La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente un amparo del ministro de Defensa, René Merino Monroy, por resolución del juez de Instrucción de San Francisco Gotera que ordenó inspección de archivos militares en proceso «Masacre el Mozote».
“No se observa el perjuicio que el acto impugnado habría ocasionado en la esfera jurídica de la Fuerza Armada como institución y –por otra– los argumentos expuestos por el citado Ministro, más que evidenciar una supuesta transgresión de derechos constitucionales, se reducen a plantear un asunto de mera legalidad y de simple inconformidad con el contenido de la actuación reclamada”, dice la resolución de la Sala.
El el amparo, el ministro Monroy señala que la Fuerza Armada no ha sido parte en el proceso penal de la Masacre del Mozote y, por lo tanto, “no ha tenido la oportunidad de exponer su postura sobre ese caso”.
Sin embargo, la Sala indica que “no se observa de qué manera el hecho de la que la Fuerza Armada no tenga la calidad de parte en dicho proceso penal haya podido causar un agravio de trascendencia constitucional en la esfera jurídica de esa institución”.
Monroy también alega que los archivos sobre los cuales se realizará la inspección contienen información de planes militares secretos, y por ende no pueden ser de conocimiento de los otros órganos de Estado.
Sobre ese punto, la Sala advierte la inspección ordenada por el juez sobre ciertos archivos de la Fuerza Armada no tiene por finalidad la investigación de los “planes militares secretos”, sino únicamente los que ayuden a indagar sobre las responsabilidades de los integrantes de la Fuerza Armada en la época que ocurrió la masacre.
“En conclusión, no se observa que la actuación impugnada cause un agravio en la esfera jurídica de la Fuerza Armada, pues, pese a que se alega que los archivos sobre los cuales se realizará la inspección constituyen información de planes militares secretos, se debe tener en cuenta que en el referido proceso penal se están investigando hechos sucedidos en 1981 en la relacionada masacre, y por lo tanto serán documentos de esa época los que se examinarán por el juez, por lo que dicho argumento no puede ser impedimento para que tanto los sobrevivientes de esa masacre, los familiares de las personas asesinadas en ese operativo militar, y la sociedad en general, conozcan la verdad de los hechos acontecidos en esa época”, sentencia la Sala.
Este lunes la Fuerza Armada volvió a impedir el acceso a los archivos militares de esa época al juez del caso.
El pasado 24 de septiembre, el presidente Nayib Bukele aseguró en cadena nacional que la mayoría de los archivos de la masacre de El Mozote y lugares aledaños fueron destruidos pero que los pocos que había los desclasificará para entregarlos no solo a los jueces sino a todos los ciudadanos, es decir, que pretende divulgarlos públicamente.
“Nosotros vamos a desclasificarlos voluntariamente y si llegásemos a encontrar otro documento, he pedido a la Fuerza Armada que me lo manden para desclasificarlo y hacerlo del conocimiento público”, dijo en cadena nacional.
Aseguró, además, que Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, no tiene ninguna jurisdicción sobre la Fuerza Armada, por tanto, no tenía potestad para entrar a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto ni revisar archivos.
También dijo que trató de evitar que el juez y su personal revisaran archivos actuales relacionados con la seguridad militar y por eso no lo dejó entrar.
Afirmó que si hubiera más archivos él mismo los entregaría porque puede encontrar documentos utilizables políticamente para atacar a sus enemigos políticos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y de algo que llamó “arenita”.
“La mayoría de archivos fueron destruidos, no lo sabemos cuándo, quizá después de la masacre, cuando llegó Duarte al poder, cuando entró ARENA”, expresó.