El presidente Nayib Bukele viajó en helicóptero al caserío El Mozote, en Morazán, para prometer que su Gobierno invertirá 1 millón de dólares en mejoramiento de viviendas, construcción de polideportivos y una nueva sede policial, compra de patrullas, pavimentación e instalación de alumbrado público LED en todas las calles del lugar, entre otros.
Aseguró, además, que su administración construirá un centro comunitario geriátrico y un cubo de cristal, reconstruirá la Plaza El Mozote, becará a todos los jóvenes que viven en el caserío e instalará una red wi-fi de banda ancha para que los habitantes puedan usar las computadoras que les entregará.
“Vamos a hacer un municipio ejemplo para Latinoamérica”, afirmó.
Criticó, además, que los presidentes anteriores, desde Álvaro Magaña (interino entre 1982-1984) pasando por José Napoleón Duarte, Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Elías Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, no hicieron nada para resarcir a las víctimas y los sobrevivientes de la masacre que perpetró la Fuerza Armada los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981.
“Me da rabia ver cómo el caso ha sido utilizado para propósitos electorales y ahora vienen e intentan sacarle el ultimo jugo al limoncito”, dijo.
“La guerra fue una farsa. Como los Acuerdos de Paz. Los mancillo porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas. ¿Qué ganó el pueblo? ¿Tuvimos desarrollo social, justicia, inversión en salud? ¿Hubo algo? No. Hubo lo mismo: 29 años pasaron desde la firma de esos documentos. ¿Saben lo que significa paz? Negociaron para ellos”, agregó.
El 24 de septiembre Bukele aseguró que la mayoría de los archivos de la masacre de El Mozote fueron destruidos pero que los pocos que hay los iba a desclasificar para entregarlos no solo a los jueces sino a todos los ciudadanos, es decir, que pretende divulgarlos públicamente.
También dijo que Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, no tiene ninguna jurisdicción sobre la Fuerza Armada, por tanto, no tenía potestad para entrar a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto ni revisar archivos.
Afirmó que trató de evitar que el juez y su personal revisaran archivos actuales relacionados con la seguridad militar y por eso no lo dejó entrar.
Afirmó que si hubiera más archivos él mismo los entregaría porque puede encontrar documentos utilizables políticamente para atacar a sus enemigos políticos de ARENA y de algo que llamó “arenita”.
El 19 de septiembre, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que frenara las inspecciones a seis unidades militares ordenadas por un juzgado de instrucción en el proceso por la masacre de El Mozote.
De acuerdo con la revista, Merino envió al pleno de la CSJ un escrito “para solicitarle a los magistrados que frenen la inspección de archivos militares”, cuyo comienzo se programó precisamente para este lunes 21 de septiembre.
“El titular de Defensa alegó ante los 15 magistrados de la Corte que, como lo han sostenido los defensores de los acusados por la masacre y la Presidencia de la República, la apertura de los archivos militares de hace cuatro décadas podría poner en riesgo la seguridad nacional”, reseña el medio.
Añadió que los jueces del Supremo desecharon la solicitud del jefe castrense, según las fuentes que el medio consultó.