Los llamados de Washington, y más concretamente del Capitolio, para fortalecer la lucha contra la corrupción en El Salvador, son cada vez más clamorosos. Este miércoles, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Gregory Meeks (Demócrata por el Estado de Nueva York), aseveró que la lucha contra los delitos de cuello blanco en nuestro país, es un asunto “más importante que nunca”.
“La lucha contra la corrupción en El Salvador es ahora más importante que nunca. Legislar para fortalecer la independencia y el mandato de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador (CICIES) será un paso crucial”, fue la declaración del congresista Meeks, difundida por la cuenta de Twitter del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso.
En el 117° Congreso de los Estados Unidos, Meeks pasó de ser parte del Comité a presidirlo, en sustitución de su colega de partido, Eliot Engel. Meeks y Engel, junto con los también miembros demócratas del Comité, Norma Torres y Albio Sires, han hecho llamados en los últimos meses al gobierno salvadoreño, a que deponga actitudes cuestionables, como el acoso contra los medios de comunicación e irrespeto a la institucionalidad.
Solo el pasado lunes, los congresistas Torres y Sires enviaron una carta al presidente Joe Biden, en la que exponen diversas preocupaciones acerca del rumbo democrático en El Salvador, además de la pasividad que mostró el anterior presidente, Donald Trump, en señalar y contener arbitrariedades del gobierno de Nayib Bukele.
Para los congresistas, la política de tercer país seguro que implementó Trump en El Salvador, Honduras y Guatemala, le dio vía libre a los gobernantes de los tres países para desafiar la institucionalidad, a cambio de acoger migrantes que esperan su proceso de asilo en Estados Unidos, por lo que instaron a Biden a deponer esta actitud.
Además propusieron la designación de embajadores que estén comprometidos con la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos en El Salvador y Honduras.
No solamente el Partido Demócrata ha puesto el dedo en el renglón sobre la administración Bukele. Un grupo de seis congresistas demócratas, enviaron a finales de 2020 una carta al gobernante salvadoreño, cuestionando la falta de celeridad en el cumplimiento de sentencias judiciales, así como la intromisión militar en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, y el presunto pacto con la pandilla MS-13, considerada por Estados Unidos como una estructura criminal y terrorista de orden transnacional.
La propuesta de Meeks de fortalecer el mandato de la CICIES, que actualmente funciona bajo un convenio entre el gobierno de El Salvador y la Organización de los Estados Americanos (OEA), va relacionado con lo que mencionara el pasado lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.
En declaraciones a la prensa, Ponce afirmó que existen conversaciones entre los sistemas legislativos de El Salvador y Estados Unidos, para crear una nueva CICIES que goce de mayor independencia, en similitud con la CICIG de Guatemala, instalada en su momento por Naciones Unidas.
La labor de la actual CICIES ha sido cuestionada, ya que no ha actuado ante los señalamientos de malos manejos que se han hecho desde instituciones del Estado, en el marco de la pandemia de la COVID-19. Su contribución más valiosa fue la información acerca de anomalías que acabaron con los allanamientos ordenados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Ministerio de Salud.
La CICIES, una propuesta insignia de la campaña presidencial de Nayib Bukele, surgió mediante un decreto ejecutivo, a diferencia de la CICIG de Guatemala, que emanó como una ratificación de la Asamblea Legislativa.
Ante la propuesta del congresista Meeks, el Encargado de Negocios de la embajada estadounidense en El Salvador, comentó lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter: “El gobierno de Estados Unidos sigue apoyando a la CICIES en la lucha contra la corrupción y la impunidad en El Salvador. Nos impresionan los éxitos iniciales del trabajo conjunto de CICIES y la FGR, identificando actores corruptos y llevándolos ante la justicia”.
La semana pasada, el presidente Biden anunció un plan a cinco años que desarrollará en El Salvador, Guatemala y Honduras; en el cual se invertirán $4,000 millones y busca tratar de manera más integral las causas de la migración irregular hacia Estados Unidos, además de fortalecer las instituciones que combaten la corrupción en el estamento público.
La región centroamericana está a la espera de las personalidades de la vida política del istmo que estarán incluidas en la “Ley Engel” (en honor al congresista Elion Engel), creada en pasado diciembre, que busca castigar a los políticos señalados de actos de corrupción, con denegaciones de visas y congelamiento de bienes en Estados Unidos.