas (NI).
En el hotel en el que se realiza el escrutinio, que legalmente es el que deja en firme los resultados, se han presentado diversos funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele, pero como representantes de NI.
La jefa del Gabinete del Gobierno, Carolina Recinos, calificó de «positivo» el acuerdo que alcanzaron con el TSE, pero señaló que siguen «apareciendo inconsistencias» en algunas actas.
Algunos miembros de las Juntas Electorales Departamentales (JED) denunciaron el viernes que el TSE decidió dejarlos fuera del escrutinio ante supuestas «presiones» del oficialismo.
De acuerdo con el Código Electoral, «los miembros de las Juntas Electorales Departamentales estarán obligados a presentarse al escrutinio final».
En los comicios del domingo pasado asistieron a las urnas más de 2,7 millones de salvadoreños, de los 5,3 millones convocados, y dieron al partido del presidente Bukele el control de la Asamblea Legislativa.
Según el escrutinio preliminar, NI llegaría a 56 legisladores y alcanzaría la mayoría calificada, con lo que no necesitaría de ninguna alianza para aprobar cualquier iniciativa del mandatario.
Ese número de legisladores le permitiría a NI elegir a magistrados de la Corte Suprema y Corte de Cuentas, además del fiscal general y el procurador de Derechos Humanos.