La Corte de Cuentas de la República (CCR) pidió al cuerpo diplomático acreditado en el país y a la comunidad internacional en general a «vigilar» el respeto a la independencia de las instituciones del Estado.
La solicitud de la Corte de Cuentas surge luego que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pidiera a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación contra el magistrado presidente del ente contralor, Roberto Anzora, por revelar información reservada de supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
«En este contexto, solicitamos al cuerpo diplomático acreditado en el país y a la comunidad internacional en general a que se mantengan vigilantes de estos actos que violentan la independencia de las instituciones y socavan la democracia y el Estado de Derecho», señaló la Corte de Cuentas en un comunicado emitido en sus redes sociales.
La Corte de Cuentas también solicitó a las organizaciones Internacional, Latinoamericana y del Caribe, y Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores «tomar nota de la situación que se está generando en El Salvador».
«La actual administración está comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas, la prevención y el combate a la corrupción; principios que deben de regir a todos los funcionarios de la administración pública», añadió.
El detonante
El pasado viernes, el ministro de Hacienda denunció al titular de la CCR porque, a su criterio, violó el Código de Ética, el Reglamento de Auditoría de la institución y el Código Penal al señalar que el Gobierno tenía los recursos suficientes para saldar una deuda de más de cinco meses con las alcaldías y no retrasar en septiembre el salario de los empleados de la Asamblea Legislativa.
Zelaya aseguró que es «mentira» que la cartera de Hacienda tuviera ese dinero para pagar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), que debe ser equivalente al 10 % de los ingresos que tenga el Gobierno.
El pasado 12 de noviembre, representantes del Ministerio Público indicaron que la Unidad Anticorrupción abrió 17 investigaciones penales solo contra el Ministerio de Salud, por lo que fueron registradas sus oficinas por el uso de dinero para comprar insumos para enfrentar la pandemia de la covid-19.
Poca transparencia
Esta no es la primera vez que el gobierno arremete contra la Corte de Cuentas. A finales de mayo pasado un informe del ente contralor señaló que el gobierno de Nayib Bukele estaba poniendo trabas y retrasando información sobre el uso de varios millones de dólares durante la pandemia del Covid-19.
El informe, titulado Plan de Fiscalización de los Recursos Utilizados en el Marco de la Emergencia Nacional por la Pandemia Covid-19, enviado por la Corte de Cuentas a la Asamblea Legislativa, estaba clasificado en siete puntos.
El primero abordaba todo lo referente a la construcción del Hospital del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), el cual, según el presidente Bukele, sería “el más grande de Latinoamérica”.
En este proyecto los auditores de cuentas se toparon con que los Ministerios de Obras Públicas y el de Salud —los encargados de construir y equipar el Hospital CIFCO—, solo les entregaron información básica sobre los montos en ejecución.
El gobierno aseguró que el Hospital CIFCO costaría 70 millones de dólares y estaba previsto para ser construido en 75 días. Pero hasta ahora no hay nada claro.
En el proyecto no había mayor claridad sobre los gastos y, de manera repentina, sustituyeron al funcionario de gobierno que debía facilitar información a los auditores de cuentas.
La construcción del “mega hospital” se caracterizó por la opacidad. En el informe los auditores se refieren así a la información que el Ministerio de Salud (MINSAL) debió entregar: “Falta de entrega o demora en proporcionar información para efectos de examen, a pesar de haber nombrado al señor ministro de salud (Francisco Alabi) enlace con el equipo de auditores y de las gestiones para su obtención”.
Es decir: de muy poco ha servido haber nombrado en un primer momento a Alabi para facilitar la entrega de información porque de todas maneras se ha demorado.
En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT, la Corte de Cuentas decía que “la falta de entrega de información de manera expedita ha generado limitantes en los procedimientos para realizar el examen para que, tanto los auditores como los técnicos operativos, tengan conocimiento sobre los aspectos auditados”.
Hay otros casos en los que Corte de Cuentas se ha manifestado por falta de colaboración del gobierno a la hora de auditar gastos.
¿Qué es la Corte de Cuentas?
La Corte de Cuentas de la República es un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, que tiene a su cargo la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular.
Es el principal ente contralor con atribuciones determinadas por la Constitución de la República y «cuyo funcionamiento, jurisdicción, competencia y régimen administrativo los regula una ley especial que rige su actuación».
En todo Estado democrático debe haber un organismo independiente fiscalizador porque los fondos públicos es dinero que le pertenece al pueblo, pues provienen de sus impuestos. Por ello se tiene que garantizar que los gobernantes de turno los usen correctamente.