Con 58 votos a favor y diez en contra los diputados acordaron recomendar al presidente Nayib Bukele que destituya a Mauricio Antonio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC), por el papel de presunta complicidad que jugó en la incursión militar perpetrada el 9 de febrero en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa para presionar por la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para supuestamente financiar la tercera fase del Plan Control Territorial.
Esa y siete recomendaciones más están contenidas en un informe que dictaminó la Comisión Especial para Investigar todos los hechos acaecidos antes, durante y después del Golpe de Estado fallido contra la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020.
La primera conclusión advierte que la incursión militar que encabezó Bukele rodeado de docenas de policías y militares armados, entre ellos Arriaza Chicas y Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, implicó una afrenta al sistema democrático de pesos y contrapesos, división de poderes y otros consumándose un “verdadero golpe de Estado” cuando el presidente se sentó en la silla de su homólogo Mario Ponce y la usurpó.
La segunda conclusión señala que el director de la PNC fue clave para que Bukele tomara el control de la Asamblea y para que los diputados se vieran a merced de los antojos del mandatario.
La tercera conclusión dice que antes y después del 9-F el presidente Bukele, a través de sus ministros, manifiesta una actitud hostil contra los diputados ordenándoles a negarse a atender las convocatorias que ellos les hacen y presionando presupuestaria y financieramente a la Asamblea Legislativa.
El informe, además, será enviado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los delitos que Bukele, Merino Monroy, Arriaza Chicas, Carlos Alberto Tejada Murcia, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; y Manuel Antonio Acevedo López, jefe del Estado Mayor Presidencial, por los delitos que pudieron cometer al invadir el Salón Azul de la Asamblea.
Los diputados también decidieron que el informe será enviado a todos los representantes diplomáticos acreditados en El Salvador, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Congreso y Senado de los Estados Unidos y al Parlamento Europeo.
Pedirán, asimismo, a la Organización de los Estados Americanos que considere solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para que analice aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
El artículo 20 de la Carta Democrática establece que en caso que dentro de un Estado miembro de la OEA se produzca una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden” puede cualquier Estado miembro pedir la convocatoria del Consejo Permanente para que analice la situación y, según sea el caso, impulsar gestiones diplomáticas para la normalización de la situación del país afectado.
En el informe los diputados también concluyen que Arriaza Chicas ha actuado, no solo contra la institucionalidad el 9-F, sino también contra los derechos humanos de los ciudadanos cuando encarceló con la excusa de la cuarentena domiciliaria ordenada por el Gobierno de Bukele, ha impulsado a los mandos medios de la PNC a incumplir la ley, ha ignorado órdenes de la Fiscalía General y fue cómplice -por omisión- de privaciones de libertad de magistrados, periodistas y militantes de otros partidos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Las actuaciones del director de la PNC, según los diputados, implican una alarma para la vida democrática de El Salvador porque son recurrentes y no pueden ser ignoradas.
Guillermo Gallegos, diputado de Gran Alianza por la Unidad (GANA), rechazó el informe, aseguró que las conclusiones son asuntos “meramente políticos”, que nunca nadie lo invitó a un golpe de Estado y que la convocatoria del 9 de febrero a la que llegó Bukele fue válida hasta que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la declaró ilegal. “Me dan risa las conclusiones”, agregó.
Advirtió, asimismo, que la Asamblea excede sus competencias recomendando a Bukele la destitución del director de la PNC. “Cometen un abuso”, afirmó.
Mauricio Ernesto Vargas, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), criticó que Arriaza Chicas y Merino Monroy están provocando que los ciudadanos desconfíen de las instituciones de seguridad pública porque las están politizando. “Ustedes son funcionarios del Estado y no mayordomos de una persona”, expresó.
“Bukele se refugia en las instituciones de seguridad y ha irrespetado el Estado de derecho, la Constitución y las leyes. Representa 50 años de retrocesos”, comentó.
Nidia Díaz, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recordó que después de la invasión militar del 9-F su partido presentó una denuncia en la Fiscalía contra Bukele y Walter Araujo, candidato a diputado por Nuevas Ideas, porque presuntamente cometieron el delito de sedición. “Bukele se sentó en la silla y dijo al pleno ‘hoy van a saber quién manda’, instrumentalizó a la Fuerza Armada, la seguridad pública y lo sigue haciendo y eso es muy grave”, dijo.
Señaló también que en la incursión militar participaron algunos diputados y sus asesores. Los calificó como cómplices.