Distintas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron la noche de este martes ante el bloqueo realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) a los fiscales que se encuentran allanando el Ministerio de Salud por posibles actos de corrupción en compras de insumos durante la pandemia del Covid-19.
Las organizaciones indicaron que la PNC, según la Constitución de la República, debe colaborar en las investigaciones de delitos bajo la dirección de la FGR. “Pero este día, por el contrario, agentes policiales utilizaron la fuerza para intimidar a los fiscales y obstaculizarles en la ejecución del allanamiento en esas oficinas públicas”, dice el comunicado firmado por organizaciones como Fusades, Funde, Acción Ciudadana, Anep y otras.
Para estas organizaciones, las irregularidades en compras realizadas durante la pandemia del Covid-19 “exigían que las autoridades competentes ejercieran sus funciones de investigación”.
Agregaron que las prácticas antidemocráticas del actual gobierno es parte de “un camino autoritario que inició con el intento del golpe de Estado del 9-F”, cuando militares y policías se tomaron la Asamblea Legislativa.
“Con estas acciones las autoridades y agentes de la PNC, además de cometer delitos y demostrar un activo interés es impedir la lucha contra la corrupción, han incumplido la sentencia 6-2020 de la Sala de lo Constitucional que ordenó al director general de la PNC y a toda la corporación no ejercer funciones ni actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados”.
Las organizaciones llamaron pidieron a la Sala de lo Constitucional que de manera oficiosa certifique a la PNC el incumplimiento a su sentencia “para que se deduzcan responsabilidades al más alto nivel”.
“Pedimos a los países de la comunidad internacional que comparten los valores democráticos denunciar públicamente y por las vías diplomáticas las prácticas del gobierno de El Salvador que amenazan a la democracia y la lucha contra la corrupción”, concluye el comunicado.
Agentes de la División de Servicios Privados de Seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) retuvieron la tarde de este martes las armas de los fiscales que realizan un allanamiento en el Ministerio de Salud. Les pidieron las licencias y los desarmaron.
Tras el incidente entre fiscales y policías, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), German Arriaza, llegó a las instalaciones del ministerio y dos agentes policiales intentaron obstruir su ingreso.
Arriaza informó que en el allanamiento hay 85 fiscales trabajando en la búsqueda de documentos relacionados a supuestas irregularidades en las compras de insumos médicos por la emergencia del Covid-19.
Además, dijo que evaluarán si la PNC incurrió en algún delito al desarmar a los fiscales que se encuentran en el allanamiento.
“A pesar de cualquier obstáculo, la FGR continuará cumpliendo con lo que nos manda la Constitución de la República: defender los Intereses de la sociedad, los derechos de los ciudadanos y dirigir la investigación del delito”, escribió en su Twitter el fiscal general, Raúl Melara.