La Asamblea Legislativa, a través de la comisión especial que se encarga de investigar las acciones del Ejecutivo en el manejo de la pandemia por Covid-19, informó que la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, deberá ser llevada por la Policía Nacional Civil (PNC) ante dicha comisión.
La convocatoria por apremio obedece a que la ministra Hill Tinoco no asistió a ninguna de las tres solicitudes que la comisión especial le hizo para que informara sobre la atención y plan de retorno para los miles de salvadoreños que quedaron varados en varios países desde el inicio de la emergencia por coronavirus.
Según el presidente de la comisión, Emilio Corea, la ministra se excusó por escrito el día 5, 18 y ayer 23 de noviembre. En las misivas, la ministra expresó que tenía compromisos previamente establecidos y, en la justificación de ayer aseguró, por medio de la viceministra Patricia Leonor, que se encuentra en misión oficial .
Según el diputado Corea, se ha aplicado el artículo 132 de la Constitución el cual dicta que “todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de Instituciones Oficiales Autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa; y la comparecencia y declaración de aquellos así como las de cualquier otra persona, requeridas por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial”.
Asimismo, la comisión confirmó que se le dará instrucciones al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, para que lleve con apremio a la ministra Hill Tinoco el próximo lunes 7 de diciembre.
Alexandra Hill Tinoco es la tercera funcionaria de gobierno que desobedece a los llamados de la Asamblea Legislativa para que brinde información detallada sobre las acciones realizadas en el marco de la pandemia.
En octubre pasado, los diputados de la comisión especial solicitaron al director de la PNC que llevara al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, luego de que éste se negara a asistir a brindar un informe detallado sobre los gastos de los $3 mil millones de deuda aprobada para la emergencia por Covid-19.
Asimismo, el ministro de Salud, Francisco Alabí, también fue convocado por apremio en octubre para que aclarara los gastos y contratos que se había otorgado en el marco de la pandemia.
En ambas solicitudes, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, se negó a cumplir las órdenes, motivo por el cual los diputados de la comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa aprobaron la creación de una comisión de antejuicio que podría desembocar en el desafuero del también viceministro de seguridad por el delito de incumplimiento de deberes.