La Comisión Especial de Antejuicio aprobó un dictamen en el que recomendó al pleno de la Asamblea Legislativa desaforar a Mauricio Antonio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC).
El dictamen fue aprobado con cinco votos de Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Velásquez Parker y Mauricio Ernesto Vargas, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Javier Valdez y Yanci Urbina.
Antonio Almendáriz y Guillermo Gallegos, del Partido de Concertación Nacional (PCN) y Gran Alianza por la Unidad (GANA), respectivamente, votaron en contra.
El siguiente paso es la celebración del antejuicio en el pleno de la Asamblea para desaforarlo o que mantenga la inmunidad que le confiere el ser también viceministro de Seguridad.
El diputado del PDC recordó que si es desaforado el Gobierno de Nayib Bukele deberá destituirlo de sus dos cargos, tanto como director de la PNC como de viceministro de Seguridad.
El pleno deberá alcanzar 56 votos para desaforarlo.
El 10 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud de antejuicio contra Arriaza Chicas por presuntamente haber cometido el delito de incumplimiento de deberes.
El director de la PNC se negó a obedecer la orden de los diputados de llevar por apremio, es decir a la fuerza, a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. También se negó a llevar por apremio a Francisco Alabí, ministro de Salud.
Los dos funcionarios fueron convocados para que expliquen la administración de millones y millones de dólares gastados por el Gobierno durante la cuarentena.
Ellos, sin embargo, se excusaron de asistir alegando que tenían otras actividades. Zelaya, por ejemplo, prefirió ir a un evento en Metapán mientras el ministro de Salud estuvo en el cerco sanitario instalado en Chalchuapa, Santa Ana.
A las acusaciones de la Asamblea se suma que Arriaza Chicas tampoco intervino cuando sindicalistas municipales de ASTRAM bloquearon el acceso al relleno sanitario de Nejapa, generando una crisis de insalubridad en San Salvador, esto pese a que la misma FGR emitió una orden funcional para desalojar a los manifestantes.
El 4 de octubre Raúl Melara, fiscal general, advirtió a Arriaza Chicas que el negarse a cumplir las direcciones funcionales de la Fiscalía era un delito: “hará incurrir en responsabilidad penal a todos los involucrados dentro de la PNC”.