Margarita Escobar, diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) pidió que sean enviadas a prisión todas las personas que obstaculicen la recolección de la basura así como también los que obstruyan su disposición final en los botaderos.
“Estas políticas más arcaicas y más viejas que pretenden dañar a un funcionario por el simple hecho que ellos quieren ocupar su lugar, no pueden ser admitidas ni toleradas como es el caso del municipio de San Salvador”, dijo durante la celebración de la sesión plenaria.
“¿Qué clase de políticos son ustedes que creen que dañando a la gente los va elegir? ¿Qué clase de políticos son? No tienen corazón”, criticó.
Recordó, además, que mientras San Salvador permaneció inundado de basura debido al bloqueo del acceso al botadero de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) en Nejapa, la ciudad corrió el riesgo de llenarse de moscas, ratas, serpientes, perros y otros animales que pudieron ser atraídos por los desechos así como también pudieron provocar criaderos de zancudos con las consiguientes enfermedades como fiebre, malaria, chikunguña y otros.
Los promontorios de basura, asimismo, pudieron contaminar fuentes de agua y desmotivar la moral de los ciudadanos que se sienten incómodos ante la vista de los promontorios.
“Lo que han hecho es un delito de la más arcaica y podrida y vieja práctica electoral (…) les exigimos parar este tipo de políticas electorales que dañan a la gente”, señaló.
En sesión plenaria la también exviceministra de Relaciones Exteriores entre los años 2004-2009 recordó que ese tipo de prácticas son delitos contra la salud, la vida y el medio ambiente.
Los artículos 255, 256 y 257 del Código Penal establecen que el provoque o contamine de manera directa con emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en la atmósfera, aguas terrestres o superficiales, suelo y otros que pongan en grave peligro la salud, la vida de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos será sancionado con entre cuatro a ocho años de cárcel.
La pena aumentará, de seis a diez años de cárcel, cuando la persona o empresa responsable funcionase sin permisos ambientales.
Anteriormente el alcalde Ernesto Muyshondt ha acusado a Rolando Castro, ministro de Trabajo, de estar detrás de las protestas de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) y del bloqueo de la recolección de la basura en la capital.
La Alcaldía publicó hace un mes un comunicado en el que dijo ser víctima de un bloqueo sistemático que inició con el retraso en los pagos del FODES que corresponde al Ministerio de Hacienda así como también un supuesto bloqueo para que su administración pueda comprar créditos a la banca privada.
Señaló, además, que la alcaldía enfrenta la caída de las tasas municipales debido a los meses de la cuarentena para frenar la propagación del coronavirus.