Miguel Ángel Simán, presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), recordó que el ordenamiento constitucional de El Salvador comenzó a romperse cuando el 9 de febrero de este año el presidente Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa con un séquito de soldados y policías como medida de presión para que los diputados aprobaran un préstamo para supuestamente financiar la tercera fase del Plan Control Territorial.
En la celebración del ingreso de Elizabeth de Calderón Sol, viuda del fallecido expresidente Armando Calderón Sol, como miembro honorario de FUSADES, el también empresario señaló que a la crisis del también conocido como 9-F se ha sumado el manejo de la pandemia del coronavirus.
“Un manejo que desencadenó una crisis multidimensional, convertida en crisis económica, de empleo, fiscal, política, legal e institucional, cortejada por una incertidumbre jurídica que solo ahuyenta la inversión y las oportunidades”, comentó.
Criticó, además, “la soberbia, los insultos, las amenazas y el irrespeto” con que las autoridades del Gobierno Central están tratando a los adversarios políticos y a todos los que les critican.
“La sociedad salvadoreña experimenta las peores facetas y expresiones de su propio carácter”, dijo.
Advirtió, además, que en la actualidad la única estrategia del presidente parece ser “gobernar con apariencias, distantes de la realidad, como elemento transversal de toda la política pública”.
A eso sumó “el miedo como vector principal-por medio de mentiras, manipulación, y amenazas- como instrumento de control, sin saber cómo hacer el bien con el poder que la autoridad otorga”.
Finalmente, llamó a “recuperar la sensatez y la razón”, para lo cual son necesarios los salvadoreños de todas las edades y de todos los rincones del país.
El 9-F
Desde el jueves 6 de febrero los diputados y Bukele estaban enfrentados por el préstamo de 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial.
El conflicto inició cuando el Consejo de Ministros invocó el artículo 167 numeral 7 de la Constitución para forzar a los diputados a votar a favor o en contra del préstamo.
Mario Ponce, presidente de la Asamblea, intentó resolver el conflicto convocando a plenaria. Pero falló.
El domingo 9 de febrero un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías, se tomó el Salón Azul de la Asamblea.
Los militares y policías de diferentes divisiones, entre estos de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), también rodearon la sede de la Asamblea.
En ese momento Bukele convocó a los ciudadanos y manejó en su discurso un llamado a la insurrección.
Al día siguiente Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en El Salvador, reprobó la militarización.
“No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa ayer, y me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia”, escribió el embajador en su cuenta de Twitter.
Johnson dijo estar de acuerdo con las voces que están pidiendo un diálogo “pacífico” para resolver las diferencias.
El 16 de febrero diecinueve congresistas de los Estados Unidos calificaron de “intimidación política” la militarización.
“Estos actos de intimidación política deben ser controlados lo más rápido que se pueda”, dice un extracto de la carta que los congresistas Jimmy Panetta, James McGovern, Ilhan Omar, Raúl Grijalva, Mark Pocan, Ted Lieu, Jim Costa, Debbie Mucarsel-Powell, John Garamendi, Suzanne Bonamici, Gilbert Cisneros y David Price mandaron a Mike Pompeo, secretario de Estado del país norteamericano.
“Desgraciadamente este incidente es el último ejemplo de un incremento militar por parte de líderes gubernamentales en Centro y Sur América; esta alarmante tendencia de utilizar a las fuerzas armadas para mostrar poder y legitimar decisiones políticas significa un gran peligro para América Latina porque lleva a la confrontación y pone de manifiesto una desilusión –fuera de lugar- de los procesos tradicionales de las instituciones democráticas”, continúa la carta que los congresistas mandaron al gobierno de Donald Trump.
Los congresistas también pidieron a Trump que condene las acciones de Bukele para que éste se reencauce en el respeto a la independencia de poderes y a la democracia constitucional.
¿Qué es FUSADES?
En la promoción del respeto al Estado de derecho, FUSADES ha sido una de las instituciones nacionales más constantes en sus esfuerzos por hacerlo cumplir, fomentando, a su vez, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Desde su fundación en 1983, FUSADES ha sido pionera en muchos proyectos y programas en el país. Es la primera organización dedicada a ser un centro de pensamiento y desarrollo en El Salvador.
Fue creada por un grupo de profesionales y empresarios independientes, su trabajo se enfoca en proponer y desarrollar soluciones en políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de toda la población, procurando el desarrollo social de la familia salvadoreña y la generación de más y mejores oportunidades para todos.
Durante más de tres décadas, FUSADES ha presentado varios aportes a la sociedad, entre los que se destacan la elaboración de cinco estrategias quinquenales de desarrollo económico y social, de las cuales se han extraído varias propuestas de políticas públicas que distintos gobiernos han adoptado como insumo para desarrollar sus propios programas.