A siete días de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, los congresistas federales del Partido Demócrata, Norma Torres y Albio Sires, representantes de los estados de California y New Jersey respectivamente, enviaron una carta al presidente, para instarlo a no descuidar la mirada sobre el Triángulo Norte centroamericano, en especial de El Salvador, país en el que ven con especial preocupación algunas acciones promovidas desde el gobierno de Nayib Bukele, que van en contra de los principios de respeto a la institucionalidad y defensa de la democracia que se promueven en Washington.
Torres, quien se desempeña en los comités de Apropiaciones y Normativas del Congreso; y Sires, quien por su parte integra el influyente comité de Relaciones Exteriores, señalaron a Biden en su misiva que su antecesor, Donald Trump, mantuvo una política de hacerse la vista gorda de la sistemática corrupción que campea en El Salvador, Honduras y Guatemala; a cambio que estos países se sujetaran a su política migratoria de acoger migrantes que esperaban un proceso de asilo en Estados Unidos.
Los congresistas, quienes siempre han mostrado sumo interés por Centroamérica, enumeran una serie de preocupaciones acerca del actual entorno institucional de los tres países, entre ellos, afirmar que durante la administración Trump, se relegó la lucha contra la corrupción a un último lugar en la lista de prioridades.
“La Administración Trump fortaleció la mano de actores corruptos en los congresos de Honduras y Guatemala y permitió al presidente Nayib Bukele perseguir a periodistas en El Salvador y desplegar tropas para asaltar la legislatura del país, con pocas o ninguna consecuencia. El enfoque de la Administración Trump también dejó a los valientes defensores de la corrupción en estos países más vulnerables que nunca”, sostienen los congresistas.
No es la primera vez que Torres y Sires envían cartas en las que se pone de manifiesto la tensión institucional que vive El Salvador en los últimos meses. En septiembre pasado, ambos congresistas formaron parte de una comitiva de nueve representantes de la Cámara Baja, y otros dos senadores federales, que firmaron una petición al presidente Bukele, para que respetara la libertad de prensa y el ejercicio de los medios de comunicación.
No solamente el Partido Demócrata ha puesto el dedo en el renglón sobre la administración Bukele. Un grupo de seis congresistas demócratas, enviaron a finales de 2020 una carta al gobernante salvadoreño, cuestionando la falta de celeridad en el cumplimiento de sentencias judiciales, así como la intromisión militar en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, y el presunto pacto con la pandilla MS-13, considerada por Estados Unidos como una estructura criminal y terrorista de orden transnacional.
Durante el mandato de Donald Trump, Bukele no perdía ocasión para destacar que El Salvador era un “socio confiable” de Estados Unidos, y que las subsecuentes prórrogas al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que ampara a alrededor de 200 mil salvadoreños que viven en territorio estadounidense, se debieron a las buenas relaciones con Washington.
Para atajar estas problemáticas, los congresistas sugirieron a Biden una serie de medidas, entre las que se encuentra, designar embajadores comprometidos con la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos en El Salvador y Honduras.
Al respecto, el exembajador estadounidense en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, se caracterizó por adular al gobierno salvadoreño y ocultar a Washington lo que estaba pasando en El Salvador, según analistas políticos, quienes además creen que podía ser sujeto de una investigación por parte del Congreso.
De izquierda a derecha: Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; Presidente de El Salvador, Nayib Bukele; y Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
Torres, una inmigrante guatemalteca y Sires, un refugiado cubano, también hicieron un llamado al presidente Biden, a aplicar la Ley Magnitsky, para sancionar a todos los funcionarios de los gobiernos del Triángulo Norte, señalados por corrupción, a fin que sus intereses en Estados Unidos sean congelados.
Elogio a la cooperación estadounidense en Centroamérica.
Los congresistas demócratas aprovecharon la carta para poner al tanto a Biden de la ayuda que el pueblo estadounidense desplegó a la región centroamericana, la cual fue severamente afectada por fenómenos relacionados con el cambio climático, que provocaron cuantiosas pérdidas económicas y han comprometido las perspectivas de desarrollo a largo plazo de buena parte del istmo.
Ambos destacaron que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), destinó $53 millones para atender los estragos dejados por las tormentas Amanda, Cristobal, Eta e Iota; que golpearon Centroamérica en 2020.
Empero, no negaron que el impacto humano sigue presente en estos países a consecuencia de los huracanes, que se sumaron a los estragos de la pandemia de la COVID-19, la cual golpeó los precarios sistemas de salud del Triángulo Norte, a la vez de traer parálisis económica a dichos países.
En ese sentido, Torres y Sires solicitaron a Biden que los esfuerzos de vigilancia al combate a la corrupción que implemente en el Triángulo Norte, deben ir acompañados de medidas que ayuden a la recuperación de los impactos de los huracanes. Para ello, los congresistas apuntan a medidas de alivio migratorio a los migrantes de los tres países, como la creación de un nuevo TPS, que en el caso de los salvadoreños, podría abarcar a todos aquellos que ingresaron a suelo estadounidense, antes del 1 de enero de 2020.
La semana pasada, el presidente Biden anunció un plan a cinco años que desarrollará en El Salvador, Guatemala y Honduras; el cual busca tratar de manera más integral las causas de la migración irregular hacia Estados Unidos, además de fortalecer las instituciones que combaten la corrupción en el estamento público.
Algunas de las primeras medidas ejecutivas implementadas por Biden, buscan apartarse del legado que dejó Donald Trump. Entre estas se encuentran la suspensión de deportaciones por 100 días, la cual fue bloqueada por un juez federal.
Asimismo, el mandatario afirmó que antes de los primeros 100 días de su gestión, enviaría al Congreso una propuesta de reforma migratoria integral, la que según expertos en política exterior, podría estar expuesta a un largo debate en el Senado, debido a la correlación 51-50 a favor de los demócratas en la actual legislatura.
Diario 1 presenta a continuación el texto integral en inglés y castellano de la carta enviada por Norma Torres y Albio Sires al presidente Joe Biden.
Traducción:
Congreso de los Estados Unidos Washington, DC 20515
25 de enero de 2021
El Honorable Joseph R. Biden Jr.
Presidente la casa blanca
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D.C.20500
Estimado presidente Biden,
Como miembros del Congreso profundamente comprometidos con abordar las causas fundamentales de la migración de Guatemala, Honduras y El Salvador, aplaudimos su plan para construir seguridad y prosperidad en asociación con la gente de Centroamérica. La devastación causada por los huracanes Eta e Iota, agravada por la pandemia de coronavirus en curso, solo ha hecho que la realización de su visión sea más urgente. La asistencia específica de los Estados Unidos será vital para la recuperación y reconstrucción de la región y para reducir los factores de empuje que están impulsando un renovado aumento de la migración irregular. Además, las acciones que tome para responder a estas crisis pueden indicar que bajo su administración, el gobierno de los Estados Unidos priorizará la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos humanos, reconociendo que es de nuestro interés nacional ayudar a los ciudadanos del Triángulo Norte a lograr vidas dignas y oportunidades en sus países de origen.
En noviembre de 2020, los huracanes Eta y lota arrasaron partes de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia. Más de 9 millones de personas se han visto afectadas, y cientos de miles permanecen en refugios de emergencia debido a las inundaciones y la destrucción de viviendas. La Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna estima que al menos 3 millones de personas enfrentan actualmente niveles de inseguridad alimentaria de crisis en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Más de 300.000 salvadoreños ya se vieron empujados a una grave inseguridad alimentaria a principios de año debido a los huracanes Amanda y Cristóbal. Los huracanes destruyeron infraestructura crítica, incluidos $ 10 mil millones en daños solo en Honduras, y golpearon durante la pandemia de coronavirus, que ya había creado una crisis humanitaria que superó la capacidad de los sistemas de salud para brindar una atención adecuada.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha proporcionado aproximadamente $ 53 millones en respuesta a estos huracanes, incluso para apoyar misiones de rescate y proporcionar agua, saneamiento y asistencia alimentaria a Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia. El Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM) y la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo apoyaron 295 misiones, rescataron a 810 ciudadanos, transportaron a 163 trabajadores de rescate y ayuda, y entregaron alrededor de 350,000 libras de alimentos, agua, kits de higiene y otras ayudas para salvar vidas. Creemos que esta asistencia vital ha ayudado a salvar vidas y apreciamos profundamente los incansables esfuerzos de USAID y SOUTHCOM. Aún así, el impacto de estas tormentas requerirá una respuesta integral y sostenida. A corto plazo, se necesitan más servicios de agua y saneamiento y asistencia alimentaria de emergencia. A mediano plazo, se necesitarán fondos para la reconstrucción para reconstruir la infraestructura, apoyar el restablecimiento de los sistemas de salud y restaurar la producción agrícola y ganadera. Su administración también puede ayudar en el proceso de recuperación mediante la emisión de nuevas designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, reconociendo que las condiciones sobre el terreno en los cuatro países cumplen claramente con el estándar legal establecido bajo la INA 8 244 (b) (1) (C) de “condiciones extraordinarias y temporales” que impiden que los nacionales que ya se encuentran en los EE. UU regresen de manera segura.
Estos huracanes consecutivos azotaron durante la ya devastadora pandemia COVID-19, que había agravado las condiciones de pobreza, desigualdad, inseguridad y falta de oportunidades económicas. Casi 60.000 personas en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia han muerto a causa del COVID-19, y la pandemia continúa paralizando la región. Las economías de los países de la región se han contraído significativamente y el aprendizaje a distancia solo ha exacerbado las desigualdades entre los estudiantes. Incluso antes de que azotaran los huracanes Eta e Iota, el Programa Mundial de Alimentos ya advirtió que la pandemia estaba causando un grave riesgo de inanición en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los huracanes obligaron a cientos de miles de personas a refugiarse en refugios superpoblados, lo que socavó aún más los esfuerzos para prevenir la propagación del COVID-19.
Los esfuerzos de recuperación de desastres de Estados Unidos y la asistencia para la respuesta al COVID-19 deben ir de la mano de un compromiso renovado para combatir agresivamente la corrupción en el Triángulo Norte. La estrategia de la Administración Trump era hacer la vista gorda ante la corrupción siempre que los gobiernos de la región cumplieran con sus demandas mal concebidas sobre inmigración. Este fue un trato crudo para el contribuyente estadounidense que ignoró los intereses de la gente de Centroamérica e ignoró los factores de empuje subyacentes que impulsan la migración a los Estados Unidos. Al relegar los esfuerzos anticorrupción al final de la lista de prioridades políticas, la Administración Trump fortaleció la mano de actores corruptos en los congresos de Honduras y Guatemala y permitió al presidente Nayib Bukele perseguir a periodistas en El Salvador y desplegar tropas para asaltar la legislatura del país, con pocas o ninguna consecuencia. El enfoque de la Administración Trump también dejó a los valientes defensores de la corrupción en estos países más vulnerables que nunca.
Como bien saben, la corrupción en el Triángulo Norte debe entenderse como un sistema profundamente arraigado de captura de la élite, que funciona para desviar los recursos del gobierno hacia el avance de los intereses de unos pocos elegidos en lugar de beneficiar al público en general. Creemos que el gobierno de los EE. UU. Debería usar su influencia para trabajar en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, fiscales, ciudadanos promedio y aliados internacionales para desmantelar agresivamente estas redes corruptas.
Estamos dispuestos a trabajar con su administración en apoyo de los esfuerzos de recuperación de la región luego de la destrucción que dejaron los huracanes y la pandemia de COVID-19 y para restablecer la lucha contra la corrupción como una prioridad absoluta. Específicamente, le pedimos que:
- Apoyar a las comunidades centroamericanas afectadas por los huracanes Eta e Iota: organizar de inmediato una respuesta sólida y un esfuerzo de recuperación para apoyar a la región y mejorar su resiliencia ante futuros desastres naturales como consecuencia de los huracanes Eta y lota;
- Asegurar que la asistencia financiera de los Estados Unidos sea efectiva al dirigir los dólares de asistencia a actores no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones multilaterales, no a los gobiernos centrales y utilizando un proceso de planificación inclusivo y participativo;
- Emplear a quienes se encuentran en las regiones devastadas en cualquier esfuerzo de recuperación y crear y brindar capacitación relevante para estos nuevos trabajos;
- Designar a Guatemala para el Estatus de Protección Temporal (TPS) y emitir nuevas designaciones para El Salvador, Honduras y Nicaragua.
- Ampliar los esfuerzos para ayudar a la región en la respuesta y recuperación de COVID-19:
- Trabajar con la Organización Panamericana de la Salud, los grupos de ayuda humanitaria y los trabajadores de salud locales para facilitar el despliegue de las vacunas COVID-19 en la región y ayudar a fortalecer las medidas de salud pública y las estrategias de contención para minimizar la propagación del COVID-19;
Apoyar los sistemas de salud sobrecargados en su intento de abordar las deficiencias en los servicios de salud, incluidos los existentes antes de la pandemia y los exacerbados por ella, y minimizar los impactos secundarios de la pandemia, incluida la salud infantil y materna; Dar prioridad a los programas de asistencia exterior que abordan la inseguridad alimentaria y desnutrición y que buscan llenar los vacíos en la educación de los niños causados por la pandemia, incluso ayudando a ampliar el acceso a Internet a las zonas rurales y pasadas por alto; Dirigirse a programas de reducción de la pobreza y creación de empleo para apoyar a las mujeres, las comunidades indígenas y los afrodescendientes, que se han visto afectados de manera desproporcionada por la pandemia, así como a los jóvenes que pueden ser particularmente vulnerables al reclutamiento de pandillas.
Envíe un mensaje contundente a los gobiernos de la región de que los actores corruptos están al tanto:
- Utilice la Ley Magnitsky y las autoridades delegadas en virtud de la legislación de asignaciones del Congreso aprobada recientemente para sancionar a los funcionarios corruptos; Apoyar a los investigadores y defensores de la lucha contra la corrupción tanto dentro como fuera de gobierno, aprovechando los $ 45 millones que el Congreso asignó para los esfuerzos anticorrupción y el estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador,
- Designar embajadores comprometidos con la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos en El Salvador y Honduras; Colaborar con el Congreso y una amplia gama de actores de la sociedad civil en el desarrollo de la estrategia de cinco años por mandato legislativo para “promover la prosperidad económica, combatir corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y mejorar la seguridad civil “en el Triángulo del Norte;
- Trabajar con los gobiernos en la reforma fiscal, y específicamente para poner fin a la elusión fiscal y la evasión al cerrar las lagunas y los paraísos fiscales;
- Instar a las instituciones financieras internacionales a implementar medidas anticorrupción y mecanismos de supervisión para todos los préstamos y donaciones que apoyan la recuperación económica,
Reconocemos los esfuerzos vitales que ha dirigido en el Senado y como Vicepresidente para abordar las causas fundamentales de la migración desde el Triángulo Norte y tenemos plena confianza en que continuará ese buen trabajo como Presidente.
Nos comprometemos a hacer todo lo posible en el Congreso para ayudarlo a lograr estos objetivos.
Sinceramente,
Albio Sires, Miembro del Congreso
Norma Torres, Miembro del Congreso
CC:
Antony Blinken, Secretario designado del Departamento de Estado
Alejandro Mayorkas, Secretario designado del Departamento de Seguridad Nacional
Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional.