Diputados de diferentes partidos y otras instituciones reaccionaron ante los hechos ocurridos ayer entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) en el marco del allanamiento de distintas instituciones de gobierno por la investigación sobre supuestas irregularidades en las compras de insumos médicos por la emergencia del Covid-19.
Cristina Cornejo, diputada por el FMLN, lamentó los sucesos pues “en la historia de la PNC, desde los Acuerdos de Paz, es la primera vez que sucede algo así”.
Por otro lado, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, acusó a la PNC de estar instrumentalizada para instalar una “verdadera tiranía” al obstruir las investigaciones y “encubrir la corrupción del gobierno”.
Asimismo, el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar, afirmó que “esa disputa no abona a la dinámica del funcionamiento entre dos instituciones que deben trabajar de manera coordinada en la investigación de los delitos”, y agregó que “el ordenamiento jurídico (salvadoreño) prevé que entre la FGR y la PNC debe haber una comunicación interinstitucional fluida, eficaz y acertada para llevar a cabo los procesos investigativos”.
En un comunicado conjunto, instituciones como Acción Ciudadana, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) expresaron de manera tajante que “la PNC amenaza la democracia e impide la lucha contra la corrupción”.
Las distintas entidades aseguraron que las autoridades de la PNC cometieron delitos e incumplieron la sentencia 6-2020 de la Sala de lo Constitucional, la cual ordenaba al director de la institución policial y a sus miembros a no ejercer funciones ni actividades distintas a las que constitucionalmente están obligados.
Por su parte el fiscal general, Raúl Melara, declaró en una entrevista televisiva que no permitirá que la FGR se politice y que “vamos a procesar a quien sea, caiga quien caiga”, sentenció.
Los sucesos ocurrieron la noche del martes, cuando agentes de la División de Servicios Privados de Seguridad de la PNC y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) obstaculizaron el ingreso de miembros de la fiscalía a las instalaciones del Ministerio de Salud.
En el incidente, los agentes policiales retuvieron las armas de los fiscales y les solicitaron las licencias de las mismas así como también intentaron obstaculizar el ingreso del director de la Unidad Anticorrupción de la FGR, German Arriaza.