Más de diez tipos distintos de irrespetos a derechos humanos fueron consignados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe correspondiente al 2020 sobre Prácticas de Derechos Humanos, en su apartado en El Salvador.
De estos, el evento que más se resalta es el de la irrupción de militares al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero de 2020. El informe de más de diez mil palabras publicado este martes por el Departamento de Estado, sostiene que la ocupación militar del Legislativo, fue una muestra que las autoridades civiles “a veces no mantienen control efectivo sobre las fuerzas de seguridad en el país”.
Asimismo, el evento fue catalogado por la diplomacia estadounidense como un irrespeto a la independencia de poderes en el país en el pasado año: “A pesar que la Constitución promueve la independencia judicial, el gobierno no siempre respetó la independencia judicial, y la jurisprudencia se ha visto cargada con ineficiencia”, sostiene el informe.
El informe retoma las palabras de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre el 9 de febrero, en la que se consideraron las acciones como “un riesgo para el sistema democrático, republicano y representativo; el sistema político pluralista, y en cierta forma, la separación de poderes”.
“Observadores notan que si bien, en aquel tiempo, el presidente (Nayib) Bukele creía que sus acciones estaban justificadas en base a la asesoría de sus consejeros legales, su subsecuente aquiescencia al fallo de la Sala de lo Constitucional en la que se prohibió actos futuros de esa índole, demostraron la independencia del poder judicial” remarca el Departamento de Estado.
El Departamento de Estado no dejó de señalar, la inobservancia y las quejas que “algunas agencias” del gobierno mostraron a los fallos de la Sala de lo Constitucional el pasado 2020.
La oficina del gobierno federal estadounidense con sede en Washington, sostiene que en 2020 se reportaron diversas violaciones a los derechos humanos en el país, como: alegatos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos a miembros de pandillas y a fuerzas de seguridad, desapariciones forzadas; casos de tortura y tratos crueles por parte de cuerpos de seguridad; condiciones inhumanas en las cárceles; detenciones arbitrarias; violaciones a la independencia judicial; serias restricciones a la libertad de expresión y de prensa; actos de corrupción gubernamental; falta de investigaciones consistentes por violencia contra la mujer y crímenes que involucran violencia por parte de cuerpos de seguridad hacia miembros de la comunidad LGTBIQ.
Corrupción en pandemia
Estado Unidos hizo eco de los reportes de medios investigativos, acerca de compras de alimentos, equipos de protección y otros implementos para combatir la pandemia de la Covid-19, en las que se habría incurrido en inflación de precios, arreglos con compañías vinculadas a funcionarios de gobierno y adquisiciones a compañías sin experiencia previa en la distribución de los productos requeridos.
También se cuestionan los vínculos que el gobierno habría establecido con la pandilla MS-13 para una supuesta reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios, los cuales habrían sido reportados por El Faro. El informe destaca que si bien, existe una investigación abierta desde septiembre pasado, aún no se han anunciado capturas relacionadas con estos señalamientos.
Por otra parte, se subrayan casos como la investigación contra 46 jueces por parte del Órgano Judicial por presuntas faltas en sus funciones, además de los 47 expedientes abiertos en la Sección de Probidad por supuesto enriquecimiento ilícito en funcionarios y exfuncionarios; y los 112 actuales funcionarios públicos que no han presentado su declaración patrimonial de entrada de funciones.
Otros aspectos que Estados Unidos ve con preocupación, es la negativa del ministro de Defensa, René Merino Monroy, a obedecer fallos judiciales para que permita la apertura de archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote, ocurrida a finales de 1981 y perpetrada por elementos militares. Esto, a pesar que la Sala de lo Constitucional negó en octubre pasado un amparo para impedir la investigación ordenada por el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán.
De igual forma se hacen señalamientos a los abusos cometidos a raíz de la orden girada por el gobierno en marzo de 2020, de una cuarentena domiciliaria obligatoria para detener los contagios en el inicio de la pandemia de la Covid-19. En ese sentido, se hace notar las detenciones en contra de personas que, alegadamente, violaban esta cuarentena, aparte de la permanencia de personas enviadas a centros de detención por más de 30 días, a raíz de la entrega tardía de resultados de las pruebas para detectar el coronavirus.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) documentó 22 denuncias de detenciones arbitrarias en 2020, la mayoría de estas relacionadas con la pandemia. En relación a esto, también se reportaron la interposición de 330 recursos de Presentación Personal (Habeas Corpus) a la Sala de lo Constitucional, dos meses después de ordenada la cuarentena domiciliaria obligatoria.
En cuanto al apartado de respeto a la libertad de prensa y de expresión, Estados Unidos resalta las 54 denuncias de restricción al ejercicio periodístico contabilizadas en 2020 por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). El informe apunta que estas restricciones van desde la prohibición de preguntas relacionadas con el manejo de la pandemia, destrucción de material periodístico, acoso contra periodistas independientes y la desacreditación del trabajo de medios de prensa, a cargo de funcionarios del gobierno.
Este es el cuadragésimo quinto informe sobre la situación de derechos humanos a nivel mundial que difunde el Departamento de Estado. Durante su presentación, el secretario de Estado, Anthony Blinken, sostuvo que el respeto a los derechos humanos en todo el mundo, no solo en los países que adversan abiertamente a Estados Unidos, es uno de los pilares en la política de la administración Biden.
Puede consultar el informe completo en inglés en este enlace.