El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Compromiso del Triángulo Norte para avanzar en el combate a la corrupción y fortalecimiento de la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
La aprobación recibió los votos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y está incluida dentro de un programa de ayuda económica, en el contexto de la pandemia del Covid-19, para los países del Triángulo Norte.
El objetivo es crear una estrategia para cinco años que deberá ser presentada por el secretario de Estado y el administrador de la USAID.
El apoyo económico para los países del Triángulo Norte ronda los $ 505,925,000. La finalidad es promover la prosperidad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar la seguridad civil en el Triángulo Norte y frenar la migración irregular.
El programa incluye beneficios a menores indocumentados hacia Estados Unidos, programas de salud global humanitaria, desarrollo, democracia, seguridad fronteriza y aplicación de la ley, disminución de violencia contra mujeres y niñas, apoyo a comisiones contra la corrupción e impunidad, procuradores generales y otras entidades para combatir la corrupción.
La ley también propone entregar una lista pública de actores corruptos y antidemocráticos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Las personas que aparezcan en estas listas no podrán ingresar a los Estados Unidos. La lista se renovará cada año.
Para la entrega de fondos el secretario de Estado deberá certificar e informar al Comité de Apropiaciones que tal gobierno combate la corrupción y la impunidad, incluido el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales corruptos.
Además, implementa reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas.
Asimismo, protege los derechos de la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y la independencia de los medios de comunicación.
También proporciona la seguridad y la aplicación de la ley eficaz y responsable para sus ciudadanos respetando el debido proceso legal. Implementa políticas para reducir la pobreza y promueve una economía equitativa, crecimiento y oportunidad. Defiende la independencia del poder judicial y de instituciones electorales, entre otras.