Cuatro días antes de las elecciones legislativas y municipales del próximo domingo en El Salvador, un grupo de 15 congresistas federales estadounidenses, solicitaron por medio de una carta que el gobierno de Joe Biden se pronuncie, ante los temores de violencia política, intimidación y corrupción en nuestro país.
La carta fue enviada por Jimmy Panetta, congresista demócrata por el estado de California y miembro del Comité de Agricultura y Servicios Armados de la Cámara Baja. Además es el hijo de Leon Panetta, secretario de Defensa de la primera gestión del expresidente Barack Obama.
La misma fue enviada al secretario de Estado, Anthony Blinken y recibió el apoyo de otros 14 colegas de la bancada de Panetta, entre ellos el influyente James McGovern, amplio conocedor de la realidad salvadoreña desde hace 25 años.
En la misiva, se mencionan dos hechos paradigmáticos que han disparado las alarmas de un posible retroceso en el respeto a los valores democráticos en el país: La irrupción de militares y policías al Salón Azul de la Asamblea Legislativa el 09 de febrero de 2020 y el asesinato de dos militantes del FMLN, el 31 de enero de 2021.
Panetta considera que el nivel del debate político, a la luz de estos acontecimientos, ha decaído a discutir temas de intolerancia, violencia y corrupción, a la vez que advirtió que “la utilización de la desinformación y la violencia para asegurar poder y legitimidad, deviene en un peligro significativo para las democracias”.
La solicitud al secretario Blinken, es que la administración Biden emita un pronunciamiento previo a las elecciones del 28 de febrero, en el que se anime a desarrollar una jornada electoral pacífica y se reafirme el compromiso estadounidense por contribuir al respeto al Estado de Derecho en El Salvador.
Desde la llegada de Joe Biden a la presidencia estadounidense el 20 de enero pasado, ha habido varios pronunciamientos por parte de congresistas federales de dicho país, para que haya posicionamientos más firmes de parte del gobierno, ante indicios de corrupción y atropellos a la institucionalidad, por parte del gobierno salvadoreño.
Estas cartas han venido por parte del presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Gregory Meeks, así como del miembro del mismo comité, Albio Sires, y la congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, entre otros.
No solamente el Partido Demócrata ha puesto el dedo en el renglón sobre la administración Bukele. Un grupo de seis congresistas republicanos, enviaron a finales de 2020 una carta al gobernante salvadoreño, cuestionando la falta de celeridad en el cumplimiento de sentencias judiciales, así como la intromisión militar en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, y el presunto pacto con la pandilla MS-13, considerada por Estados Unidos como una estructura criminal y terrorista de orden transnacional.
En enero pasado, el presidente Biden anunció un plan a cinco años que desarrollará en El Salvador, Guatemala y Honduras; en el cual se invertirán $4,000 millones y busca tratar de manera más integral las causas de la migración irregular hacia Estados Unidos, además de fortalecer las instituciones que combaten la corrupción en el estamento público.
La región centroamericana está a la espera de las personalidades de la vida política del istmo que estarán incluidas en la “Ley Engel” (en honor al congresista Elion Engel), creada en pasado diciembre, que busca castigar a los políticos señalados de actos de corrupción, con denegaciones de visas y congelamiento de bienes en Estados Unidos.
Diario 1 reproduce la carta enviada por los congresistas demócratas al secretario de Estado, Anthony Blinken, con su respectiva traducción al castellano.
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El honorable Anthony J. Blinken
Secretario de Estado
Departamento de Estado de los Estados Unidos
2201 Calle C Norponiente
Washington, DC, 20520
Estimado Secretario Blinken
Le escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación relacionada con la violencia política, intimidación y corrupción en El Salvador. Este tipo de ataques dañan directamente la república democrática de El Salvador y amenazan indirectamente a las democracias alrededor del mundo. Como una democracia líder, los Estados Unidos deben responder ante tales acciones con una denuncia robusta y una oportuna condena.
Hace más de un año, en febrero de 2020, el presidente salvadoreño Nayib Bukele lideró a soldados armados y a policías hacia el interior de la Asamblea Legislativa de El Salvador, luego que los legisladores no aprobaran un préstamo multimillonario para implementar una fase de propuesta de seguridad interna. Esto fue un claro intento de intimidar y amenazar a la Cámara y a sus representantes. Inclusive, el presidente Bukele amenazó con disolver la Asamblea, cuando su autoridad fue puesta en cuestionamiento.
Al acercarse las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021 en El Salvador, el diálogo político se ha enfrascado en temas de intolerancia, violencia y corrupción. Esas tácticas pudieron haber influido en el ataque contra el principal partido de oposición, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el 31 de enero de 2021. Hombres armados abrieron fuego contra activistas políticos, matando a dos personas y lesionando a otras cinco. El nivel de confrontación no ha disminuido, a pesar de las repercusiones del evento.
Como nuestra nación ha trágicamente atestiguado, la utilización de la desinformación y la violencia para asegurar poder y legitimidad, deviene en un peligro significativo para las democracias. El desencanto desenfocado con las normas democráticas tradicionales, instituciones y procesos, alimentado de propaganda, mentiras y conspiración, es una problemática tendencia mundial.
Creemos que unas relaciones bilaterales fuertes y positivas con nuestros vecinos centroamericanos y suramericanos proveen una gran estabilidad en la región. Aplaudimos su intención de trabajar con nuestros socios en la región en numerosos asuntos que incluyen inmigración, derechos humanos, corrupción y estado de derecho. Sin embargo, no podemos ignorar las tendencias y tácticas violentas en búsqueda de réditos políticos.
El presidente Joe Biden tiene una estrategia muy comprehensiva en cuanto a apoyar iniciativas regionales y acuerdos que directamente hagan progresar nuestros intereses democráticos. No obstante, esto no debe fortalecer de forma inadvertida a individuos o sistemas corruptos y antidemocráticos.
Pedimos respetuosamente que la administración emita un pronunciamiento previo a las elecciones del 28 de febrero para animar a un proceso electoral pacífico, denunciar ataques contra las conquistas democráticas de los Acuerdos de Paz de El Salvador y reafirmar el compromiso de los Estados Unidos de defender los derechos humanos, la paz y la democracia en la región. Debemos continuar basando nuestra relación con El Salvador en progresos sustantivos hacia la democracia constitucional, independencia política, derechos humanos, la erradicación de la violencia y asegurar el respeto al Estado de Derecho. Al proteger estos valores en El Salvador, Estados Unidos puede promover la seguridad, prosperidad y democracia de forma creíble en todas las naciones de la región. Quedamos a espera de su respuesta y de trabajar con la administración para expandir los valores democráticos en El Salvador y el futuro de todas las democracias.
Sinceramente,